Humala bajo sospecha

El Mundo.es

La perturbadora evidencia de que el gobierno del Presidente Humala espía a sus críticos mediante operaciones coordinadas por la Dirección Nacional de Inteligencia y usando a agentes de la policía arroja una sombra sobre quien juró respetar el Estado de Derecho. Esperemos que las revelaciones basten para detener esa práctica
y que ella no sea, como piensan muchos, la punta del icerbeg de una
operación reeleccionista por la vía de su esposa. Pero ahora el peso de
la prueba lo tiene el gobierno.

Un vídeo que muestra a agentes encubiertos haciendo un seguimiento
(lo que se conoce en el Perú, dependiendo de la intención última, como
un OVISE o un "reglaje") a dos ex ministros y un ex viceministro del
gobierno democrático de 2001-2006 ha corroborado denuncias anteriores.
La versión oficial -que se trataba de una operación contra
narcotraficantes- ha quedado desvirtuada: la única de las agentes cuya
identidad se ha conocido no pertenece a la unidad policial
antinarcóticos sino a una de asuntos políticos. Del
mismo modo que los desmentidos de tres ministros sobre las denuncias de
espionaje a políticos y periodistas quedaron en ridículo con la
aparición del vídeo y las explicaciones de la policía, trufadas de contradicciones.

La sospecha no es que estos ministros ordenaron cometer este delito,
sino que, pretendiendo proteger a Humala, mintieron sin saber lo que
pasaba. ¿Qué pasaba? Quizá una coordinación secreta entre estamentos
subordinados a ellos y los asesores del Presidente. Especialmente un
coronel, Adrián Villafuerte, colaborador de Humala en el Palacio de
Gobierno y ex brazo derecho de un general enfeudado a Vladimiro
Montesinos, el otrora Rasputín de Fujimori, que acabó preso.

La fragilidad institucional del Perú ha hecho imposible que Villafuerte sea investigado o rinda cuentas.
Además, la bancada oficialista, con apoyo de la del ex Presidente
Alejandro Toledo, hoy en situación vulnerable por sospechas de
corrupción, ha evitado una investigación seria. El sistema
jurisdiccional ha asumido un papel simbólico y la contraloría, que ha
tenido acceso a las cuentas de la Dirección Nacional de Inteligencia,
cuyo presupuesto ha aumentado en más de 700 por ciento para gastos
reservados, colocándolos en el mismo nivel que tenían en tiempos de la
dictadura de Fujimori, apoya al gobierno.

Todo esto, en un país con la memoria fresca de los años 90', ha
abonado un terreno fértil: el de las sospechas de que el Presidente y su
esposa preparan una reelección ilegal mediante la candidatura de Nadine Heredia en 2016
(un informe del Citibank enviado a clientes de la entidad que daba por
seguro este escenario y que acabó filtrándose muestra lo extendido de
esta percepción). El riesgo que tomaban ambos con la decisión de
mantener la ambigüedad sobre esta posible candidatura ilegal (acaso por
coquetería y acaso para mantener la lealtad de sus huestes) era que al
menor indicio las sospechas cobrarían una fuerza desestabilizadora. La
genio, ahora, ha escapado de la botella.

Es probable que las pruebas de espionaje sigan apareciendo:
otros políticos, incluyendo dos que apoyaban al gobierno, dicen haber
sido objeto de seguimiento. En cualquier caso, el vídeo se suma a una
letanía de malas prácticas: el uso de fondos públicos para actos de
proselitismo de la Primera Dama; un aumento del asistencialismo; la
revelación de que se lanzará un nuevo canal de televisión estatal
dedicado a dar noticias las 24 horas del día; el tono muy agresivo del
mandatario contra todos críticos; y la estrecha cercanía con regímenes
de Unasur necesarios para dar cobertura regional a una eventual
operación reeleccionista. 

No sabemos aún si esto responde a una estrategia reeleccionista o a
un mal de altura. Yo sigo creyendo que a lo segundo. Pero la actuación
de la pareja presidencial ha dado pie a legítimas sospechas.
Tan generalizadas, que ya no hay acto o palabra oficial que no sea
interpretado de ese modo. Ello afea la vida política, ensucia a la
democracia y está erosionando la popularidad del gobierno
aceleradamente.