¿Estocada final a la libertad de prensa en Ecuador?

Editorial –

El Colombiano, Medellín

En todos los países y en todas las épocas la relación entre la prensa y
los poderes públicos y privados se ve sometida a permanentes conflictos.
Y es natural que así sea. La prensa, en su condición de perro guardián
de la democracia, y con el fin de mantener informada a la ciudadanía
sobre lo que la afecta y es de su interés, busca develar lo que
funcionarios y poderosos no tienen interés en que se conozca.

Pero
una cosa es que la convivencia entre medios y poderes no sea muy
pacífica y otra, muy distinta, es que los gobernantes hagan uso del
poder de manera desmedida, ilegítima o arbitraria para limitar o
cercenar los fundamentales derechos a la expresión, información y
prensa.

Pues bien, esto es lo que viene sucediendo en Ecuador.
Desde hace varios años el Presidente Correa acude a medidas de toda
índole para silenciar aquella prensa que considera de la oposición. Su
margen de tolerancia frente a la crítica y a la información que no le
favorecen es nula. En sus intervenciones públicas no desaprovecha
oportunidad para insultar y descalificar periodistas y medios. Rompe
periódicos e invita a los ciudadanos a que no los lean. Tacha a
directores de medios, periodistas, y directivos de organizaciones
civiles que trabajan en la defensa de la libertad de expresión, de
corruptos, mentirosos, cobardes, sicópatas, tontos, ignorantes y otros
epítetos impropios de un gobernante. Promueve y apoya leyes que limitan
la libertad e independencia de los medios. Utiliza medidas
administrativas de carácter fiscal o laboral para presionar a medios y
periodistas. Presiona a la empresa privada para que no paute en los
medios objetivos y críticos. Demanda a unos y otros por vías penales y
civiles. Baste recordar que en febrero de 2012 la Corte Nacional de
Justicia, en sentencia que resolvió la demanda interpuesta por el
Presidente Rafael Correa, confirmó la condena al pago de cuarenta
millones de dólares contra el periódico El Universo y sus directivos y
la condena a tres años de prisión contra los directivos y el periodista Emilio Palacio por las opiniones contenidas en su columna publicada en El Universo el 6 de febrero de 2011.

Y
si bien el Presidente Correa, en lo que mostró como un acto magnánimo
pero que en realidad obedeció al rechazo de las medidas judiciales por
medios y organizaciones del mundo entero, solicitó la remisión
(anulación) de estas condenas y de las impuestas a los periodistas
Calderón y Zurita, autores del libro "El Gran Hermano", ha incrementado
sus actuaciones contra el periodismo libre e independiente en Ecuador,
lo que ha generado un ambiente de temor y autocensura en la prensa
ecuatoriana.

En lo que podría considerarse como la estocada final
a la libertad de prensa en Ecuador, está a punto de ser aprobada por la
Asamblea General de Diputados del país vecino la Ley Orgánica de
Comunicaciones, la cual, debido a los excesivos controles y limitaciones
que impone a los medios y al periodismo ha sido denominada "ley
mordaza".

El proyecto que se tramita, y que ha sido respaldado
por el Presidente Correa, desconoce los estándares mínimos que para
garantizar el derecho fundamental a la libertad de expresión,
información y prensa, se encuentran consagrados en la Constitución de
Ecuador y en los tratados internacionales aplicables en el país vecino.

Las
normas propuestas convierten lo que hasta hoy ha sido el ejercicio de
un derecho fundamental, la información, en un servicio público sometido
al control y vigilancia del Estado a través del Poder Ejecutivo. Abre la
puerta para intervenir contenidos, establece un régimen de sanciones y
responsabilidades que podrían poner en riesgo la subsistencia de los
medios, y estimula la concentración de los medios públicos en desmedro
de los medios privados.

Como si lo anterior fuera poco, se afirma
que por iniciativa del gobierno ecuatoriano se adicionarían nuevas
normas tendientes a crear la Superintendencia de Comunicaciones que
facultaría la intervención en las actividades y funcionamiento de los
medios y a tipificar como delito el "linchamiento mediático" en virtud
del cual los procesos de investigación periodística, especialmente los
relacionados con denuncias de actos de corrupción, se volverían
imposibles.

La aprobación de esta nueva ley no solo afectaría la
prensa ecuatoriana, sino que se constituiría en un duro golpe para la
libertad de expresión, información y prensa en el mundo entero.