El caso Irán-Argentina

El gobierno argentino acaba de
firmar un infame y bochornoso acuerdo -más precisamente un peculiar tratado- de
nueve oscuros puntos con el estado policial de Irán por el que se traslada
parte del proceso judicial a Teherán bajo la grotesca y patética argumentación
que es “para esclarecer” los atentados terroristas perpetrados en Buenos Aires
instigados por sospechosos iraníes contra la AMIA y la Embajada de Israel.
La tiranía iraní está además en
dificultades por la inflación del 110% anual que padece y por las trifulcas
entre líneas internas de bandoleros que apuntan a un posible juicio político
contra Mahamoud Ahamadimejad, no por sus permanentes atropellos al derecho,
tanto en el orden interno y como en el externo, sino por no haber sido
suficientemente dúctil a las órdenes criminales emanadas de sus fanáticos
jefes.
Los gobernantes de Irán, negadores
del Holocausto y que propician el extermino del estado de Israel, reiteran que
el acuerdo de marras “significará estrechar nuevos lazos con Argentina” lo cual
permite conjeturar toda clase de arreglos clandestinos tal como viene
ocurriendo en Cuba, Venezuela y Ecuador. Entre otras muchas cosas, con este inaudito
acuerdo se pretenden suplir las barrabasadas del gobierno argentino en materia
energética.
Esto es lo que suele ocurrir con los
aparatos estatales que alardean de patroterismo en el contexto del uso y abuso
de la noción de soberanía. Tal como lo ha puesto de manifiesto Bertrand de
Jouvenel en su tratado sobre los estados modernos, la soberanía corresponde
exclusivamente al individuo. Constituye un resabio de la monarquía absoluta
aplicar este concepto a los gobiernos y más recientemente en la Argentina a la
atrabiliaria idea de la “soberanía energética” (una política estatista que
conduce a energía más cara y más escasa) y la “soberanía monetaria” (una
política que destroza el signo monetario local). Tampoco es pertinente aludir a
la “soberanía territorial” sino más bien a la jurisdicción territorial. En el
caso que nos ocupa, el gobierno argentino a renunciado a la llamada “soberanía
judicial”, más propiamente a la jurisdicción de la justicia argentina al
permitir la intervención de “jueces” iraníes, además con la constitucionalmente
inadmisible intromisión del Poder Ejecutivo en el ámbito del Poder Judicial al
violar de modo fragrante el principio del juez natural.
Este caso gravísimo que comenzó con
la complicidad del gobierno argentino de los noventa, el actual ahora se asocia
con los sospechosos de los horrendos atentados criminales mencionados en esta
nota, en un cuadro de situación en el que ex terroristas de los años setenta
ocupan cargos relevantes en la presente administración…y todo esto en nombre de
los “derechos humanos”.
Esta decisión aberrante de los
gobernantes argentinos del momento, originalmente se pretendió basar en el caso de Lockerbie alegando que el juicio a
los responsables libios se llevó a cabo en un tercer país, situación aquella
completamente distinta ya que la voladura del avión de Pan-Am fue sobre
territorio escosés, de ahí que fueron jueces escoceses los designados para
juzgar, no por tratarse de un tercer país. Luego, bajo los auspicios de las
Naciones Unidas, se decidió el juicio en Holanda y debido a las razones
apuntadas bajo el sistema legal de Escocia y con magistrados escoceses. Pues
bien, finalmente los funcionarios argentinos abandonaron la idea del tercer
país para ir a la boca del lobo.
Las nuevas políticas de los
gobiernos de Estados Unidos y Alemania se ubican en un plano completamente
distinto al caso argentino. Se trata de evitar la inaceptable figura de la
“invasión preventiva” a la que se recurrió en la fantochada de Irak (y véase
los últimos fiascos en Egipto-Libia, donde la “primavera árabe” se convirtió en
un caótico y crudo “invierno árabe”). Se trata de recurrir a políticas
disuasivas de diverso tenor al efecto de mitigar el peligro de las armas
nucleares en poder de un aparato terrorista como el de Irán. Es de gran
relevancia recordar los peligros de las intervenciones militares puntualizados
por los sabios Padres Fundadores, incluyendo al general Washington quien,
siendo Presidente, en 1795, extendió su preocupación y consejo para el futuro
en el sentido de “mantener a los Estados Unidos fuera de toda conexión política
con otros países” y, también siendo Presidente, el general Eisenhower, en 1961,
advirtió de “los riesgos para la libertad que presenta el conglomerado
industrial-militar de Estados Unidos”. Es como afirmó John Quincy Adams en 1821:
“América [del Norte] no va al extranjero en busca de monstruos para destruir.
Desea la libertad y la independencia de todos. Es el campeón solamente de las
suyas. Sabe bien que alistándose bajo otras banderas que no son la suya […]
podrá ser la directriz el mundo pero no será más la directriz de su propio
espíritu”.
Debe recordarse que fueron tropas
norteamericanas y soviéticas las que entronizaron al Sha en el gobierno
(después de derrocar a su padre) para repudiarlo después de 29 años en el poder
y abrir las puertas a los fanatismos criminales de los ayatollah. El Sha
acumuló los títulos de Rey de Reyes, Sombra del Todopoderoso, Nuncio de Dios y
Centro del Universo. Como bien documenta Ryszard Kapuscinski, el Savak, la
policía secreta del Sha, torturaba a sus opositores encerrándolos en bolsas de
arpillera con serpientes venenosas, clausuró diarios independientes y
estableció una férrea planificación estatal que imposibilitó el progreso del
país. No es asunto menor que también el gobierno norteamericano entrenó y
financió a Saddam Hussein en la guerra contra Irán de 1980 a 1988.
De cualquier manera, estas políticas
nada tienen que ver con la renuncia a encontrar la verdad en la investigación
de los actos criminales que causaron tantas muertes y tanto dolor en tierra
argentina. Denominar “Comisión de la
Verdad” a lo que se instalará próximamente en Teherán es un
insulto a la inteligencia y una bofetada a la buena fe. El descaro, la
desfachatez y la cobardía moral con que se aprobó el antedicho acuerdo en medio
de ocultamientos, ambigüedades y subterfugios, constituye una afrenta a la Justicia y un enorme
peligro para la seguridad futura.
Estamos viviendo una era de
hipocresía mayúscula. En el contexto de lo señalado, el colmo del cinismo acaba
de exhibirse en Santiago de Chile, en la reunión del Consejo de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que declara en sus estatutos que se
establece para preservar los valores democráticos. Henos aquí que en esa
reunión se eligió Presidente pro tempore nada
menos que al sátrapa Raúl Castro en representación de la isla-cárcel cubana,
otra muestra de la falta de respeto a la civilización. Como lo hizo Cicerón en
el Senado romano, es hora de exclamar
“¡hasta cuando abusarás de nuestra paciencia Catilina!”
- 23 de junio, 2013
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