España: Mordida desinteresada

Libre Mercado, Madrid

La tesorería es cara, sobre todo para quien no la tiene y la necesita.
El Estado español, por ejemplo, realiza recurrentemente emisiones de
deuda por las que paga elevados intereses, incluso cuando tal deuda es a
muy corto plazo. No es inhabitual, de hecho, oír quejas de nuestros
gobernantes a propósito de los asfixiantes intereses que han de abonar
por unos pasivos que, en el fondo, no son más que el reflejo de su
obsesión ególatra por gastar el dinero de los contribuyentes presentes y
futuros. Lamentos que, empero, no terminan por convertirse en un atisbo
de empatía hacia el resto de la población; acaso por aquello de que la
política es la profesión con un mayor número de psicópatas per cápita y
sabido es que los psicópatas son personas con nula empatía.

Al cabo, con lo que nos encontramos es que, pese a las reiteradas
promesas de este Gobierno de que los autónomos no tendrían que pagar IVA
por las facturas no cobradas, la mala práctica sigue funcionando como
un cómodo y gratuito mecanismo de financiación de nuestras manirrotas
administraciones. No sólo desangran fiscalmente a familias y empresas,
sino que incluso las exprimen con carácter preventivo: antes de que
hayan recibido la transfusión de sangre, ya les están reclamando la
vampírica mordida. Tal vez piensen que a los autónomos y a las empresas
les sale la tesorería por las orejas y que son incapaces de darle otro
mejor uso a la misma que el de nutrir las arcas de Hacienda para, por
ejemplo, atender sin demora las nóminas de los 600 asesores monclovitas.

Pero no, lo cierto es que muchos empresarios llevan años contra las
cuerdas, sobreviviendo en un entorno tributario y regulatorio
abiertamente hostil, y sus cajas se hallan consiguientemente exhaustas.
No serán pocos quienes se vean forzados a solicitar un préstamo bancario
y a pagar intereses para entregar un IVA que todavía no les ha sido
entregado; sí, un préstamo como el que debería solicitar el Gobierno
para seguir financiando su infladísima estructura de gastos en caso de
no poder arrebatarles prematuramente sus fondos a autónomos y
empresarios. Damos por sentado que la colocación de deuda debe
efectuarse a interés (y debe, claro), pero tendemos a olvidarnos con
extremada ligereza que los cobros adelantados, por idénticos motivos,
también deberían abonar tales intereses: por ejemplo, rebajando la
factura fiscal por pronto pago (o permitiendo como alternativa el
retraso de su pago al momento del cobro). ¿O acaso Hacienda no es ávida
en cobrar intereses de demora cuando cualquier ciudadano se retrasa en
pasar por caja? ¿Por qué Hacienda considera gravosísimo que no se le
pague a tiempo pero reputa un mal menor que los empresarios se vean
forzados a pagar mucho antes de haber cobrado?

Veremos si, al final, el Ejecutivo excepcionalmente cumple con su
palabra y modifica esta disparatada legislación, pero no olvidemos que,
al final, esta disparatada legislación sólo es una de las numerosas
groseras exteriorizaciones de un problema mucho más general dentro de un
Occidente cada vez más socialdemócrata: la subordinación de los sanos
intereses privados a los espurios tejemanejes estatales. La manera de
promover el espíritu de empresa no pasa
ni por tarifas planas, ni por cosméticas deducciones, ni siquiera por
aplazar unos meses las deudas con el Estado: la forma de promover la
empresa es tan sencilla como no convertir una sociedad en un infierno
fiscal y regulatorio. Si los tributos fueran cuasi imperceptibles,
abonarlos por adelantado no pasaría de ser una incomodidad menor; si hoy
muchos autónomos y empresarios se sienten ahogados por su pronto pago,
es porque nuestro mastodóntico Estado nos arrebata una gigantesca
porción de nuestra renta. Ésa es la verdadera cuestión de fondo a
resolver y que, por supuesto, ni los socialistas de izquierdas ni los de
derechas resolverán jamás.