La inmigración ilegal desciende en Estados Unidos después de una década

El País, Madrid

En 2011 las entradas ilegales a Estados Unidos desde México rozaron mínimos históricos. Ese año la inmigración también alcanzó un flujo neto de cero,
con la salida de inmigrantes equilibrando la entrada de nuevos
extranjeros. Y a finales de este 2012, el Censo confirma el descenso de
la inmigración ilegal después de más de una década.

Un conjunto de factores económicos, sociales y demográficos han
contribuido a que EE UU deje de ser el destino elegido por miles de
emigrantes de toda América Latina, especialmente desde México. La mejora
de las condiciones económicas en los países de origen, el
envejecimiento de la población mexicana, la crisis de la economía
norteamericana, así como el aumento de las medidas de seguridad en la
frontera, han reducido las cuotas de entradas ilegales en su territorio.

El continuo descenso en el último lustro ha hecho además que, por
primera vez desde 1910, la inmigración de hispanos haya sido superada
por la de ciudadanos de origen asiático. La población indocumentada de
EE UU ascendía a 11,1 millones en 2011, casi un millón menos desde el
pico alcanzado en 2007, según la Oficina del Censo. La cifra, que no ha
cambiado desde 2009, supone el 28% de la población extranjera y sitúa el
número de indocumentados en niveles similares a los de 2005, antes de
la última oleada migratoria.

El crecimiento de la economía estadounidense a mediados de la última
década y el estallido del ‘boom’ inmobiliario hizo que muchos
inmigrantes mexicanos y de otros países de América Latina cruzaran la
frontera en busca de un empleo en el sector. Entonces, la cifra de
americanos nacidos en el extranjero equiparó a la de inmigrantes legales
e ilegales. En EE UU viven en la actualidad 12 millones de extranjeros,
el 31% de los residentes en el país, gracias a visados temporales y
permisos de residencia. Otros 15 millones, el 15%, obtuvieron la
nacionalidad estadounidense por vías legales.

Este cambio demográfico determinará el futuro rostro de EE UU, con
importantes consecuencias sociales, políticas y económicas. Las últimas
elecciones presidenciales, en las que Obama consiguió la reelección para
un segundo mandato, estuvieron marcadas por la significativa participación de los hispanos
y su apoyo -del 73%- al aspirante demócrata. Esa cifra confirmó también
que este sector de la población se aleja cada vez más de las posturas
republicanas -y de sus rigurosas políticas anti inmigrantes- obligando
al partido a reposicionarse en esta materia.

Las elecciones de 2012 vieron una cifra récord de votantes hispanos, cerca de 24 millones, y que podría duplicarse en 2030, según datos del Centro Pew Hispanic.
Muchos de ellos acudieron a las urnas apoyando expresamente a Obama por
su promesa de acometer una reforma migratoria durante este segundo
mandato en la Casa Blanca, una propuesta que cuenta cada vez con más
respaldo entre la población norteamericana. A pesar de que el presidente
aprobó en junio una medida que suspende las deportaciones de los
jóvenes indocumentados, aquellos que se hubieran beneficiado de la
fallida ley Dream Act, el envejecimiento de los inmigrantes hace que
cada vez menos de ellos puedan acogerse a estas concesiones.

El Partido Republicano reaccionó tras las elecciones anunciando su
intención de colaborar en una reforma migratoria, aunque su primer paso
no ha sido bien acogido tanto por los demócratas como por la población
hispana. Los republicanos aprovecharon su mayoría en la Cámara de
Representantes para aprobar la semana pasada la ley de empleo STEM, que
otorgaría 55.000 visados cada año a graduados y licenciados en materias
de Ciencia, Tecnología y Matemáticas. Los opositores a esta medida
alegan que no es una solución definitiva para el sistema de inmigración
ya que la mayoría de los indocumentados que residen en EE UU no podrían
acogerse a ella.

Esta misma semana, el expresidente Bush presionó al Congreso para que
insista en la consecución de la reforma completa, no a base de medidas
parciales. La nueva ley de inmigración deberá incluir cambios en la
entrega de visados para trabajadores temporales, en las medidas de
control para impedir la contratación de indocumentados, así como una vía
para regularizar a los 11,1 millones de personas que residen en el país
sin autorización.

Datos del Centro Pew Hispanic.

El porcentaje de 2011 se corresponde a
datos de la Oficina del Censo publicados el 6 de diciembre de 2012.