Las falacias sobre el boom de la clase media en Argentina

La Nación

Diez años atrás hubiera sido impensable un paro
general convocado por organizaciones de trabajadores para que el Estado
bajara los impuestos. Hoy, sin embargo, eso parece posible.

La huelga general convocada para hoy por la CGT
liderada por el camionero Hugo Moyano y por la CTA encabezada por el
estatal Pablo Micheli presenta una motivación inédita, tradicionalmente
mucho más relacionada con demandas de la clase alta y de los ejecutivos
de empresas que con reivindicaciones de la clase obrera. Tiene como
principal bandera el reclamo de que el Estado elimine o disminuya
sensiblemente el impuesto a las ganancias a los trabajadores, con el
argumento de que el salario no puede ser considerado ganancia.

La era kirchnerista lo hizo posible. Y no porque, como
esgrimirá el Gobierno, el salario de los trabajadores haya experimentado
un increíble incremento en términos reales que ha equiparado a muchos
obreros de hoy con los ejecutivos de ayer, sino por una voracidad fiscal
sin límites, que ha hecho que un trabajador soltero en relación de
dependencia que recibe apenas un poco más de dos salarios mínimos ya
pague impuesto a las ganancias.

El salario mínimo, vital y móvil asciende actualmente a
2670 pesos, en tanto que un trabajador soltero debe tributar ganancias
si su sueldo alcanza los 5782 pesos. En tanto, un trabajador casado, con
dos hijos, debe pagar ese impuesto cuando su sueldo llegue a 7997
pesos, esto es, algo menos de tres salarios mínimos.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pese a
la fuerte inflación que acosa los bolsillos de los argentinos, ha
mantenido congelado el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias
desde abril de 2011. De esta manera, cualquier aumento salarial que se
haya acercado este año al aumento del costo de vida real (alrededor del
25%) terminó siendo mucho menor por el impacto de los mayores descuentos
en concepto de tributo a las ganancias. Este fenómeno es creciente a
medida que los salarios brutos tienden a ser mayores.

Mientras la Presidenta se jacta de un descenso de la
pobreza y de una expansión de los sectores medios sin parangón en ningún
país del mundo, algunos datos estadísticos ofrecen curiosas y
contradictorias conclusiones:

• Un trabajador en relación de dependencia con un
  ingreso de 5000 pesos mensuales brutos, que trabaja en la provincia de
  Buenos Aires, aporta al fisco poco más del 53% de su ingreso, por lo que
  debe trabajar 196 días para el Estado, de acuerdo con un trabajo de la
  Fundación Libertad y Progreso, realizado por los economistas Agustín
  Etchebarne e Iván Carrino.

• Según el mismo informe, los aportes jubilatorios
  de ese trabajador sumarían a lo largo de toda su vida laboral unos
  3.300.000 pesos, equivalentes a diez casas de 330 mil pesos cada una.
  "En una palabra, al momento de retirarse, podría contar con diez
  alquileres de más de 1000 pesos cada uno; seguramente, mucho más que lo
  que obtendría como jubilación", de acuerdo con Etchebarne.

• De acuerdo con el Indec, una persona adulta podría
  vivir con 17 pesos por día o 510 pesos mensuales. Según Víctor Becker,
  titular del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de
  Belgrano y ex director del Indec, esa estimación oficial conduciría a
  pensar que el 80% de los jubilados que ganan el haber mínimo ($ 1880)
  podría ahorrar unos 1370 pesos por mes o 17.800 al año.

• Las cifras de pobreza difundidas por el Indec dan
  cuenta de que apenas el 6,5% de la población argentina es pobre, un
  porcentaje inferior al de Suiza, Noruega, el Reino Unido de Gran
  Bretaña, Estados Unidos y Alemania, y casi igual al de Suecia, según los
  cálculos de Becker.

• Las distorsionadas estadísticas del Indec llegan a
  tal punto que si se considera que, entre junio de 2007 y mayo de 2012,
  el salario promedio de los trabajadores registrados creció un 187%, y
  que en igual período los precios al consumidor aumentaron tan sólo un
  52,8% según el organismo oficial, el crecimiento del salario real
  llegaría al 87,8%, a razón de un 17% anual más que la inflación y a más
  del doble que el PBI. Un récord digno de ser inscripto en el libro
  Guinness, si no fuera porque la inflación medida por el Indec es
  aproximadamente tres veces inferior a la real.