Derechos y delitos en Guatemala
El debate de moda: ¿cuál de los derechos humanos
es más importante? ¿Acaso no vale más la vida que todo lo demás?
Meterse a ese debate no sólo es estéril sino que nos va a llevar a
conclusiones equivocadas. El problema no es sacrificar unos derechos a
cambio de otros, sino ¿cómo y con qué legitimidad se ejercen? Para
muestra, el vandalismo de la manifestación del 20 de octubre. La
Constitución nos garantiza el derecho a la libre expresión del
pensamiento. Pero si me anda imputando falsamente la comisión de
delitos, esa “libertad de expresión” se convierte en calumnia.
Y si lo anda divulgando públicamente se convierte en
difamación. Así que, si va a ejercer su derecho a la libertad de
expresión, hágalo de manera responsable.
El derecho a la propiedad
también está garantizado constitucionalmente. Pero ello no le faculta a
utilizar un vehículo de su propiedad para andar asaltando bancos, por
ejemplo. Haga un uso irresponsable de su derecho de propiedad y se
expondrá a perderlo cuando el carro le sea confiscado por haber sido
usado para cometer un crimen.
¿Y el derecho a la vida? Todos
debemos respetar el derecho a la vida. Si usted mata a alguien, será
procesado por homicidio. Pero si mata en legítima defensa, ello será
motivo para justificar la muerte del agresor. Ni siquiera el derecho a
la vida es absoluto. El agresor lo pierde desde el momento en que,
deliberadamente, pretende violar el derecho a la vida de su víctima.
En
conclusión, los derechos se pierden desde el momento en que son
ejercidos de manera irresponsable. No hay tal conflicto entre derechos.
El que abusa de su ejercicio se coloca, voluntariamente, en una
potencial situación delictiva. No es como muchos andan justificando. No
es “criminalizar la protesta”. Más bien son los protestantes quienes
prostituyen un derecho para convertirlo, deliberadamente, en un delito.
Lo acabamos de ver en la manifestación del 20 de octubre.
Algo del
más elemental sentido común ha servido para tener una nueva línea de
debate. Los llamados “expertos en derechos humanos” se ponen a tratar de
“encontrarle tres pies al gato”. No hay que confundirse. La gente sabe
que no se vale violar el derecho a la libre locomoción para protestar.
La gente también sabe que si hay bloqueos es para provocar,
deliberadamente, daños al resto de la población; y como forma para
presionar al gobierno en lo que sea que piden; legítimo o no.
Por
lo tanto, no hay nada que “regular”. Los delitos de coacción y amenazas
ya están tipificados. ¿O usted cree que le están pidiendo “por favor”
que deje de circular en la vía pública con palos y otras armas en la
mano? Lo que hay que hacer es aplicar la ley. Que la policía capture in
fraganti a los protagonistas y que el Ministerio Público tenga la
voluntad política de procesarlos. Eso es a lo que se expone cualquier
otro ciudadano al violar la ley. No se deje engañar. No hay tal
conflicto, a menos, claro está, de que usted lucre del conflicto y, por
lo tanto, le interese preservarlo. Ya lo dijo Benito Juárez: “El respeto
al derecho ajeno es la paz”.
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