Populismo, dañino para todos

La Prensa, Panamá

Si
bien es cierto que el combate a la pobreza debe ser prioridad en la agenda de
todo buen gobernante, esto no debe servir de excusa para que se implanten
sistemas populistas que siempre agradan a la población beneficiada y suman
votos para los políticos que los impulsan, pero que, irremediablemente,
terminan arruinando naciones.

La
grave crisis económica que vive Grecia en la actualidad, respalda mi
señalamiento. En ese lejano país hace algunos años sus habitantes vivían una
especie de cuento de hadas. La planilla estatal crecía de forma exorbitante y
el Estado era el mayor generador de empleos con jugosos salarios. Las personas
podían jubilarse con 53 años de edad, ciertos servidores públicos recibían 14
meses de salario al año y el tiempo que se concedía para disfrutar de
vacaciones era siempre generoso. Reinaba la felicidad. El derroche era la nota
característica.

Todos
esos excesos fueron erosionando, paulatinamente, las finanzas de esa nación
europea, a pesar de que los gobiernos de turno se esforzaban por no dar señales
de alarma, recurriendo al maquillaje de las cifras macroeconómicas del país,
que nunca revelaron la gravedad de la situación y el desastre que se
aproximaba.

Ahora
los dolorosos efectos son mundialmente conocidos. Los drásticos recortes
presupuestarios, la rebaja de salarios, los despidos masivos y los ajustes a
las pensiones forman parte del día a día de la otrora tierra del buen vivir.
¿Qué ocurrió? Pues, simplemente, el Estado no pudo seguir sosteniendo esa
maquinaria devoradora de recursos que había creado y cuyo voraz apetito atendía
a través del constante endeudamiento público.

La
moraleja es clara. Para evitar descalabros como el narrado, el gasto público
hay que mantenerlo bajo estricto control. Como decimos acá, hay que llevarlo
con la soga corta.

Lamentablemente,
con frecuencia se confunde el deber de disminuir la pobreza, con la política
del Estado benefactor y paternalista, ese que pretende suplir todas las
necesidades de la población, y que incluyen: vivienda, educación, salud,
transporte y subsidios de diversa índole, convirtiendo amplios sectores de la
sociedad en un conglomerado de ciudadanos dependientes de la ayuda estatal,
poco productivos y nada competitivos.

Y
es que para muchos políticos la tentación de convertirse en líderes
“generosos”, es grande. Los éxitos electorales alcanzados recientemente en
Latinoamérica por personajes que han recurrido a esta estrategia, los empujan
en esa dirección equivocada. Tal es el caso de Hugo Chávez en Venezuela, que ya
lleva tres triunfos al hilo de manera contundente, porque lo apoya la gran
mayoría de la población, a quien ha otorgado beneficios económicos de todo
tipo, algunos muy cuestionables, pero posibles gracias al flujo de caja
positiva originado por los miles de millones de dólares provenientes de la
explotación del principal recurso de ese país, el petróleo.

Expertos
en temas de economía y administración pública critican el estilo chavista,
porque consideran que lejos de aprovechar la bonanza que producen los
petrodólares para invertir en infraestructura productiva, educación y
tecnología, se apuesta todo a la repartición de las ganancias obtenidas en la
comercialización del combustible fósil, lo que resta competitividad a
Venezuela. Las últimas mediciones al respecto no favorecieron a la hermana
bolivariana. De continuar esas condiciones, el pronóstico a largo plazo no es
alentador, pero por ahora reina el populismo. Ojalá no se les muera la gallina
de los huevos de oro.

En
lo que respecta a Panamá, creo que sobre este tema debemos aplicar aquel viejo
refrán que dice: “Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en
remojo”, es decir, debemos evitar que nuestro sistema político se infecte de
ese populismo consumidor de recursos y poco productivo, que parece estar de
moda en la región.

Con
esa finalidad, debemos vigilar permanentemente el comportamiento del gasto
público. Es indispensable mantener el nivel del déficit fiscal por debajo de
los límites que la ley estipula y exigir a la Contraloría General de la
República la divulgación frecuente de la información macroeconómica real,
relativa a la planilla estatal, la deuda pública, los presupuestos de las
diferentes instituciones y el detalle de los montos desembolsados en programas
sociales que impliquen entrega directa de dinero a ciertos segmentos de la
población.