Propiedad incierta en Guatemala

Prensa Libre

El presidente está en plena campaña de propaganda
para lograr la aprobación de sus cambios a la Constitución. Con un
presupuesto mensual de Q1.5 millones busca “quitarnos el miedo” de lo
que ocurriría si se llegasen a aprobar. En mi opinión, su optimismo se
desvanece y la incertidumbre aumenta cuando uno lee lo que se pretende
aprobar. Son 53 cambios a la Constitución. Es una cirugía mayor y hay
cosas que preocupan más que otras. Por ejemplo, se quiere agregar al
artículo 66 vigente, sobre la identidad y derechos de los pueblos
indígenas, lo siguiente:

“El Estado reconoce, respeta y protege el
derecho de acceso a los lugares sagrados legalmente establecidos,
debiendo la ley determinar lo que respecta a su identificación y
reconocimiento”.

¿Cuál ley identificará y reconocerá los “lugares
sagrados”? ¿Con qué criterios se hará? No sabemos. Y esa incertidumbre
es suficiente para provocar una gran preocupación respecto de la certeza
jurídica del derecho de propiedad. Ante la incertidumbre, la prudencia
ordena asumir que dicha normativa se prestará a los más absurdos abusos y
que será utilizada para expropiar indiscriminadamente. Por ello, los
cambios deben ser rechazados.

Hay un referente de lo que podría
ser dicha ley: la iniciativa 3835 del 2008, Ley de Lugares Sagrados de
los Pueblos Indígenas. En ella, un lugar sagrado está definido como un
espacio “de confluencia de energía cósmica” o podría ser también
“cerros, valles, montañas, volcanes, nacimientos de agua, ríos, lagunas,
lagos, cenotes”; entre otros. Partiendo de esas definiciones los guías
espirituales, serían los encargados de facilitar la información de los
lugares sagrados para que el Consejo Nacional de Lugares Sagrados los
declare como tales. Con esas definiciones, no hay lugar que se pueda
salvar de ser “sagrado”.

Alguien podrá argumentar que soy un
exagerado “miedoso” porque esa no sería, necesariamente, la iniciativa
de ley a aprobarse. Buen punto. Pero es el equivalente jurídico a
pedirnos saltar del avión y esperar que una ley determine la efectividad
del paracaídas. No gracias. Creo que los ciudadanos nos merecemos un
mayor respeto a nuestra inteligencia. Nunca debemos darles a los
políticos el equivalente de un cheque en blanco. Precisamente para eso
existen las constituciones. Para delimitar estrictamente el poder
público y prevenir que violen antojadizamente nuestros derechos, en este
caso, el derecho a la propiedad.

Al igual que con este punto, hay
otra docena de cambios a artículos que ya fueron rechazados en el
referendo constitucional de 1999. Sin embargo, el presidente insiste en
metérnoslos de nuevo. Más allá de la propaganda y el discurso, los
ciudadanos debemos ver, con sano escepticismo, esta vieja aventura
política. Para los políticos podrá ser una cosa; pero para los
ciudadanos otra. Nada bueno puede tener promover redacciones tan
ambiguas a nuestra Constitución y promover leyes antojadizas. Son
cambios que terminarán siendo una fuente de conflicto, incertidumbre y
más pobreza. No a la reforma.