Dulces en reformas en Guatemala

Prensa Libre

Por fin terminaron de “socializarse” los cambios
que el Gobierno pretende a nuestra Constitución. Santígüese porque
ahora irán al Congreso y todo mundo sabe lo que entra al hemiciclo pero
solo Dios sabe lo que saldrá… Mientras tanto, las reformas vienen con
ciertos “dulces”, posiblemente, para facilitar su aprobación. Una
frecuente queja de las autoridades del Gobierno es que el presupuesto
público está sometido a una “camisa de fuerza”. Dicen que las
asignaciones constitucionales vigentes les restan “flexibilidad”. Yo
comparto ese criterio.

La Constitución no debe ser un instrumento para asignar
arbitrariamente el gasto público. Sin embargo, como nuestra
Constitución no es “perfecta”, los ciudadanos debemos vivir con lo bueno
y lo malo que ella contiene. De esa suerte, resulta que la Universidad
de San Carlos se lleva 5% del presupuesto público por mandato
constitucional. El “deporte” toma otro 3%; el Organismo Judicial, (OJ)
2%; las municipalidades, 10%; la alfabetización, 1%. En total, la
Constitución preasigna 21% del presupuesto de ingresos ordinarios.

Por
lo tanto, uno pensaría que, con los cambios, se aprovecharía a
solucionar semejante problema del que se han quejado consistentemente
todos los gobernantes… ¿Correcto? Lamentablemente no es así. Es
demasiado pedir a nuestra clase política. Lejos de que se busque
solucionar el problema, lo agravan haciéndolo más grande. Ahora la
asignación constitucional para las municipalidades se sube a 11%; la del
OJ se duplica a 4% y se inventan otras dos asignaciones. Una para la
Contraloría General de Cuentas, de 1%, y otra para el Ministerio Público
(MP), de 2%. Y, como se mantienen las demás, ahora la “camisa de
fuerza” sube a 27% del presupuesto de ingresos ordinarios. ¿Son
reformas? O dulcitos para obtener el beneplácito y apoyo de las
entidades beneficiadas.

Más de alguna persona bien intencionada
verá con buenos ojos que los “operadores de justicia”, por ejemplo,
tengan más presupuesto. Yo tampoco lo veo malo. Lo malo es que la
Constitución no es para presupuestar; para eso está la Ley del
Presupuesto General de Gastos de la Nación. Esa, y no otra, debe ser la
herramienta legal en donde deben quedar plasmadas las prioridades
políticas de los gobernantes de turno.

Una raya más a ese tigre
llamado cambios a la Constitución. En todo caso, queda demostrado,
nuevamente, que con tantos otros artículos, no es necesario modificar
la Carta Magna para que el Gobierno acredite compromiso y apoyo político
a la descentralización fiscal, los tribunales y al Ministerio Público,
por ejemplo. Por cierto, ¿por qué no se habrá hecho cuando aprobó o
presentó los proyectos de Ley de Presupuesto del 2012 y del 2013,
respectivamente? Curiosamente no fue así. Tanto el OJ como el MP tienen
presupuestos inferiores a los valores que, ahora, se quieren poner en la
Constitución.

Las reformas están, aparentemente, terminadas.
Ahora están en el Congreso. Allí habrá otras negociaciones. Los
ciudadanos debemos estar atentos. Ojalá que terminen siendo rechazadas.