España y el Rule of Law

El País, Madrid

Ahora que mejoran las bolsas y las primas de riesgo, tras calmarse
los mercados por la tácita expectativa de una pronta solicitud de
rescate al Eurogrupo por parte del Gobierno español, vuelven por sus
fueros las habituales primeras planas de agosto (ese mes aquejado del
síndrome del domingo porque todos sus días son festivos y por tanto
inanes, amorfos, fútiles y vacíos): incendios forestales, víctimas
mortales en los festejos taurinos, guerra de banderas o kale borroka en
el País Vasco y, por supuesto, como no podía ser de otro modo, la
sempiterna peleíta barriobajera entre Gobierno y oposición. Pero este
año han descollado algunos temas estrella que conviene comentar
someramente.

Ante todo la perversa dilación del Gobierno en anunciar in extremis,
cuando ya estaba sonando la campana, su decisión de prorrogar los 400
euros a los parados sin derecho a prestación: una ayuda que Rajoy había
amagado con reducir o retirar. ¿A qué vino tan miserable crueldad
comunicativa con 200.000 familias cuya subsistencia pendía del hilo de
la voz del Gobierno? Sin duda, estamos de nuevo ante la política de la
intimidación que hoy esgrime la derecha neocon europea, dedicada a
encarnizarse con los más débiles para poder amenazar y amedrentar a
todos los demás. Es la erótica del poder abusador.

Pero también se han producido varios hechos inconexos que exhiben
como denominador común su equívoca relación con el principio de
legalidad (Rule of Law o imperio de la ley): los saqueos de
supermercados a lo Robín Hood para repartir alimentos a los pobres
andaluces; las ficticias huelgas de hambre escenificadas por el
colectivo de presos etarras para reclamar la libertad de un moribundo
criminal contumaz; y la concesión de asilo diplomático en la embajada
ecuatoriana de Londres a un prófugo de la justicia que se resiste a ser
extraditado a Suecia (para lo que cuenta con la defensa legal de un juez
español que antes de ser defenestrado se caracterizaba por prestar
grandes servicios a la justicia). No entraré en la casuística de cada
episodio singular, pero sí merece la pena discutir un punto que les
afecta tangencialmente: ¿cuándo y cómo puede resultar legítimo vulnerar
la legalidad?

Empecemos por los saqueos altruistas de supermercados con fines
redistributivos (aunque el presunto altruismo resulta más que dudoso,
dado que se trata de hacerse publicidad política según el viejo lema
anarquista de la propaganda por el hecho). ¿Hasta qué punto el fin
justifica los medios? ¿Se tiene derecho a perjudicar a los demás para
defender un bien superior? In abstracto, no; pero en la práctica sí,
aunque con una condición: la de presentarse después ante los tribunales
para asumir la propia responsabilidad penal (como parece ser que hará el
alcalde de Marinaleda pero se niega a hacer el ciberpirata Assange).

Fernando Savater lo expresó muy bien en su día, cuando, hablando como
profesor de ética, sostuvo contra Kant que puede resultar legítimo
violar la ley si después se asume la propia responsabilidad. Y ponía el
ejemplo de un padre al que secuestran a su hijo y se le brinda la
ocasión de torturar al raptor para que revele el zulo en que lo
encarceló (como el de Ortega Lara, pongamos por caso). ¿Tiene derecho a
ello, si está seguro de que así salva la vida de su hijo? Pues bien,
Fernando sostuvo que sí, pero solo si a continuación, tras haber salvado
a su hijo, ese padre torturador se presenta ante los tribunales para
autoinculparse. Es lo que deberían hacer Sánchez Gordillo y Julian
Assange para poder legitimar ex post sus respectivas expropiaciones y
filtraciones ilegales.

Regresemos, pues, a los etarras encarcelados. Pero no para cuestionar
su reclamación de libertad para los moribundos (ellos, que jamás
sintieron piedad para rematarlos con tiros en la nuca), sino para
discutir su petición de amnistía colectiva como recompensa por deponer
las armas. ¿Qué condiciones hay que ponerles a los presos etarras para
concederles posibles medidas de gracia futura? Mi postura es que exigir
arrepentimiento y pedir perdón no tiene ningún sentido (o sólo lo tiene
religioso). No, siguiendo la máxima de Savater, lo que debe hacer el
etarra a reinsertar es autoinculparse en público (ante los Tribunales o
una Comisión de la Verdad) por haber violado la legalidad y los derechos
de los demás. ¿Incluye eso delatar a sus compañeros? Hasta ahí no puedo
llegar. Pero para salvar este obstáculo hay una solución, y es que la
denuncia no sea individual sino colectiva. Que sea la propia
organización ETA, si aspira al indulto general de sus presos, la que se
autoinculpe colectivamente de los crímenes cometidos en el pasado, dando
los nombres de aquellos criminales anónimos que todavía están
pendientes de identificar. Sólo así resultará creíble que la
organización como un todo asume la democracia y la Rule of Law o imperio
de la ley.