¿Deserta México de la guerra contra las drogas?

Infolatam

MADRID. – “Abrazos no balazos” es el lema de campaña que ha elegido Andrés Manuel López Obrador para definir los objetivos de su estrategia de seguridad para México en el próximo sexenio. En el último debate televisado con los demás candidatos a la presidencia, AMLO, como conocen los mexicanos al líder del PRD, dijo que EE UU debería enviar al país “créditos blandos, no helicópteros militares”.

La prueba más clara de la derrota de las políticas de seguridad del presidente Felipe Calderón es que ninguno de los otros candidatos, ni siquiera la de su propio partido, Josefina Sánchez Mota, las defendió. Al contrario, la candidata el PAN también apoyó la postura defendida por Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI, de que la prioridad del próximo gobierno debe ser reducir la violencia y no aumentar las capturas de drogas para reducir el narcotráfico que se dirige hacia EE UU.

Ningún candidato defendió en los debates las políticas de Calderón contra el narcotráfico….

En el debate, los tres candidatos prometieron que intentarán retirar al ejército de la lucha contra las bandas y que concentrarían los esfuerzos del Estado en corregir las desigualdades sociales que empujan a los jóvenes a integrarse en organizaciones criminales. Peña Nieto advirtió que aunque seguirá colaborando con Washington en ese campo, su gobierno “no se subordinará a las estrategias de otros países”.

Los adversarios políticos del PRI, que ven con aprehensión su regreso al poder después de 12 años del final de su omnímodo reinado de casi siete décadas, denuncian que Peña Nieto está anunciando veladamente una negociación con los carteles para asegurar una reducción de la violencia. Es decir, el mismo ‘modus vivendi’ mantenido por los gobiernos priistas hasta 2000.

Esa hipótesis es verosímil: los 10 Estados en los que el PRI nunca dejó de gobernar, entre ellos Tamaulipas y Coahuila, están entre los más violentos y corruptos del país. Pero el hecho que la postura de Peña Nieto sea compartida hoy por AMLO y Sánchez Mota, es una muestra elocuente del hartazgo de los mexicanos con unas políticas que han causado 50.000 muertes en los últimos seis años y sembrado de cuerpos decapitados o mutilados y otras atrocidades semejantes ciudades que hasta hace no mucho se consideraban seguras como Guadalajara o Veracruz.

En los ocho Estados más violentos del país, Los Zetas, un verdadero ejército privado que ha atacado cuarteles militares cerca de la frontera con EE UU, viene librando una guerra de aniquilación con el cartel de Sinaloa de Joaquín ‘El chapo’ Guzmán. Los Zetas han atacado incluso los bastiones sinaloenses de Guzmán, probablemente el narcotraficante más poderoso y rico del mundo.

En Sinaloa nació a finales del siglo XIX el negocio de las drogas en México con los primeros cultivos de opio que llevaron a ese Estado inmigrantes chinos provenientes de California. En un territorio que no es el suyo, Los Zetas se comportan como un ejército de ocupación, lo que ha provocado una oleada de refugiados de la Sierra Madre, donde se encuentran los mayores cultivos de amapola y marihuana del país. Sinaloa tiene 2,7 millones de habitantes, la mitad de El Salvador, pero un número similar de homicidios: 66 por cada 100.000 habitantes. En los primeros cuatro meses y medio de este año se han registrado cuatro asesinatos diarios en Sinaloa, según la fiscalía local.

En un territorio que no es el suyo, Los Zetas se comportan como un ejército de ocupación…

Ambos carteles son los más poderosos y mejor organizados del país al contar con un flujo aparentemente ilimitado de dinero y armas provenientes de EE UU. Su estrategia es eminentemente mediática, escenificando masacres públicas para aterrorizar a sus enemigos e intimidar a las fuerzas de seguridad.

Ante ese panorama, no resulta extraño que los asuntos de seguridad se hayan convertido en la principal preocupación de los mexicanos, muy por delante de la economía, que creció un 3,9% en 2011 con un déficit fiscal del 2,5% (8,6% en EE UU) y una deuda pública del 27% del PIB (98% en EE UU). En 1990, el comercio exterior representaba el 17,5% del PIB. Hoy esa cifra es del 61%. El 80% de las exportaciones son productos manufacturados.

En el México de hoy, el 65% se considera hoy parte de la clase media. Desde 1980, el número de estudiantes universitarios se ha triplicado mientras que el de tarjetas de crédito se ha cuadruplicado desde 2002. Todo ello revela una notable modernización de la sociedad.

Sin embargo, muchas cosas no han cambiado, sobre todo la falta de confianza de los mexicanos en las instituciones públicas: los tribunales, la policía, los políticos… Pero ahora la situación es incluso peor porque la desconfianza se ha extendido en todas direcciones a medida que la delincuencia, los secuestros y las extorsiones se han integrado en la cotidianeidad de la clase media, que no puede permitirse pagar rescates, vehículos blindados, equipos de vigilancia o guardaespaldas.

En una encuesta reciente, un 40% dijo tener “poca” o “ninguna” confianza en la policía. Solo el 20% dice tener “mucha” confianza en sus compañeros de trabajo o de estudio, las tasas más bajas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), a la que México pertenece.

La metástasis del cáncer delictivo

Aunque el consumo de drogas ha aumentado en México, la mayoría de los mexicanos percibe el narcotráfico como un problema fundamentalmente de EE UU, al que acusan de indiferencia por el elevado precio en vidas humanas que paga su país por aplicar una estrategia represiva y militarista a un asunto que creen que debería ser abordado con políticas de inclusión social.

Algunos analistas en EE UU advierten que las políticas anunciadas por Peña Nieto  supondrían una claudicación del Estado ante el chantaje de los carteles, recordando que durante los gobiernos del PRI, el crimen organizado actuaba con virtual impunidad. Pero hoy la metástasis del cáncer delictivo se ha generalizado tanto que casi no hay un solo órgano del Estado que haya quedado inmune. Los narcos, después de hacer pactos, son tan silenciosos que terminan convirtiéndose en un gobierno en la sombra. Y una vez dentro del organismo invadido, el cáncer es extremadamente difícil de extirpar.

Durante los últimos seis años las extorsiones de la mafia a negocios y profesionales liberales se han extendido desde Monterrey a Acapulco. En 2006, una encuesta de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) entre 2.700 inmigrantes indocumentados en la ciudad norteña de Saltillo, reveló que el 42% había sufrido robos mientras que el resto había sido golpeado o vejado por miembros de cada una de las corporaciones policiacas mexicanas que se toparon en el camino.

Peña Nieto ha prometido que su gobierno creará una gendarmería

Peña Nieto ha prometido que su gobierno creará una gendarmería, es decir, una fuerza policial paramilitar bajo el modelo de la Gendarmerie Nationale francesa o la Guardia Civil española que contaría con unos 40.000 efectivos. Ese nuevo cuerpo proveería al gobierno federal con un instrumento que estaría bajo su control directo, permitiéndole prescindir de las tropas regulares.

El cuerpo de Carabineros colombianos, creado en 2006 para combatir a las guerrillas, los paramilitares y los narcotraficantes en las zonas rurales, es el modelo en el que se ha fijado Peña Nieto. Una policía paramilitar estaría, en principio, mejor preparada para tratar con civiles que los soldados regulares. Solo en 2011, por ejemplo, La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México recibió 2.200 quejas contra oficiales de las fuerzas armadas por abusos cometidos contra la población civil.

Pero una gendarmería tampoco es inmune  a la corrupción. En octubre de 2008, el recién nombrado ‘zar’ antidroga, Noel Ramírez, fue denunciado por haber estado recibiendo 450.000 dólares mensuales del cartel de Sinaloa por informarle con anticipación de operaciones antinarcóticos del gobierno. También numerosos militares han sido procesados por proteger cargamentos de drogas. Un general del Estado Mayor del ejército fue detenido en diciembre de 2008 por aceptar sobornos de las bandas.