La lección argentina

La confiscación por parte del gobierno de Argentina de una participación del 51% de la española Repsol en la petrolera argentina YPF es una lección para los inversionistas europeos: los países que tienen problemas para obtener financiamiento en los mercados internacionales de crédito terminan robándolo.

Esto es especialmente relevante ahora, en medio de los problemas económicos de los países periféricos de la zona euro.

Italia, España, Grecia y Portugal han quedado fuera de los mercados de bonos mundiales o bien solo están logrando vender sus emisiones de bonos ofreciendo las tasas de interés más altas de la historia. Los únicos compradores son, principalmente, sus bancos locales.

Para seguir siendo solventes, se han vuelto dependientes de los fondos de emergencia de la Unión Europea y del Banco Central Europeo. Pero esos flujos están supeditados a que los gobiernos cumplan los programas de austeridad y las reestructuraciones económicas.

Dichas reestructuraciones incluyen promesas de privatizaciones a gran escala. Por ejemplo, Grecia prometió vender EUR50.000 millones en activos, rectificados posteriormente a EUR19.000 millones, para el 2015. Pero incluso estas estimaciones más modestas serán difíciles de alcanzar. Y no solo en Grecia.

En parte, esa es la razón por la cual las privatizaciones son políticamente difíciles. En algunos casos, se debe a que los activos son mantenidos como parte del patrimonio. En el caso de los activos corporativos, los fuertes subsidios implican que sus trabajadores profundamente improductivos lucharán con uñas y dientes para no ser vendidos a una entidad privada que pueda buscar reducir costos para obtener ganancias.

Pero incluso los activos indiscutibles podrían ser difíciles de vender. En primer lugar, existe el riesgo de que esos países salgan del euro. Dicho acontecimiento provocaría una repentina devaluación de la nueva moneda, reduciendo probablemente el valor de los activos nacionales a alrededor de la mitad.

Sin embargo, incluso donde la posibilidad de una devaluación ha sido incluida, los inversionistas deben ser cautelosos. Ello porque, a menos que los activos sean móviles, como barcos y aviones, el gobierno nacional pertinente finalmente siempre tiene la soberanía sobre ellos.

Lo que significa que una vez que sean privatizados estarán sujetos a impuestos punitivos o incluso a su confiscación.

Además, los inversionistas internacionales estarán en especial desventaja ya que estarán sujetos a la antipatía del “ellos o nosotros” entre los votantes en apuros, y los políticos intentarán calmar a esos votantes. Esto es así incluso en países con fuertes tradiciones del imperio de la ley y el derecho a la propiedad privada.

Tomemos, por ejemplo, al Reino Unido. El presupuesto más reciente presentado por el gobierno de coalición colocó altos impuestos a las transacciones sobre las propiedades residenciales valuadas en más de 2 millones de libras, e impuestos particularmente altos a dichas propiedades compradas a través de estructuras corporativas. Esta parte del mercado del Reino Unido ha sido fuertemente dominada por los inversionistas extranjeros que buscan paraísos seguros o incluso para lavar dinero. Sin embargo, esto posiblemente sea solo el comienzo. Impuestos adicionales para los no residentes, o las viviendas vacías, o medidas similares son posibles a medida que los contribuyentes británicos se cansan de que los extranjeros paguen bajos impuestos.

Finalmente, incluso sin la confiscación de activos, los gobiernos desesperados por ingresos pueden eliminar el valor de los activos. Si, después de sus programas de privatizaciones, los gobiernos de la periferia de la zona euro siguen en su mayoría excluidos de los mercados de bonos -como lo está Argentina a una década de su cesación de pagos-, también buscarán maneras de tomar lo que puedan para cubrir sus agujeros negros financieros.