¿Hugo Chávez ya gobierna el Paraguay?
Informes de la Agencia EFE recibidos y publicados aquí el 16 de enero del 2012 dan cuenta de que “el Gobierno venezolano ha expropiado desde que Chávez llegó al poder en 1999, una cantidad superior a los 3,6 millones de hectáreas según cifras publicadas en diciembre por el Ministerio de Agricultura. Un porcentaje no especificado de ellas corresponde a expropiaciones decididas por el Instituto Nacional de Tierras (INTI) que principalmente paga indemnizaciones por obras físicas en las propiedades y no por las tierras en sí ALEGANDO FALSIFICACIONES DE DOCUMENTOS SOBRE EL ORIGEN DE LAS FINCAS. Chávez dijo anoche en una llamada telefónica a VTV que la recuperación de tierras y espacios urbanos corresponde a expropiaciones en el marco de la Constitución y seguirán siendo en el marco de la Constitución. Estamos pacíficamente resarciendo progresivamente el daño que ocasionaron durante 100 años los terratenientes apoyados por un Estado corrupto y militares que velaban por los intereses de los más poderosos” (ABC digital, Comentarios, 16.I.12).
Si el presidente Hugo Chávez desde 1999 viene expropiando tierras fundado en supuestas falsedades en el origen de las mismas, y si el Gobierno Nacional, en particular el Indert viene batiendo por medio de la prensa la tesis de la nulidad de los títulos que corresponden a inmuebles situados en el área del río Ñacunday, para cuyo efecto engarza tal nulidad con los títulos de Barthe anulados judicialmente mucho tiempo atrás, promoviendo su amojonamiento mediante operaciones de mensuras que serían practicadas con el objeto declarado de repartirlas entre campesinos sin tierra, ingresando para lo cual en los inmuebles cultivados por colonos de diferentes nacionalidades, y los militares comisionados justifican su ingreso con el Decreto 7525 del 26 de octubre del 2011, tenemos el derecho de pensar en conclusión que ambas acciones, la de Venezuela y la del Ñacunday, están ligadas por las normativas o principios legales o seudolegales que inspiran a ambas en una ideología cuyo origen es sin duda venezolano, bolivariano, máxime si se toma en cuenta la presencia del señor Hugo Chávez en la última cumbre de Mercosur en que se lanzó Ushuaia II para honor y gloria de sus firmantes.
La acción revolucionaria común es evidente y es evidente también la participación de los gobernantes de Argentina y Brasil que mueven a su gusto los músculos y huesos del Paraguay como fisioterapeutas empeñados en producir otro Paraguay, muy distinto del que se impuso a sí mismo la Constitución de 1992.
Las expropiaciones y los programas de expropiaciones se apoyan en principios y normas constitucionales y legales de las que el Paraguay tiene bien calificadas e identificadas por su fuente, y por la firmeza con que las sustenta en la inviolabilidad de la propiedad privada en la necesidad de una sentencia judicial para la privación del derecho y de una ley para autorizar su expropiación.
Muchos paraguayos, propietarios creen que pueden dormir tranquilos y ni sospechan que el método Ñacunday puede alcanzarles, ni que los fisioterapeutas de Ushuaia II pueden remover sus huesos y músculos y convertir en cenizas todo lo que hoy tienen, lo que acumularon en años de intenso trabajo o por sucesión de sus padres.
Cuando las leyes de un país invaden otros y son sustituidas por nuevas legislaciones que brindan nuevos derechos a nuevos beneficiarios, estamos ante una conquista o colonización o revolución social o política que hoy nuestros gobernantes de turno llaman “cambio”, que se viene proyectando con la complicidad de conocidos idiotas útiles que se prestan a los conquistadores en calidad de cómplices ante la eventualidad de perpetuarse en el poder que se les deja como prebenda.
El drama de Ñacunday no afecta solo a los colonos afectados. Compromete al Paraguay entero y a la América del Sur a la que notoriamente quieren conquistar para gobernarla de acuerdo a sus principios. No crean los ocasionales revolucionarios que no se les nota el bulto del arma que ocultan y la intención que disimulan.
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