Cristina: Entre el adiós al cáncer y la bienvenida al ajuste

La Nación

El gobierno nacional ha dado muchas muestras de estar más preocupado por el relato de los acontecimientos que por los propios acontecimientos. Una de las especialidades del kirchnerismo es la generación de climas de hondo dramatismo, no exentos de salidas epopéyicas. La internación de Cristina Fernández de Kirchner como consecuencia de un supuesto cáncer de tiroides echó a volar la imaginación de militantes y expertos en comunicación del oficialismo. La imagen de una mujer capaz de superar la muerte de su esposo y mentor político y de vencer la peor enfermedad del mundo en poco más de un año era seductora para cualquier biógrafo o jefe de campaña. El adiós al cáncer que no fue, más allá del final feliz para la salud de la Presidenta y para todos los argentinos, le ha restado condimentos a la historia oficial.

Finalmente, el estudio histopatológico definitivo de la Presidenta modificó el diagnóstico inicial surgido de la punción, que daba cuenta de un carcinoma papilar, y descartó la presencia de células cancerígenas. El óptimo estado de salud de la primera mandataria hará innecesaria la administración de yodo radiactivo y, seguramente, le permitirá reintegrarse a sus funciones antes de lo planificado.

El interinato de Amado Boudou no será mucho más que un hecho anecdótico, que en todo caso sirvió para poner en evidencia los temores de ciertos sectores ultracristinistas sobre un prematuro inicio de la carrera presidencial hacia 2015.

Las buenas noticias vinculadas con la salud presidencial perderán velozmente impacto ante la irrupción de otras relacionadas con esa palabra tan temida y negada por el kirchnerismo: ajuste.

Los problemas de caja serán cada vez más serios. A menos que el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, pueda remontar la cuesta del rígido discurso oficial sobre el desendeudamiento externo y lograr el retorno de la Argentina al mercado internacional de crédito.

En los próximos días se cumplirá el plazo que se habían fijado el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional para definir un nuevo índice de precios. Hasta ahora, no hay novedades sobre esa cuestión. La relación del país con los organismos financieros del mundo continúa siendo muy fría.

El ajuste, aunque el Gobierno se empeñe en disimularlo, ya está entre nosotros.

Pocos recuerdan que, a poco de asumir por primera vez, en diciembre de 1991, la gobernación de Santa Cruz, Néstor Kirchner aplicó por decreto un ajuste cuyos seguidores hoy calificarían de salvaje. Las cuentas fiscales de la provincia estaban en rojo y, para equilibrarlas, Kirchner ideó una rebaja en los sueldos de los empleados públicos y de los jubilados locales del 15% en los haberes superiores a 500 pesos y del 10% en los inferiores a aquel monto.

Mediante el mismo decreto, el entonces gobernador santacruceño declaró "la imposibilidad del pago de haberes de los funcionarios y empleados públicos activos y pasivos" correspondientes a diciembre de 1991 y a la segunda cuota del aguinaldo de ese año. Un año después, con las cuentas más ordenadas, las deudas salariales comenzaron a ser devueltas en cuotas.

Aquel decreto provincial, que llevó el número 309/92, tenía las firmas del actual titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, entonces ministro de Gobierno de Santa Cruz; de Alicia Kirchner, ex ministra de Asuntos Sociales del distrito, y de Ricardo Jaime, ex secretario de la gobernación, hoy procesado tras su triste paso por la Secretaría de Transporte de la Nación.

Los problemas fiscales de Santa Cruz vuelven a manifestarse con crudeza en estos días. Pero, esta vez, al gobernador Daniel Peralta, tomar medidas parecidas a las instrumentadas por Kirchner veinte años atrás, le costó la reprimenda de la Casa Rosada y la renuncia de varios ministros provinciales, entre ellos los vinculados a la agrupación La Cámpora.

Tal vez inspirada en la primera decisión de su esposo cuando llegó a la gobernación de Santa Cruz, Cristina Kirchner firmó días atrás un decreto para revisar los sueldos de 300.000 empleados de la administración pública nacional en lo que respecta a bonificaciones y suplementos. Las necesidades fiscales, anunciadas con la eliminación de los subsidios a las tarifas de agua, luz y gas, son ya innegables.

Las inconsistencias del modelo kirchnerista son agravadas por un nuevo enemigo: la sequía. En los últimos días, mientras la militancia recitaba plegarias por la salud de la Presidenta frente al Hospital Austral, otros funcionarios miraban al cielo esperando la lluvia.

Si las condiciones climáticas no mejoran, hay quienes aventuran que las pérdidas para los productores y para el Estado nacional por las menores cosechas de soja y maíz podrían acercarse a las de la campaña 2008/2009, cuando se perdieron 30 millones de toneladas.

Los cálculos más optimistas señalan que, al día de hoy, la cosecha de maíz, estimada en 30 millones de toneladas, no superaría los 20 millones, en tanto que la de soja, proyectada en 52 millones de toneladas, se ubicaría en 44 millones. Estos números, a los precios actuales, implicarían una reducción de las exportaciones de unos 5800 millones de dólares y una caída de los ingresos por retenciones para el Estado de casi 1700 millones de dólares. Pero podría ser peor.

La sequía abre también interrogantes sobre una probable merma de la oferta de dólares y un nuevo aumento en su cotización. Más doloares de cabeza: el dólar marginal, que hacia fines de 2011 parecía haber sido domado a los gritos por Guillermo Moreno, estabilizándose en 4,50 pesos, ha subido en los últimos días hasta los 4,80 pesos.

La situación fiscal de las provincias tampoco escapa a los temores por la sequía. En Córdoba, el gobernador José Manuel de la Sota anunció un plan de austeridad que contempla cesantías en el sector público y anticipó que no podrá negociar incrementos salariales hasta que la Nación no cancele deudas que mantendría con la provincia.

Quien tampoco dudó a la hora del ajuste fue Mauricio Macri. No demoró un segundo en disponer un aumento del 127% en la tarifa del subte desde que se anunció formalmente su traspaso de la Nación a la Ciudad. Siguió la máxima según la cual las malas noticias deben darse todas de una vez y rechazó el gradualismo que se le recomendó desde el kirchnerismo. El "esfuercito" que le pidió la Presidenta a Macri lo pagarán los usuarios porteños, aunque no debe descartarse que, más adelante, el gobierno local cree un sistema de tarifas diferenciadas para favorecer a las personas en situación vulnerable. Entretanto, el Ejecutivo porteño deberá enfrentar una avalancha de amparos judiciales para frenar el tarifazo.

Cuando la Presidenta se reintegre a sus tareas, no sólo será recibida por la sequía y las derivaciones de los ajustes. También encontrará otro regalito de Reyes, como la potencial alianza, hasta hace poco impensable, entre Hugo Moyano, la CTA de Pablo Micheli y grupos piqueteros, quienes podrían evaluar una medida de fuerza conjunta contra el ajuste nacional.

Con no menos intriga se habrá enterado la jefa del Estado del partido amistoso de fútbol que enfrentó a los equipos de Macri y Daniel Scioli y de las declaraciones de éste en favor de una agenda de trabajo conjunta con el gobierno porteño. Resulta prematuro avalar hipótesis sobre un futuro político juntos, como insinuó Luis D'Elía. Pero sí se puede decir que a Macri y Scioli los une un presente en el que ambos saben que pueden ser víctimas de un gobierno que quiere verlos de rodillas..