El socialismo del siglo XXI y la Ley de Costos y Precios Justos

Econanalítica (Venezuela) – Infolatam

Caracas. – La semana pasada se publicó en Gaceta Oficial el Reglamento Parcial sobre la Superintendencia Nacional de Costos y Precios y el Sistema Nacional Integrado de Administración y Control de Precios. Con su publicación se esperaba que se aclarase el marco de acción de la nueva ley; sin embargo, todavía quedan muchos puntos por definir.

El reglamento pretende crear las normas de la Ley de Costos y Precios Justos y regular  lo  referente  a  la  Superintendencia  Nacional  de  Costos  y  Precios. Además,  establece  una  serie  de  normas  con  respecto  a  las  situaciones derivadas de las relaciones de producción e intercambio comercial de bienes y servicios.

Con el congelamiento hemos topado…

A este punto debe agregarse que en el acto de lanzamiento de la referida ley, el vicepresidente de la República, Elías Jaua, señaló que la misma es “un instrumento más para la construcción de la economía socialista”. El Vicepresidente reiteró que el objetivo de la ley es que los bienes y servicios se vendan a un precio justo, para que las personas tengan acceso a la alimentación tal y como lo establece la Constitución. Destacó que se conformarán 23.000 comités contra la especulación y se capacitarán 100 personas como fiscales.

Para cerrar el acto, en el marco de las etapas de aplicación de la ley, el vicepresidente   de   la   República,   Elías   Jaua,   anunció   la   congelación   de 18 productos entre los que se encuentran bebidas, cuidado personal y limpieza.

Esta congelación será para evitar que los precios aumenten mientras se realizan las primeras fiscalizaciones. Este proceso durará hasta el 15 de diciembre, lapso en el cual se harán las auditorías de los productos “para ver si los precios se corresponden con la estructura de costos”, dijo Jaua. El funcionario indicó que para esa fecha informarán a las empresas el precio máximo de venta al público de estos productos. Finalmente, a partir del 15 de enero los productos deberán tener marcado el precio máximo de venta.

Una medida arriesgada

En un contexto electoral, estas acciones recientes del Ejecutivo Nacional son, por decir lo menos, osadas. Medidas como el congelamiento de precios y el acorralamiento del sector privado mediante la implementación de esta ley van a provocar un alza en los indicadores de escasez y desabastecimiento; algo muy peligroso  para  un  Gobierno  que  busca  la  reelección.  Adicionalmente,  un ambiente de confrontación con el sector privado no contribuye a mejorar la “sensación de bienestar y bonanza” que el Ejecutivo piensa construir en los meses venideros.

La procesión va por dentro

En Ecoanalítica tenemos información que técnicos del Ministerio de Finanzas, BCV y Cadivi han alertado sobre los inconvenientes de una “aplicación desproporcionada”  de  la  Ley  de  Costos  y  Precios  Justos.  En  discusiones internas, el ala “pragmática” ha hecho énfasis en que el ámbito de aplicación de la ley debe dividirse en dos etapas. La primera, que iría desde este momento hasta la celebración de las elecciones presidenciales, tendría como objetivo montar toda la estructura burocrática y operativa de la Superintendencia y el Sistema de Precios. Se busca obtener un mapa general que le permita al Gobierno actuar cuando lo considere necesario.

En esta primera etapa, la ley generaría en el sector privado una especie de “autorregulación en los precios”, con lo cual se evitaría una escalada de la inflación en un contexto de fuerte inyección monetaria, producto de la campaña electoral.

La segunda etapa se concretaría después de ganar las elecciones y se iría a la implementación  profunda de la ley con el sistema ya montado, si el Ejecutivo aspira a incidir en la formulación de precios. Además, se avanza hacia la consecución de la meta de controlar el desempeño del sector privado.

Con elecciones en puertas, queda claro que el “ala pragmática” puede imponer su tesis, aunque el acto de anuncio del congelamiento de precios no ayude.

Hasta el propio BCV alerta

No deja de ser representativo que el director del BCV, Armando León, haya dicho respecto a la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos que la normativa debe ser “evaluada y aplicada muy bien”, porque si no se hace de esa manera, “puede convertirse en un boomerang”. Tal y como lo han señalado los técnicos del organismo, quienes, por cierto, se han quejado de haberlos dejado fuera de la discusión del recién publicado reglamento.

Un ámbito reducido

León fue más allá e indicó que ninguna economía puede funcionar con un mecanismo de ley de precios y que por ello “ha sido muy claro el mensaje que se ha enviado sobre que serán solo unos sectores muy claves los que van a ser monitoreados de manera permanente”. El mensaje es evidente: no es para todo el mundo esta ley. El Ejecutivo tiene en mente cinco sectores que la superintendente Karlin Granadillo ha definido claramente: alimentos, productos de higiene personal y del hogar, construcción, repuestos para vehículos, medicamentos y servicios de salud.

Los  primeros  afectados  han  sido  los  ubicados  en  la  categoría  de  higiene personal y del hogar. A los otros sectores ya los tienen bajo presión desde hace tiempo. Pero León siguió mandando su mensaje: “Para que tengan una idea, hay alrededor de 500.000 productos y el Banco Central monitorea, o recoge mensualmente, junto con el Instituto Nacional de Estadística (INE) unos 300.000 costos de la economía, eso es un trabajo muy arduo, hay un equipo que entre las dos instituciones suma unas 800 personas en todo el país, es decir, este es un pequeño ejército de estadísticos que le hacen seguimiento a esto”.

El BCV no quiere que lo dejen fuera y destaca su experiencia en el tema, aunque al vicepresidente Jaua no le guste la idea. Pero León concluye que si se abusa, el esquema puede fracasar: “el que mucho abarca poco aprieta y yo diría que es muy difícil apretar 500.000 precios en una economía como la nuestra, tan grande, esto aun con la tecnología porque hay que ir directamente y evaluar cada precio; es un tema complicado”.

¿Qué esperar?

En primer lugar, las empresas deben prepararse para el proceso de fiscalización que, en teoría, ya comenzó. Es importante destacar que la Superintendencia es el órgano rector del Sistema Nacional Integrado de Costos del cual forman parte también el Seniat, el Indepabis y todos los ministerios con competencias en la materia. Las visitas de los funcionarios se harán en dos campos; la fiscalización en el sector productivo para efectuar las auditorías y, en segundo lugar, el seguimiento del cumplimiento de los precios controlados. En este último serán los miembros de las comunas quienes hagan la supervisión.

Segundo, los sectores prioritarios serán los “conejillos de India” del nuevo sistema. Sin embargo, debe tenerse presente que ley da atribuciones para todo el sector de bienes y servicios, así que los sectores no estratégicos también deben irse adecuando, aunque cuentan con un margen de maniobra mayor.

Con respecto al registro, no hay que dejar de hacerlo. Granadillo ha señalado que en principio la información solicitada es muy básica: las empresas, los productos y los precios establecidos. Se prevé que en una segunda etapa se exigirá más información. No olvide que para los pragmáticos esta segunda etapa es después de las elecciones.

Es importante destacar que el registro será por etapas, atendido por sectores; y claramente comenzarán con los prioritarios.

Por último, tenga presente que lo que el Gobierno quiere, en palabras de Granadillo, es: “un análisis de la estructura de costos y precios que cubran esos costos… Nunca los precios estarán por debajo de los costos… Nosotros garantizamos que cubrirán sus costos y el margen de ganancias para sostener sus empresas”.

Amanecerá y veremos…