Sin responsabilidad fiscal en Ecuador

Fundación Ecuador Libre, Guayaquil

Déficit en el Presupuesto General del Estado. En los últimos 4 años el Estado se habría endeudado con más de USD 9.100 millones y planea endeudarse al menos con unos USD 10.482 millones más hasta el 2014.

La Regla Fiscal es uno de los instrumentos que se utilizan para mantener la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica. De acuerdo a la Constitución y el Código de Finanzas Públicas, esta se reduce a una condición: “Los egresos permanentes se financiarán única y exclusivamente con ingresos permanentes[1].”  

La clasificación de ingresos y gastos permanentes apareció por primera vez en el Ecuador en la Constitución del 2008[2] sin una definición clara. Y aunque actualmente la definición legal de ingresos y egresos, permanentes y no permanentes, consta en el Código de Planificación y Finanzas Públicas[3], no establece con claridad cuáles son los ingresos y egresos que se encuentran dentro de cada clasificación.  

En este sentido, se pueden definir como Ingresos Permanentes aquellos que comúnmente son conocidos como corrientes. Es decir, básicamente son todos los impuestos, tasas, multas, y contribuciones que el Estado obtiene por los servicios que presta. Entre los más conocidos están el Impuesto a la Renta, el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a los Consumos Especiales, los aranceles a las importaciones, entre otros. Cabe agregar que los impuestos son la principal fuente de dinero del Gobierno y han crecido más del 77% entre el 2007 y 2010 pasando de USD 4.623 millones[4] a USD 8.219 millones. Para el 2011 se estima que la recaudación será de aproximadamente USD 9.426 millones[5].   

En cuanto a los Ingresos No Permanentes, especialmente los conocidos como de capital, corresponden a los recursos que provienen de la venta de bienes materiales de larga duración, los rendimientos de las inversiones y de donaciones. En otras palabras, la mayoría de los recursos provenientes de la actividad petrolera. Para el periodo 2007 – 2011 estos recursos pasaron de USD 1.947 millones a USD 3.245 millones, lo que representa un incremento del 66%. El año 2008 fue especial, pues con un precio promedio semanal de USD 86[6] por cada barril de petróleo ecuatoriano, los ingresos por este rubro alcanzaron los USD 5.762 millones.  

En lo que respecta a los Egresos, también se dividen en Permanentes y No Perman entes. Los   Permanentes están conformados principalmente por el gasto corriente, mientras que los No Permanentes por  los gastos en inversión pública.    

El gasto corriente engloba, principalmente a los recursos destinados al pago de remuneraciones (incluye  salario de docentes y médicos), servicios básicos y  transferencias directas a los ciudadanos como el Bono de Desarrollo Humano. Por otro lado, la inversión pública comprende los recursos destinados a la construcción de obras públicas, compra de bienes de larga duración y transferencias, y donaciones para inversión y capital. Dentro de esta categoría, el Sector Tesoro Nacional ha sido el de mayor participación con el 33% del presupuesto en el 2010 (USD 5.481 millones)[7]. El Sector Social es el que más crecimiento ha experimentado entre el 2007 y el 2010, 72%. Para el 2010, la inversión en este sector fue de USD 4.642 millones.  

Así, se observa que la regla establecida resulta totalmente consistente con el modelo de desarrollo del Gobierno en el cual gastar la totalidad de sus ingresos se superpone al ahorro y previsión para el futuro. Es gracias a ella que se ha podido alcanzar niveles históricos de gasto o “inversión”, superando los ingresos totales del Gobierno Central.  

Para el presente periodo fiscal, el déficit presupuestario fue establecido en aproximadamente USD 3.735 millones[8] el cual ha venido aumentando desde el 2008 hasta alcanzar los USD 3.111 millones en el 2010. En total, incluyendo el 2011, durante los últimos 4 años el Gobierno se habría endeudado con más de USD 9.100 millones para financiar su gasto; y de acuerdo a la programación presupuestaria hasta el 2014, planea endeudarse con al menos unos USD 10.482 millones[9] más los próximos 3 años[10].   Entre el 2008 y el 2010, el gobierno percibió ingresos históricos de alrededor USD 48.000 millones, destinando la totalidad de estos –más capitales externos– para el gasto, sin ahorrar ni un solo centavo. La justificación es que si bien es cierto no se ahorra capital de forma líquida, se lo hace en forma de acumulación e inversión en carreteras, puentes, educación, salud, y demás.  

El modelo de desarrollo aplicado considera que es el gasto público el que dinamiza la economía. Bajo esta perspectiva, ahorrar para el futuro ya sea para invertir o como previsión para los tiempos difíciles resulta muy costoso socialmente.  

Pero, ¿por qué es deseable contar con una programación de presupuestos equilibrados y el ahorro público? En primer lugar, el uso en el presente de los ingresos extras –existentes por el auge petrolero– se traducirá como la falta de los mismos cuando el precio de este caiga o las condiciones económicas del país se compliquen. Por otro lado, el ahorrar esos ingresos extraordinarios de las etapas de bonanza y prosperidad permitiría enfrentar con más facilidad y alternativas de política los malos momentos. Todo lo anterior dado que siempre existirán tanto épocas de crecimiento y expansión como de estancamiento y desaceleración. Es por esta razón que la regla fiscal debe ser contra-cíclica, es decir, debe englobar estos periodos estimulando el ahorro en la época de “vacas gordas” para enfrentar más fácilmente la de la “vacas flacas”. Adicionalmente, un sector público deficitario requiere el uso de los recursos del sector privado (mediante impuestos), lo que desplaza la inversión del sector privado al sector público y que se conoce como el efecto crowding out[11]. En definitiva, el déficit fiscal, el cual es financiado con ahorros de terceros, desplaza parte de la inversión productiva privada, aumenta el déficit de la balanza de pagos debido al servicio de la deuda y, en la medida en que no financie nuevas inversiones públicas, reduce el ahorro nacional.  

De modo que es fundamental contar con una Regla Fiscal eficiente que limite a las autoridades a cargo y así obtener un manejo sostenible de las finanzas públicas e incentive el ahorro cuando sea posible. Asimismo, que contribuya a asegurar un nivel de deuda sostenible a mediano plazo; a facilitar el manejo contra-cíclico de la política fiscal; y a mejorar la coordinación en el manejo de la política económica, entre otras cosas. Además, se mejora la imagen política y financiera del país y se gana confianza en los mercados, lo cual en conjunto se verá reflejado en el bienestar real y sostenible de la población.