La transformación de David Cameron

La Tercera

Los disturbios de Londres que lo obligaron a interrumpir apresuradamente sus vacaciones y encarar una indignación nacional por la respuesta inadecuada de la Policía han suministrado a David Cameron, Primer Ministro británico, una ocasión dorada para volver a ser el conservador que, según la opinión convencional, había dejado de ser en todo menos en materia fiscal.

Cuando llegó al poder tras derrotar a duras penas al laborismo y verse obligado a pactar una alianza de gobierno con los liberal-demócratas, que estaban a la izquierda del partido de Tony Blair y Gordon Brown, Cameron pasó a simbolizar una nueva forma de conservadurismo. La antítesis, si se quiere, del conservadurismo norteamericano encarnado hoy en la derecha evangélica y el Tea Party. Aunque había parecidos con el conservadurismo de George Bush padre, que había prometido un país "más amable y delicado" después de Ronald Reagan, Cameron había llevado la adaptación a la modernidad más lejos. Defendía a los gays, se mostraba levemente comprensivo con el uso personal de ciertas drogas, no hacía del mantenimiento del orden público o los valores las cuestiones centrales de su propuesta.

Inmediatamente después de conocidos unos resultados electorales que lo obligaban a buscar acuerdos con fuerzas distintas, trabó una alianza con los liberal-demócratas tan rápidamente, que dio la impresión de confirmar que Cameron encarnaba a un conservador con fuertes ribetes liberales, en el sentido anglosajón. Así como Tony Blair había sido moldeado por la sociedad de Thatcher y encarnaba un laborismo más liberal en lo económico, Cameron era hijo de la sociedad de Blair, más liberal en los temas valóricos y cuestiones de autoridad (ya que no en materia de Defensa).

Pues bien: todo eso cambió con el estallido de los disturbios a comienzos de agosto en el norte de Londres, luego replicados en el otro extremo de la metrópolis y extendidos a Birmingham, Manchester, Liverpool y Bristol. En un primer momento, Cameron fue pillado con la guardia baja. Estaba de vacaciones en Italia y su distancia física reflejaba en la esfera política, a ojos de muchos ciudadanos, la lentitud de la respuesta de las fuerzas del orden y la falta de atención a una realidad social hasta entonces latente que súbitamente irrumpía en la superficie: la de un sector marginal desconectado del resto del país al que la falta de perspectivas de futuro, valores y parámetros o formas de control social había llevado al ejercicio de una violencia sin propósito alguno.

Todo cambió el día que Cameron regresó de la Toscana. El hijo pródigo volvía al conservadurismo auténtico con fuego en el pecho después de un largo período de alejamiento. De pie ante la puerta del número 10 de Downing Street, anunció a los vándalos: "Ustedes sentirán todo el peso de la ley". Y a los menores de edad les advirtió: "Si ustedes son lo bastante mayores como para cometer estos crímenes, son lo bastante mayores como para afrontar el castigo". Desplegó a 16 mil policías -la dotación hasta ese momento era de apenas seis mil- en Londres metropolitana y mandó reforzar dramáticamente la seguridad en las otras ciudades afectadas.

En los días siguientes y con el respaldo de una prensa popular que se hacía eco de la indignación ciudadana, el gobierno de Cameron actuó sin mayores obstáculos políticos. Ni los liberal-demócratas de la coalición gubernamental ni los laboristas de la oposición tenían base social alguna para contrarrestar el claro endurecimiento de la política de orden interno. En ese clima, el arresto de 2.700 personas, la inmensa mayoría jóvenes, pudo aplacar en parte el deseo de retaliación de una clase media escandalizada y asustada. Diversas medidas impensables hasta entonces. Se divulgaron las fotografías de los violentos masivamente, enganchando con la población en la tarea de restaurar el imperio de la ley.

Estaba en marcha una gran transformación de David Cameron: a la cabeza del país que clamaba por mano dura, el líder "tory" iba recuperando a pasos agigantados las características del conservador tradicional que cree que una "equivocada concepción de los derechos humanos", una laxa disciplina familiar y un exceso de asistencialismo gubernamental han llevado a la creación de una clase marginal de seres dependientes y desmotivados, írritos a todo afán de progreso y ascenso. El anuncio de que Downing Street había ordenado la contratación de William Bratton, el "superpolicía" que limpió de violencia las calles de Nueva York con Rudolph Giulini y luego asumió la jefatura policial de Los Angeles, ayudó a robustecer la imagen de líder implacable del primer ministro.

Faltaba, para sellar esta transformación, la colaboración de la justicia. Llegó muy pronto. De los 2.700 arrestados, sesenta por ciento están todavía en la cárcel, porque se les ha denegado la libertad bajo fianza. Normalmente, para el tipo de delitos que se les imputan, sólo a una de cada 10 personas arrestadas se le deniega la libertad bajo fianza. Y de los 2.700 detenidos, ya han sido procesados, con una celeridad meteórica, 1.277; muchos de ellos han recibido castigos sin precedentes, con pena de cárcel. La tónica la marcó la Corte de Manchester, la primera en emitir sentencias relacionadas con los disturbios. Las otras cortes del país siguieron la misma línea. Los dos casos más emblemáticos son los de dos jóvenes de Cheshire (noroeste de Inglaterra), de 21 y 22 años, que incitaron a la violencia desde Facebook, pero no llegaron a provocar directamente ningún disturbio, porque sus páginas fueron intervenidas a tiempo. Se les ha condenado a cuatro años de cárcel y el magistrado ha dejado en claro que se trata de una medida ejemplarizante. Otro procesado fue condenado en Londres a seis meses de prisión por robar botellas de agua con un valor total de cuatro euros, algo que normalmente no entrañaría pena de prisión.

Las medidas han abierto un debate jurídico y político en un país altamente sensibilizado con las cuestiones de los derechos individuales. El asesor jurídico de la Corona, John Cooper, ha declarado que "las sentencias no pueden depender del capricho del juez" y exigido proporcionalidad entre el delito y la pena. Organizaciones como la ONG Justicia, han apuntado a la versión, luego rectificada, de la magistrada Novello Noades, de Camberwell, en el sur de Londres, según la cual el gobierno había dado unas directivas a la Justicia, lo que violaría la separación de poderes. Lord Macdonald, ex jefe de la fiscalía de Inglaterra y Gales, ha dicho que la Corte de Apelaciones deberá "revisar" algunas de estas sentencias.

Nada de esto representa, a estas alturas, un serio problema político para David Cameron, quien ha anunciado que "la sociedad rota está otra vez en el primer lugar en mi agenda". Los británicos, todavía bajo efecto del trauma de los disturbios, respaldan mayoritariamente la dureza de las sentencias; toda otra consideración ha pasado a segundo plano. La incógnita mayor, a mediano plazo, es cómo resistirá la coalición de gobierno este endurecimiento de Cameron y de las autoridades, dado que los liberal-demócratas, situados a la izquierda del espectro político, han tenido tradicionalmente una actitud muy distinta ante la marginalidad social y la violencia. Por lo pronto, el diputado liberal-demócrata Tom Brake ha dicho que "las sentencia deberían tener como objetivo restaurar la justicia" en lugar de tomar represalia.

El instinto político de Cameron ha sido certero, independientemente de lo que se piense del fondo del asunto. Antes de los disturbios, había dos problemas serios. El primero era la lentitud de la marcha económica. La dura política de ajuste fiscal, que puso al Reino Unido casi en solitario en el mundo occidental, donde los recortes han llegado tarde y no tienen el mismo calado, debía ser recompensada con una salida más rápida de la crisis. Al no ocurrir esto, la presión sobre la coalición había crecido. De allí el segundo problema que había surgido: ¿cómo mantener unida a una coalición que tiene un costo muy superior para los liberal-demócratas que para los conservadores, dado que éstos son percibidos como traidores a sus convicciones expansivas en materia fiscal? Para colmo, la derrota, en el referéndum convocado por el gobierno de Cameron, de las propuestas de reforma constitucional tradicionalmente defendidas por los liberal-demócratas había debilitado de por sí los lazos entre ambas agrupaciones. Ahora, tras los disturbios y la transformación de Cameron han replanteado los términos de la discusión pública, poniendo los temas de seguridad y valores a la cabeza.

Pero ¿cuál es la consecuencia a mediano plazo? Difícil decirlo: Cameron ha encontrado en el regreso a sus raíces ideológicas un colchón popular del que estaba empezando a carecer. Y si, precisamente por este endurecimiento, la coalición se rompiera, gobernar en minoría resultaría prácticamente imposible. Al mismo tiempo, si para evitar una ruptura Cameron se despojara del manto de la autoridad, perderá a un sector significativo del país.

Dicho esto, no es nada fácil la posición de los liberal-demócratas y Cameron lo sabe. Ponerse institucionalmente de parte de los condenados los colocaría en una gran impopularidad; un alejamiento tardío del gobierno difícilmente les devolverá los votos perdidos por la "traición" que supone haberse vinculado al gobierno conservador. De hecho, el líder liberal-demócrata Nick Clegg ha hablado de que los culpables de los disturbios deben "mirar a la cara a las víctimas y pedir perdón". Y ha propuesto un programa para que una vez que salgan de prisión los culpables pasen por una serie de obligaciones sociales bajo una tutoría oficial que los inserte en la sociedad. Por tanto, a regañadientes, los liberal-demócratas probablemente seguirán en el futuro más o menos inmediato con Cameron. Algo que éste intuye bien.

El Primer Ministro se ha comprometido a reconvertir a "120 familias en problemas" que expresan el colapso moral de la sociedad británica. Para ello ha anunciado programas de inserción comunitaria, el condicionamiento de la asistencia social e incentivos a los padres, además del endurecimiento del aparato de mantenimiento del orden. A partir de ahora y hasta nuevo aviso, no será juzgado tanto por su empeño en revertir el deterioro económico como en su determinación de revertir el deterioro moral. Una tarea hercúlea que depende -paradójicamente- de la regeneración económica, la transformación del asistencialismo , el cambio valórico y muchos otros factores que no parecen al alcance de ningún gobierno en particular en un lapso tan breve.