La ciudadanía por nacimiento y la Enmienda 14

Una coalición de legisladores estatales, motivados por sus inquietudes referente a la inmigración ilegal, está respaldando legislación a nivel estatal para negar los privilegios de la ciudadanía estadounidense a los hijos de personas indocumentadas nacidos en Estados Unidos.

Este esfuerzo por volver a redactar la ley de ciudadanía estadounidense de estado en estado no cumple con la Constitución – y resulta curioso. Los que se oponen a la inmigración ilegal no pueden alardearse de ser campeones del estado de derecho, para luego sin pausa proponer políticas que infringen lo establecido en nuestra Constitución.

A continuación de la guerra civil estadounidense, unos miembros del Congreso 39 propusieron enmendar la Constitución para revertir el infame fallo del Tribunal Supremo en el caso de 1857, Dred Scott vs Sanford, el que niega la ciudadanía a los esclavos. El resultado es la primera oración de la Enmienda 14: “Toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos, y sujeta por ello a tal jurisdicción, es ciudadana de Estados Unidos”.

Es claro el sentido del lenguaje sencillo de la enmienda. Un nacional extranjero que viva en los Estados Unidos está “sujet[o] … a tal jurisdicción” porque está obligado legalmente a acatar a las leyes estadounidenses. (Como contraste, un diplomático extranjero que viaje aquí por parte de un gobierno extranjero goza de inmunidad diplomática – y por ende no está sujeto a la jurisdicción de las leyes estadounidenses).

Durante los debates en el Congreso 39, tanto los promotores como los detractores de la cláusula sobre la ciudadanía concordaron sobre esta interpretación de la Enmienda 14. Por ejemplo, el senador por Pennsylvania, Edgar Cowan, se opuso a la cláusula precisamente porque cubriría con el derecho a la ciudadanía a los hijos nacidos en EE.UU. de obreros chinos y otros que no eran ciudadanos quienes “no le deben lealtad alguna (a EE.UU.) [y] quienes no pretenden deber lealtad alguna”.

Significativamente, esta oposición tan cargada de racismo de Cowan suscitó la siguiente respuesta del senador por California, John Conness: “La propuesta que tenemos delante…sencillamente relata en aquel aspecto a los hijos nacidos de padres chinos en California, y propone que sean ciudadanos…Yo estoy a favor de declararlo así…Estamos por entero dispuestos a aceptar la provisión propuesta por esta enmienda a la Constitución”.

Precedentes derivados del Tribunal Supremo refuerzan aun más esta interpretación de la Enmienda 14. En 1898, el tribunal mantuvo que un hijo de inmigrantes chinos nacido en EE.UU. tenía derecho a la ciudadanía. En el caso Estados Unidos vs. Wong Kim Ark, mantuvo que la “Enmienda 14 afirma la antigua y fundamental regla de ciudadanía por nacimiento dentro del territorio…incluyendo a todo hijo nacido aquí de extranjeros residentes”.

El tribunal volvió a reiterar esta perspectiva en el caso Plyler vs. Doe (1982). Una mayoría mantuvo – y la disensión concordó – que la Enmienda 14 se extiende a cualquier persona “sujeta a las leyes de un estado”, incluyendo a los hijos nacidos en EE.UU. de extranjeros ilegales. De la misma forma, en el caso INS (Servicio de Naturalización) vs. Ríos-Pineda (1985), de nuevo el tribunal concordó unánime que un hijo nacido de un inmigrante indocumentado es en realidad ciudadano estadounidense.

Los opositores del derecho a la ciudadanía por nacimiento dicen que no quieren más que la oportunidad de volver a litigar el sentido de la Enmienda 14. Pero si éste es el caso, la estrategia de comenzar por legislación estatal es débil.

La determinación de la ciudadanía estadounidense es jurisdicción específica al gobierno federal. No se requiere ser experto en la Constitución para apreciar que no podemos tener 50 diferentes leyes estatales que gobiernen quién es ciudadano. Como resultado, bien podrán ser derribadas estas leyes estatales sin siquiera invocar la Enmienda 14. El emprendimiento por entero está condenado al fracaso.

Muchos estadounidenses tienen serias preocupaciones referentes al estado de derecho. Pero existen muchas herramientas para combatir la inmigración ilegal. Sin duda podemos hacerlo sin desperdiciar los fondos de los contribuyentes con una batalla jurídica condenada al fracaso, y sin volver a arrancar las cicatrices de la guerra civil, ni ofender nuestra Constitución y nuestro estado de derecho.

James C. Ho es ex subsecretario de justicia de Texas y socio de Gibson, Dunn & Crutcher. Impresa en Wall Street Journal, autorizada por el autor. ©2011