La pena de muerte divide a Estados Unidos

La mayoría de estados sin pena capital se encuentran en el Noreste o en el Medio Oeste del país, y son más bien de tradición política progresista, como Massachusetts, Rhode Island o Vermont.

Sin embargo, en la lista también existen algunos estados con una tradición política reciente más bien conservadora, como Dakota del Norte o Alaska. En cambio, en las regiones del Oeste y del Sur del país, sólo Nuevo México ha abolido la pena capital.

Más allá de la diversidad geográfica en esta materia, existe una clara tendencia histórica hacia la introducción de restricciones a la aplicación de la pena de muerte, así como una caída en su apoyo en las encuestas de alcance nacional. Esta tendencia puede estar relacionada en que, en los últimos años, se ha podido demostrar gracias a las pruebas de ADN la inocencia de varias personas en el corredor de la muerte.

Aunque una encuesta realizada el año pasado por Gallup recogía que un 64% de los estadounidenses aprobaba la condena capital en caso de homicidio. Sin embargo, cuando se ofrece la opción de escoger entre la pena de muerte y la cadena perpetua, la sociedad se encuentra prácticamente dividida en dos mitades.

En el debate sobre la pena capital, se produjo un punto de inflexión en el año 1972, cuando en el caso Gregg vs. Georgia el Tribunal Supremo la declaró inconstitucional por considerarla 'un castigo cruel' que violaba la octava enmienda de la Constitución.

Un antes y un después

Sin embargo, el Supremo matizó su posición cuatro años más tarde, abriendo la puerta a la reintroducción de este tipo de sentencias. Ahora bien, durante esos cuatro años se produjo un cambio de opinión, y desde entonces se limitó en muchos estados su aplicación.

La sentencia en el caso Gregg vs. Georgia es el mejor ejemplo de la importancia del poder judicial en la evolución de la pena de muerte en EEUU. En muchas ocasiones, han sido los tribunales y no el poder legislativo quienes han impuesto limitaciones en esta materia.

Por ejemplo, el Supremo prohibió en 1977 este castigo en los casos de violación, limitando sólo su aplicación a casos de homicidio, o en aquellos de rapto en los que la persona muere en cautiverio.

Igualmente, los tribunales han intervenido en la cuestión del método a utilizar en las ejecuciones. Hoy en día, la mayoría de estados utiliza la inyección letal, por ser el menos cruel, si bien en algunos son legales otros métodos como la horca, o el fusilamiento. Hasta el 2008, en Nebraska se utilizaba la silla eléctrica, pero el Supremo del estado lo declaró inconstitucional.

Uno de los asuntos más polémicos en EEUU relacionados con la pena de muerte es la cuestión racial. A pesar de que los afroamericanos representan sólo un 12% de la población, cerca de un 40% de las personas sentenciadas a la pena de muerte pertenecen a esta comunidad. Según muchas organizaciones afroamericanas, esta cifra se explica por las actitudes racistas fiscales y jurados, que suelen ser de mayoría blanca.