Una nacionalización en Venezuela que podría tener grandes repercusiones

The Wall Street Journal

Caracas (Dow Jones)— La decisión del presidente de Venezuela Hugo Chávez de nacionalizar la empresa Agroisleña, una comercializadora de productos agrícolas de la que la mayoría de la gente fuera de Venezuela nunca escuchó hablar, no llamó la misma atención que adquisiciones forzosas previas como las de los activos del gigante petrolero Exxon Mobil Corp. o la poderosa cementera Cemex.

Pero la decisión de tomar el control de este jugador vital en la cadena de producción de alimentos de Venezuela podría terminar siendo la nacionalización más importante hasta la fecha en lo referente al esfuerzo del gobierno por obtener el control de la economía, y más específicamente, del suministro de alimentos.

Un informe en VenEconomía, un destacado boletín económico que suele ser contrario a Chávez, indicó esta semana que la nacionalización ponía fin a una empresa agro-industrial que ha operado durante más de 52 años en Venezuela para convertirse en su mayor proveedor para el sector agrícola.Críticos de la nacionalización sostienen que la medida aumenta los riesgos de que se produzcan situaciones de escasez en Venezuela, un país de 27 millones de habitantes que ya tiene problemas de abastecimiento esporádicos de leche, granos, azúcar, café y carne. Venezuela importa alrededor del 70% de los alimentos que consume, así que la medida sobre Agroislena podría obligar al país a importar aún más alimentos en el cercano plazo, lo que pondría presión sobre puertos que ya tienen problemas para recibir y distribuir comida a tiempo.

La nacionalización de Agroisleña, una empresa que fue fundada por inmigrantes españoles de las Islas Canarias, también deja al gobierno de Chávez más cerca de una posible nacionalización de Empresas Polar, el principal procesador y empaquetador de alimentos del país. En los últimos meses, Chávez ha dado a entender que quiere controlar Polar, una empresa que trabaja de cerca con Agroisleña.

En lo político, la toma de control de Agroisleña también es significativa. Es la primera gran nacionalización luego de las elecciones legislativas del mes pasado, en las que el partido socialista de Chávez perdió una importante cantidad de escaños en la Asamblea Nacional. Su repentina iniciativa para asumir el control con Agroisleña sugiere que el presidente no permitirá que las elecciones retrasen su puja hacia el socialismo, y que incluso podría radicalizarse.

Al anunciar de forma oficial la nacionalización de Agroislena, el gobierno de Chávez señaló que era necesario porque la empresa tenía un monopolio virtual u "oligopolio" sobre el sector de provisiones agrícolas. La compañía, propiedad de los herederos de Enrique Fraga Alfonso, aportaba por lo menos la mitad de las semillas sembradas en la mayoría del país y los agricultores también dependían de ella para conseguir fertilizantes y agroquímicos como pesticidas.

Funcionarios del gobierno niegan insinuaciones que señalarían que al poner la empresa en manos del gobierno, la administración de Chávez tendría ahora la misma situación de monopolio.

"El estado no puede ser acusado de monopolio porque representa el interés general de la población", dijo el vicepresidente Elías Jaua al diario El Universal en una entrevista sobre la estatización.

El gobierno de Chávez se mantiene en el poder desde hace 11 años. Sólo durante 2009 y 2010, nacionalizó unas 300 compañías en su intento por desterrar la mayoría de las expresiones del capitalismo e instalar lo que llama una sociedad socialista.

Economistas del sector privado aseveran que la intensa expansión del estado, incluido un notorio aumento de los controles sobre precios, divisas extranjeras y tasas de interés, ha arruinado la economía. La producción de Venezuela se ha reducido durante más de una década a pesar de la relativa estabilidad en los precios del petróleo, la principal fuente de ingresos del país. El gobierno culpa a la crisis global financiera por la profunda recesión del país, que comenzó a principios de 2009.

Chávez afirmó que otro motivo por el cual el gobierno decidió tomar el control de Agroisleña fue que sus propietarios ignoraban controles de precio del gobierno al cobrarles a los agricultores un sobreprecio del 250% o más sobre productos lo que, afirmó, limitaba la productividad del sector y causaba inflación al nivel del consumo.

Pero los trabajadores de la compañía, muchos de los cuales han estado protestando contra la nacionalización desde que fue anunciada el domingo, niegan que hubiera estado vendiendo mercadería a precios inflados.

VenEconomía afirma que las consecuencias de la estatización van más allá de las provisiones agrícolas, porque la empresa también estaba involucrada en otorgar créditos agrícolas. En muchos casos, Agroisleña fue el garante de préstamos otorgados por los bancos a unos 18.000 pequeños agricultores, afirmó, y no estaba claro si el gobierno continuaría con este rol.