La corte de bancarrota en EE.UU., ¿el nuevo casino de los inversionistas?

El año pasado, durante el proceso de bancarrota de Six Flags Inc., un fondo de cobertura que poseía bonos de deuda prioritaria negoció el plan de reorganización de la operadora de parques de atracción, y posteriormente se deshizo de bonos con menos prioridad de pago al considerar que perderían valor bajo el acuerdo.

Otros acreedores protestaron, argumentando que el fondo había usado información obtenida durante sus negociaciones para obtener una ventaja injusta y lo acusaron de "secuestrar el proceso de reorganización".

Esto es lo que pasa en el nuevo y turbulento mundo de la corte de bancarrota en Estados Unidos. El proceso de protección en caso de quiebra se creó hace décadas para que las compañías en apuros financieros pudieran recuperarse y los acreedores tuvieran una opción de recibir sus pagos. Los fondos de cobertura y otros grandes inversionistas lo han transformado en otra cosa: un negocio para hacer dinero donde, después de comprar deuda de empresas insolventes a grandes descuentos, usan sofisticadas técnicas de negociación para obtener utilidades. Algunos lo llaman "la bolsa de la bancarrota".

Esta práctica es completamente legal en EE.UU., pero plantea dudas sobre transparencia y equidad a medida que los inversionistas de "deuda de empresas insolventes" se enfrentan con jueces de bancarrota y otros sobre qué información deben revelar cuando negocian la deuda de una empresa, incluso mientras tratan de influir en su reorganización.

Para algunos dentro del sistema estadounidense de bancarrota, las tácticas de los inversionistas son una afrenta a una tradición que pretende salvar compañías y puestos de trabajo. Y en el peor de los casos, la participación de inversionistas que poseen deuda en dificultades puede poner en desventaja a otros acreedores e incluso al juez que trata de conseguir la mejor solución para la compañía y sus acreedores.

"Lo que pasa es que hay gente muy experta cuyo objetivo principal es obtener una ganancia material", asegura Harvey Miller, un veterano abogado de bancarrotas en la firma Weil, Gotshal & Manges. "Se cambia de un enfoque rehabilitador a un enfoque de casino: '¿cómo gano dinero?'".

Los inversionistas de deuda de compañías en dificultades dicen que desempeñan un papel importante en el proceso de bancarrota al comprar reclamaciones de acreedores que no pueden esperar años por una resolución y, en ocasiones, ofrecer préstamos a compañías para que sigan operando.

Marc Lasry y su fondo de cobertura negociaron deuda de la empresa y trataron de influenciar la reorganización de la misma.

En el caso de Six Flags, Marc Lasry, fundador de Avenue Capital Group, el fondo de cobertura acusado por otros acreedores de aprovecharse de su ventajosa posición negociadora, dijo: "Es escandaloso que nos pongan en duda. Siempre seguimos todas las reglas".

Pero este tipo de conflictos han llevado al sistema judicial estadounidense a tratar de reestructurar las normas que regulan lo que deben revelar los acreedores sobre sus operaciones de deuda de una compañía insolvente.

El mercado de deuda de empresas en dificultades ha crecido rápidamente. Edward Altman, un profesor de finanzas de la Universidad de Nueva York, estima que el año pasado superó los US$1,6 billones (millones de millones), frente a unos US$250.000 millones hace dos décadas.

En un proceso de bancarrota bajo el llamado Capítulo 11, una compañía recibe protección frente a sus acreedores mientras desarrolla un plan para pagar toda la deuda que pueda y seguir siendo viable. Un fideicomisario nombra un comité oficial de acreedores comunes, que supervisa la reorganización y negocia con la compañía. Los miembros del comité no pueden comprar ni vender la deuda de la empresa durante ese tiempo ya que a menudo tienen acceso a información no divulgada públicamente.

Un área gris

Pero además del comité oficial, a menudo se forman comités ad hoc. Fondos de cobertura y acreedores que compraron deuda en el mercado secundario se unen a menudo para influir en la reorganización. Una normativa sobre bancarrota de 1978 en EE.UU. exige a los acreedores que colaboran en comités informales que revelen lo que compraron y vendieron, en qué fecha y a qué precio.

En ocasiones se oponen, argumentando que realmente no son "comités". Para complicar más las cosas, diferentes jueces de bancarrota que enfrentan esta situación han alcanzado conclusiones diversas.

Los partidarios de que los inversionistas de deuda sean más transparentes dicen que eso ayudaría a los jueces a evaluar mejor sus propuestas para preparar una reorganización. Si, por ejemplo, ciertos inversionistas apuestan "en corto" —con la esperanza de ganar si la deuda pierde valor— su interés en un plan de reestructuración podría ser diferente al de otros acreedores.

El proceso de bancarrota de Six Flags el año pasado en un tribunal de Delaware intensificó el debate sobre la revelación de información, ya que las tácticas de los fondos de cobertura causaron las protestas de otros acreedores.

El de Six Flags fue un caso con muchos giros. En determinado momento, los bancos estuvieron a punto de tomar posesión de la cadena de parques. En otras dos ocasiones, un grupo de tenedores de bonos prioritarios trataron de negociar una reorganización que les daría el control de la compañía. Durante períodos de tiempo determinados, estos inversionistas dejaron de negociar deuda de Six Flags para poder ver información no disponible al público.

El 6 de noviembre, los tenedores de bonos de deuda prioritaria parecían haber logrado la victoria, luego de que Six Flags presentara un plan de reestructuración que les concedía la mayoría del capital de la empresa. En cuanto se hizo pública la información privada que habían visto, el grupo, liderado por Avenue Capital, tuvo libertad para reanudar las negociaciones de deuda de la compañía.

Unos días después, Avenue Capital vendió parte de sus bonos de deuda menos prioritaria. Esta decisión es la que llevó al comité oficial de acreedores a quejarse de que el grupo de bonistas tenía una ventaja injusta, ya que las negociaciones con Six Flags le permitieron proyectar con bastante seguridad lo que pasaría con el valor de esos títulos.

Ante las dudas sobre cuándo ocurrieron estas ventas de bonos, el comité oficial solicitó al juez que obligara a Avenue Capital a revelar sus operaciones con deuda de Six Flags. Lasry afirma que las ventas de bonos de deuda menos prioritaria ocurrieron sólo después de hacerse pública la información privada a la que tuvo acceso su fondo.

A pesar de que al final los acreedores comunes se quedaron con el control de la compañía (en otro giro inesperado del caso), Avenue Capital no se fue con las manos vacías: sus bonos de deuda prioritaria acabaron siendo pagados a su valor nominal más intereses, lo que le representó al fondo de cobertura una ganancia de unos US$100 millones.