Huelga, secuestro y muerte

La Tercera

Coomo secuela de una larga huelga de hambre murió ayer, en Caracas, retenido en el Hospital Militar, el productor agropecuario Franklin Brito. Su fallecimiento ha tenido inmenso impacto en Venezuela, por lo que revela y por sus inevitables consecuencias políticas cuando falta un mes para la elección parlamentaria.

Brito era un productor del campo, dueño de 290 hectáreas en el suroriental estado de Bolívar. En 2003 reclamó que sus tierras habían sido invadidas ilegalmente y que el Instituto Nacional de Tierras había apoyado esa ocupación. Desde entonces, Brito adoptó intermitentemente la huelga de hambre como una forma de lucha, con el apoyo de su familia, lo cual progresivamente logró capturar la atención de la opinión pública. El gobierno de Chávez intentó apaciguar el reclamo a través de concesiones que no atendían al reclamo fundamental del productor, que era la titularidad de sus tierras.

El caso conmovió al país, porque mostraba dos de los problemas centrales bajo el régimen bolivariano: el derecho a la propiedad privada y el acceso a la justicia. No quería Brito una tenencia precaria de sus tierras como una concesión graciosa del gobierno, sino los títulos que consideraba justos; no quería una "donación", sino el ejercicio de un derecho. Y buscó justicia en un sistema judicial que está controlado por Chávez.

Ante la protesta, el gobierno anunció en diciembre de 2009 que revocaría la expropiación, pero no lo hizo, y Brito retomó la huelga de hambre. Cuando ésta alcanzó un mayor impacto noticioso, las autoridades lo trasladaron a la fuerza al Hospital Militar de Caracas, institución totalmente controlada por el gobierno. Brito declaró: "Santiago Cantón (secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) se comunicó conmigo telefónicamente para pedir mi testimonio y aseguró que investigará mi caso. También dijo que solicitó al gobierno venezolano, con urgencia, los documentos oficiales sobre los que basó la decisión de trasladarme al Hospital Militar contra mi voluntad". Más adelante afirmó: "No confío en los medicamentos que puedan suministrarme en el Hospital Militar. Temo que me den una sustancia que ponga en peligro mi salud mental y así el gobierno justifique la medida que tomó al sacarme de donde decidí retomar la huelga de hambre".

El 11 de enero de 2010, la comisión adoptó  medidas cautelares y se dirigió al Estado venezolano, "a fin de permitir el acceso, tratamiento y monitoreo de la situación de salud del señor Brito por un médico de su confianza y/u ofrecido por la Cruz Roja Internacional", igualmente acordó que se debía garantizar su derecho a recibir regularmente visitas. La respuesta brutal del régimen no se hizo esperar. La fiscal general de la República declaró que Brito "tiene conductas mentales no ajustadas a la normalidad". Con esta argumentación se justificó el secuestro bajo control militar del huelguista, que no pudo escoger a sus médicos ni pudo decidir dónde morir.

Del eslogan "Patria, Socialismo o Muerte", a Franklin Brito sólo le tocó la muerte. Es posible que, desde allí, su reclamo en el corto plazo se convierta en pesadilla irresistible para un gobierno que ignoró su sufrimiento.