Los caníbales K

Szewachnomics

Ponerle argumentos “técnicos” a lo que hoy está pasando en la Argentina con Fibertel, Papel Prensa, Siderar, Shell, etc., resulta un ejercicio cuasi ocioso.

Todos sabemos que todo este movimiento obedece a las fantasías de poder de Néstor Kirchner y su grupo asociado (algunos bienintencionados y otros claramente corruptos).

Todos sabemos que los argumentos utilizados, o a utilizar, para vulnerar los derechos de propiedad, humillar a empresarios, ex socios y ahora opositores, y transmitir la idea de control del poder para disciplinar el frente interno y no dar imagen de debilidad, no se sostienen, ni siquiera en una mesa de café, después de una abundante y bien regada cena.

Sin embargo, comerse a los caníbales no es una buena política para una verdadera República.

Las líneas que siguen, por lo tanto, no parten de la ingenuidad de pretender “convencer” a los Kirchner de que “eso no se hace”, ellos ya lo saben y no les importa.

Tratan, en cambio, de reafirmar nuestra necesidad de enfrentarlos con los recursos de la democracia en la mano.  No para defender a un grupo económico en particular –que, por otra parte, nunca se preocupó por la libertad de expresión de “los demás”- sino para defender la posibilidad de que, a partir del 2012, la Argentina pueda, aunque sea corriendo y en el último vagón, subirse, finalmente, al tren del progreso que, gracias al contexto internacional, caracteriza a un grupo mayoritario de países de la región.

Voy por partes. (El chiste sobre Jack el Destripador queda implícito).

Fibertel: En muchos trámites ante la burocracia estatal, en especial en rubros “sensibles”, el Gobierno deja sin concluir, ni autorizar, solicitudes del sector privado, con el claro objetivo de mantener un elemento de presión y control sobre la empresa en cuestión, en el mejor de los casos y, en el peor, “cobrar por el favor”.

En muchos casos, el sector privado opta por abandonar y ser ganado por cansancio. En otros, opta por seguir adelante y dejar que, con el tiempo, finalmente, el problema se resuelva.

El caso de Fibertel, es sólo un ejemplo. El gobierno calló y Cablevisión avanzó.

Sin embargo, habiendo transcurrido siete años desde la compra, por parte del dueño anterior de Cablevisión, cuatro desde la fusión con Multicanal y uno y medio desde la fusión por absorción de Fibertel, en silencio, pero cobrando los cánones e impuestos correspondientes y habiendo autorizado todos los trámites adicionales (entre ellos el más importante la fusión Multicanal Cablevisión), sin objetar nada, el argumento de que, “por no tener los papeles en regla, se quita la licencia” resulta insostenible.

Mucho más si se considera que todo el marco regulatorio del sector, si tiene algún sentido, es el de defender la competencia y proteger a los consumidores y no existe nada, en la “falta de papeles” que alega el gobierno, que perjudique a los consumidores.

Por el contrario, se los favorece al permitirle actuar a un competidor más en el servicio. De manera que aquí, lo que hay que proponer, es terminar el trámite que está pendiente.

Se trata claramente, a estas alturas, de una cuestión formal que tienen que arreglar los abogados y los jueces.

Lo que si pueden y deben hacer los legisladores, independientemente de declarar nula la resolución, es revisar los marcos regulatorios para que todo trámite ante el poder político tenga plazos perentorios de respuesta. Y terminar con las arbitrariedades, discrecionalidad, y el caldo de cultivo para la presión y la coima.

Ver qué cuestiones requieren una autorización explícita, y cuales una mera información. Reponer una Comisión de Defensa de la Competencia independiente y profesional y entes reguladores técnicos.

 Este es un problema estructural dentro del Estado argentino del que Fibertel, insisto, es sólo un ejemplo que sale a la luz por la guerra del Gobierno con  el Grupo Clarín, pero han habido otras inversiones frustradas, porque el inversor era extranjero y no quiso correr el riesgo de “que el tiempo lo arregle”, o era una PYME que no estaba en condiciones de negociar y/o coimear.

Papel Prensa: Esta empresa produce un  insumo más que sensible para el mercado de la información impresa. Mercado que está perdiendo participación a expensas de la información electrónica, pero que aún “fija la agenda” y financia al periodismo profesional a través de la publicidad y la venta de ejemplares.

(Cobrar en la web, por la información no resulta fácil. Dicho sea de paso, además de los auspiciantes ¿Cuántos lectores y cuánto estarían dispuestos a pagar por recibir estas líneas?).

Por lo tanto, aquí no sólo está la discusión sobre derechos de propiedad y sobre si la empresa fue comprada en forma legal o ilegal (cuestión que, otra vez, quedará para una investigación legislativa y judicial, después de una eventual denuncia del Gobierno, con argumentos inventados o no).

Está también el problema central de asegurar el abastecimiento normal de papel para diario, en las mismas condiciones y precio a todos los participantes de la demanda. Siendo que, en este caso, se trata de una empresa con una amplia participación en el mercado, cuyo grupo de control compite con los otros participantes de la demanda.

Si la regulación no está, debería proponerse una regulación que obligue a Papel Prensa, insisto, a ofrecer su papel a todos los demandantes en iguales condiciones y proporcionalmente a su participación en el mercado final. (Esto puede sonar muy “intervencionista” pero estamos, al parecer, ante una empresa con amplia participación en el mercado de un insumo clave para garantizar la libertad de prensa). Y, con esta regulación, se pueden vender las acciones del Estado que nada tiene que hacer en esa empresa.

Obviamente, la normativa debería, además, mantener abierta la importación de papel para diario, sin cupos, ni aranceles u otras restricciones. (El argumento de que con la economía abierta no es necesaria la regulación a Papel Prensa, resulta tentador. Sin embargo, puede haber problemas para empresas periodísticas pequeñas, para conseguir financiar la importación, en condiciones similares a las que, supongo, brinda hoy la empresa nacional).

En síntesis, en este caso, la tarea de los legisladores es garantizar que, mientras la justicia o una comisión investigadora especial, se meten en el túnel del tiempo y analizan qué pasó hace treinta y cuatro años, todas las empresas periodísticas obtengan el insumo básico para su tarea a precios y condiciones competitivas.

Siderar:   En la Argentina existe, y está muy bien, por supuesto, el derecho de huelga. Pero existe también  un Ministerio de Trabajo “parcial”. Regulaciones laborales altamente intervencionistas, altos impuestos al trabajo. Incertidumbre en torno a los riesgos del Trabajo, etc. En ese marco, lo que urge es discutir integralmente todo este “paquete” para favorecer el empleo, elevar los salarios de bolsillo y bajar los riesgos de contratar trabajadores.

Pero como ese replanteo es “noventista” y mala palabra, será una cuestión para el futuro.

Lo que no puede ser una discusión para el futuro, es la necesidad de establecer qué se puede hacer, al ejercer el derecho de huelga y qué no.

Tanto en el ámbito de los servicios públicos, como en el del resto de la actividad económica.

Una cosa son los derechos de los trabajadores y otra, muy distinta, es el bloqueo, el piquete, la suspensión de servicios de transporte u otros esenciales, etc. Aquí también el Poder Legislativo debería avanzar en reducir incertidumbres y riesgos y aportar una cuota de freno a los abusos de poder de algunos sindicalistas poderosos.

Consideración general: Vuelvo al principio de estas líneas.

Los Kirchner hoy no tienen el poder hegemónico que tuvieron. Sólo pueden “hacer que lo tienen” si los opositores en el Congreso, las asociaciones empresarias (no los empresarios aislados y rehenes), las organizaciones de la Sociedad Civil, los dejan.

Lo que presenté más arriba es sólo una modesta contribución para que, desde el Poder Legislativo y Judicial se limiten, transitoriamente, los daños concretos, en este final de ciclo.

No se podrá evitar que la Argentina siga pagando el riesgo país de los países más deficitarios y endeudados del mundo. Ni que hayamos bajado del tercer al quinto o sexto lugar en receptor de inversiones extranjeras directas. Ni que la inseguridad, la inflación y la pobreza sigan amenazando a los sectores más vulnerables de la población. Pero tenemos la obligación “nosotros” de demostrar que existe una alternativa democrática y republicana, al autoritarismo y al desprecio institucional. Se trata, básicamente, del dilema de siempre, prosperidad bien repartida o barbarie.