El gobierno argentino aviva la batalla contra los principales períodicos del país

The Wall Street Journal

El gobierno argentino intensificó el martes una campaña por controlar el mayor proveedor de papel para periódicos del país, mientras que los principales diarios del país lo calificaron de un ataque a la libertad de prensa.

La presidenta Cristina Kirchner dijo que su gobierno recurrirá a las cortes en un esfuerzo por manejar Papel Prensa SA e investigar violaciones de los derechos humanos, argumentando que la venta de la empresa a un grupo de periódicos a mediados de los 70 fue forzada por la dictadura militar.

Kirchner dijo además que pedirá que el Congreso declare a la empresa de "utilidad pública" para garantizar el acceso de todos los medios al papel al mismo precio. Además, Kircher pidió al congreso formar un comité para supervisar a Papel Prensa y tomar puestos en su junta directiva.

"Quien controle Papel Prensa, controlará la palabra impresa", afirmó Kirchner, al acusar a periódicos de mantener un monopolio vertical.

Las medidas son similares a las acciones de otros gobiernos en la región incluyendo los de Ecuador, Bolivia y Venezuela, que han pasado leyes que los críticos califican como intentos de acallar a los medios independientes.

En Venezuela, es ilegal publicar notas periodísticas que "denigren" al Presidente Hugo Chávez. Si bien periódicos independientes continúan operando en Venezuela, Chávez ha prácticamente silenciado o cerrado casi todos los principales canales independientes de televisión.

La más reciente controversia sobre medios en Argentina deriva de la compra en 1976 de la mayoría accionaria de Papel Prensa por parte de Clarín, La Nación, y un tercer periódico, ahora desaparecido, del conglomerado de la familia Graiver. El gobierno mantenía, y mantiene, un 28% de las acciones de la empresa.

En aquel tiempo la familia Graiver fue acusada de relacionarse con los Montoneros, un grupo guerrillero peronista que luchaba contra la dictadura militar. El régimen arrestó y torturó a varios miembros de la familia.

Funcionarios del gobierno actual argumentan que la venta al Clarín y La Nación se dio bajo coerción, basado en parte en testimonio de la viuda de David Graiver, Lidia Papaleo.

Los periódicos insisten que la venta fue legítima, y señalan que los miembros de la familia fueron arrestados ilegalmente cinco meses después de la venta. También indican que Papaleo nunca había declarado sobre la supuesta extorsión aunque tuvo muchas oportunidades de hacerlo.

Clarín y La Nación, los dos periódicos más grandes del país, dijeron en un comunicado el martes, "Controlar el suministro de papel es controlar la información, y eso es lo que el gobierno intenta hacer de varias maneras…"

Aunque las circunstancias de la venta aún son poco claras, la administración Kircher mantiene una batalla contra el Grupo Clarín—y hasta cierto punto con La Nación también—a quien la administración acusa de intentar derrocar al gobierno a punta de periodismo tendencioso.