50 años del embargo a Cuba

Por Andrés Espinosa Fenwarth

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La sección 'Hace 50 años' del diario El Tiempo del 7 de agosto registra cómo el primer ministro cubano, Fidel Castro, acusó a Estados Unidos en 1960 de "agresión económica"y anunció la expropiación inmediata de virtualmente todas las grandes empresas norteamericanas en Cuba, incluyendo las refinerías de petróleo, 36 centrales azucareras y las compañías de teléfonos y electricidad, con bienes avaluados en más de 900 millones de dólares de la época.

Castro censuró al Congreso de Washington por la intención de reducir en 700.000 toneladas las importaciones de azúcar cubana y también les recordó "los centenares de millones de dólares de intereses norteamericanos que están en tierra cubana". El 15 de octubre de 1960, Castro confiscó la propiedad urbana de los estadounidenses. La administración de Dwight Eisenhower respondió cuatro días después prohibiendo las exportaciones a la isla, salvo algunos alimentos, medicinas y suministros médicos, y redujo a cero las importaciones de azúcar de Cuba.

Comenzaba así uno de los embargos económicos más largos de la historia de Estados Unidos, incluso de mayor duración que el más famoso de todos; el embargo de Thomas Jefferson contra Inglaterra y Francia, impuesto en 1807 por las amenazas contra los navíos y tripulantes norteamericanos.

En 1966, la Ley Helms-Burton, bautizada paradójicamente Ley de Libertad y Solidaridad para Cuba, incorporó las regulaciones del embargo aplicado a la isla. Los Títulos I, II y IV pretenden conseguir apoyo internacional y condicionan su levantamiento al desmantelamiento del sistema político cubano y a la devolución de las propiedades confiscadas.

 Las disposiciones del Título III procuran impedir las inversiones extranjeras en Cuba mediante juicios en cortes norteamericanas contra aquellos empresarios extranjeros que realicen negocios en la isla, facultades que han sido suspendidas repetidamente. El presidente George W. Bush lo hizo en 16 ocasiones; el presidente Barack Obama lo ha hecho dos veces para "beneficio de los intereses nacionales de Estados Unidos" y "la transición a la democracia en Cuba".

En los últimos 20 años, especialmente después de la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la presión para su eliminación crece con el tiempo. A nivel internacional, la Organización de Naciones Unidas ha condenado reiteradamente el embargo contra Cuba; la última votación fue 187 a 3. La OEA, luego de expulsar a Cuba, le ha transmitido una invitación para su regreso, sin éxito.

Los embargos pretenden ser prohibiciones legales aplicadas a los flujos comerciales. La experiencia enseña que todos saben cómo comienzan, pero pocos ven como terminan. Su legalidad se desvanece con el pasar del tiempo, como lo hace su justificación inicial, por sólida que sea.

La revista Fortune publicará en su próximo número un artículo titulado Fifty Years of Failure: Petrified U.S. Policy Toward Cuba, de Jay Mallin y Don Bohning, versados periodistas en los temas cubanos. Mallin y Bohning sostienen que el embargo "es esencialmente absurdo y no consigue nada"; ha sido "bueno para el Gobierno de Castro, pues le da una excusa por sus fracasos". "La lógica indica", concluyen, "que Estados Unidos debería lidiar abiertamente con Cuba para ayudarla a que vuelva por el camino de la democracia".