Arizona vuelve a la carga

El Nuevo Herald

Los cavernícolas de Arizona evidentemente no están satisfechos con haber recurrido a los perfiles raciales para perseguir a los inmigrantes indocumentados. También han prohibido los estudios étnicos en las escuelas públicas y ahora quieren denegarles la ciudadanía norteamericana a los hijos de indocumentados nacidos en Estados Unidos. Esto último violaría de manera flagrante el principio constitucional que afirma: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sometidas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del estado donde residen'' (Enmienda 14). Pero a los cavernícolas de Arizona les tienen sin cuidado la Constitución y otras sutilezas legales. Se han embarcado en una aventura de matonismo y abusos cuyas víctimas declaradas son los inmigrantes indocumentados y, por extensión, todos los hispanos que viven en ese infortunado estado.

Para tratar de justificar su extremismo, los cavernícolas de Arizona se toman groseras libertades con la verdad. Sostienen, por ejemplo, que los indocumentados impulsan la delincuencia en el estado, a pesar de que durante varios años consecutivos las estadísticas de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, sugieren que la delincuencia en Arizona ha ido disminuyendo y que es, de hecho, uno de los estados más seguros de la nación. Los delitos violentos descendieron allí de 532 por cada 100,000 habitantes en 2000 a 447 por cada 100,000 habitantes en 2008, el último año en que se recopilaron estos datos. Es una tasa de criminalidad bastante inferior a la media nacional, que es de 532 por cada 100,000 residentes. Los delitos contra la propiedad han aumentado ligeramente, pero no hay pruebas de que esto sea culpa de los indocumentados.

Como era de temerse, otros extremistas en otras ciudades y estados han adoptado ya o se preparan para adoptar medidas similares contra los inmigrantes en general y contra los hispanos en particular. Azuzados por políticos fanáticos, 57 por ciento de los votantes de Fremont, en Nebraska, acaban de adoptar la prohibición de darles trabajo o alquilarles vivienda a los indocumentados en momentos en que al lugar se están mudando miles de hispanos. Los extremistas se sienten alentados por el margen de acción que les está dejando el pobre liderazgo del presidente Barack Obama y los dirigentes demócratas del Congreso en materia de inmigración. Obama y algunos congresistas de su partido han manejado un discurso tibio y ambivalente, prometiendo reformas que no llevan a cabo y titubeando ante cada agresión que cometen los cavernícolas. Esta actitud vacilante y ambigua tendrá que cambiar si se quiere evitar que se siga propagando la intolerancia hacia los inmigrantes y el racismo contra los hispanos.

Por declaraciones que hizo la secretaria de Estado Hillary Clinton en el extranjero nos enteramos de que el gobierno de Obama aparentemente decidió retar en corte la ley de Arizona contra los indocumentados. Ojalá sea cierto. El Departamento de Justicia del secretario Eric Holder tiene la palabra. Esa deseable demanda judicial representaría el primer paso importante para que el gobierno federal reafirme la autoridad que le concede la Constitución en cuestiones migratorias. El siguiente paso debería ser aún más decisivo: realizar la mil veces prometida reforma integral a la ley nacional de inmigración, una de las razones por las que Obama conquistó el voto abrumador de los hispanos en las elecciones presidenciales.

Una reforma migratoria que a un tiempo refuerce el control de las fronteras nacionales y garantice un trato humanitario y justo a los inmigrantes, inclusive a los indocumentados, sería la mejor respuesta a los extremistas. Les privaría de cualquier excusa para seguir promoviendo, en comunidades que controlan, medidas discriminatorias y crueles contra los inmigrantes y quienes les tienden una mano amiga. Esas medidas están emponzoñando las relaciones entre las distintas comunidades étnicas. El Presidente y el Congreso pueden y deben unirse con firmeza a los esfuerzos que ya realizan otras personas de buena voluntad para ponerle coto de una vez y por todas a esta imprevisible campaña de odio e intolerancia que ni siquiera respeta la Constitución del país.