Guatemala: Lo bueno, lo malo y lo feo

Lo bueno:  La Constitución enmarcó el retorno a la democracia. La introducción y el Título I son inspiradores. La persona y la familia son lo primero: el Estado se debe a ellos y no viceversa. Otros países envidian la claridad con que se defiende y protege la vida y la libertad individual en los primeros artículos.   Claramente se busca una estructura de gobierno al servicio del ciudadano, descentralizada y con división de poderes. Intenta proteger a cada guatemalteco contra la tiranía de los gobernantes y la discriminación. Los constituyentes crearon una Corte de Constitucionalidad para hacer valer los derechos constitucionales y ventilar posibles dudas o ambigüedades. Además, previeron un procedimiento de enmienda. 

Lo malo: Los constituyentes reconocieron, pues, que la Carta Magna  es perfectible, como cualquier producto humano. Es un documento desarrollado, no de principios generales y abstractos. Contiene ciertas contradicciones internas. Con el paso del tiempo, vimos obstáculos para evitar la politización de las decisiones públicas, dentro del Organismo Judicial y la misma Corte de Constitucionalidad, entre otros. También vimos crecer la corrupción, la sobrereglamentación, el abuso del poder arbitrario y la burocracia en el quehacer gubernamental, sin que la Constitución constituyera una freno efectivo. Nuestro aparato político podría funcionar mejor con algunas enmiendas a la Constitución, muchas de las cuales han sido sometidas a una intensa y necesaria discusión nacional. Por ejemplo, sería más inmune a presiones políticas un magistrado que ejerce su cargo en forma vitalicia. 

Lo feo: No da lo mismo cualquier reforma. Es posible retroceder en lugar de avanzar hacia el Estado de Derecho real. Debemos, ante todo, temer la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por cuatro razones. Primero, sólo una ANC puede modificar el artículo 278 y el Capítulo 1 del Título II. Hay poderosos intereses que quieren ostentar el poder sin límites, pudiendo eliminar o modificar las prohibiciones para optar al cargo de presidente o vicepresidente, entre otros. Segundo, el crimen organizado podría influir sobre la redacción del articulado para garantizar su continuada manipulación de las entidades públicas, sobre todo en el sector justicia. 

Tercero, hay quienes buscan ávidamente la legalización del asesinato (aborto y eutanasia). Cuarto, dicha asamblea corporativista tendería a producir una desarrollada lista de intereses, con lo cual no lograríamos un texto más coherente y basado en principios.