Protestas en Arizona se tornan violentas

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PHOENIX. - Las protestas contra la ley en Arizona que permite a la policía detener a gente sólo por sospecha de ser indocumentados se intensificaron el lunes, cuando un grupo de vándalos embarró frijoles refritos en forma de esvásticas en las ventanas del Capitolio estatal, mientras el gobierno federal evalúa su respuesta a la legislación.

La manifestación ocurrió después de que miles de manifestantes se reunieran durante el fin de semana para expresarse contra las normas que penalizan ser un indocumentado en el estado.

Los oponentes sostienen que la ley llevará a una etiquetación basada en estereotipos raciales cuando se hagan detenciones y convertirá a Arizona en un "estado policial" ya que la nueva ley requiere que los agentes interroguen a la gente sobre su situación migratoria si sospechan que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.

Los jornaleros pueden ser arrestados por solicitar empleo si no tienen papeles que demuestren su estancia legal en el país y los departamentos de la policía pueden ser demandados si no cumplen con la ley.

Por su parte, los simpatizantes de la ley, que entraría en vigencia en julio o agosto, sostienen que es necesario proteger a los habitantes de Arizona de delitos cometidos por inmigrantes ilegales. Arizona, fronterizo con México, cuenta con unos 460.000 indocumentados viviendo en su territorio.

La gobernadora Jan Brewer, que aprobó la iniciativa el viernes, argumenta que Arizona debe tomar estas medidas porque el gobierno federal no ha podido detener el flujo de inmigrantes ilegales y drogas que pasan por Arizona desde México.

El representante legal de la ciudad de San Francisco, Dennis Herrera, pidió a los funcionarios de esa localidad para que suspendan los tratos con Arizona y sus empresarios. Dirigentes de México y California han solicitado también un boicot, al igual que el líder de derechos civiles Al Sharpton.

Durante una reunión pública en Tucson, Brewer desestimó los amagos de boicot. En declaraciones citadas por el periódico Arizona Daily Star, consideró que la ley no tendrá "el tipo de impacto económico que algunos creen que podría tener".

La gobernadora confió en que se desvanecerá la irritación por la facultad otorgada en la ley a la policía para solicitar documentos de ciudadanía.

La ley ha despertado el debate nacional y atraído la atención del gobierno del presidente Barack Obama y el Congreso. Obama calificó la ley como "irresponsable" e instruyó al departamento de Justicia para que examine el caso y determine si es legal.

La ley señala como delito el hecho de estar en el país sin documentos. Los inmigrantes que no puedan proporcionar papeles migratorios válidos podrían ser arrestados, encarcelados hasta por seis meses y recibir una multa de 2.500 dólares.

Los policías de Arizona arrestarán a las personas que no tengan documentos y los entregarán a los oficiales federales de inmigración. Los oponentes señalan que el gobierno federal puede bloquear la ley si se niega a aceptar a los detenidos.

La periodista de AP Julianna Barbassa en San Francisco contribuyó en la información.