Venezuela: Esclavitud contemporánea

Correo del Caroní

La fuga a Estados Unidos, de un grupo de médicos cubanos residentes en Venezuela, ha servido para exponer ante la opinión pública lo que tipifica, sin lugar a dudas un crimen de lesa humanidad cometido en perjuicio de los citados trabajadores. Nos referimos a las denominadas formas contemporáneas de esclavitud, FCE.

A partir de 1981, cuando Mauritania la abolió mediante decreto, no existe ningún país en el mundo que la permita, al menos desde el punto de vista formal. Por lo demás, existe numerosa normativa internacional al respecto: la Convención Internacional de Abolición de la Esclavitud (1926) y su protocolo suplementario (1956), la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (artículos 4 y 23), los Convenios Internacionales sobre los Derechos Civiles y Políticos y sobre los Derechos Sociales y Culturales, el Protocolo Adicional sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y más reciente, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. En Venezuela la prohíbe la Constitución y el Código Penal la castiga.

Pero una cosa es la ley y otra, las repugnantes realidades. En, 1998, el Grupo de Trabajo contra la FCE (a partir de 2007 elevado a la condición de Relatoría de NN UU), contabilizó 20 millones de esclavos.  Jamás en la Historia hubo tantos, más allá de la disminución de su proporción en relación con la población de la Tierra.

Sus causas son múltiples y por desgracia, constantes. Pobreza, desempleo, falta de instrucción, vulnerabilidad de grupos, como mujeres, niños, indígenas y  migrantes. La falta de percepción o aceptación que en pleno siglo XXI la práctica persiste, tampoco ayuda a su combate eficaz.

La modalidad más expandida de las FCE es el trabajo en condiciones vejatorias.

En su informe de julio de 2009, Gumara Shahian, titular de la mencionada relatoría así lo reiteró.  Retención a los trabajadores migrantes de sus pasaportes; constitución de miembros de sus familias como colateral o garantía de deserciones laborales; pago del salario, directo, a la persona, organización o gobierno “negrero” y liquidación al obrero, por estos últimos, de una cantidad substancialmente menor; trabajo para pagar deudas u obligaciones supuestamente preexistentes a favor del empleador, todo para concluir con el enrolamiento involuntario, a través de la coacción física, moral o política.

El documento de la señora Shahian, tiene un mérito particular. Las FCE la practican, mayormente, grupos económicos particulares (64%). Pero hay un 20% -y así lo reconoce sin ambages la Relatoría-  en que los perpetradores son gobiernos o grupos militares.

La denuncia del “negrerismo” gubernamental constituye un avance importante. Pongamos por caso. El único que debe percibir su salario es el trabajador. Un gobierno que exporta a un Estado extranjero un contingente de médicos, entrenadores deportivos, supuestos expertos en registros y notarías y que percibe por cada migrante una cantidad mucho mayor a la que al final  le liquida a cada trabajador, incurre en FCE.

Los galenos cubanos que de Venezuela se fugaron a EE UU, han reiterado lo que muchos sabíamos. Dejaron en Cuba a sus padres, parejas o hijos, como colaterales o garantías que no se marcharían de nuestro país. Cada uno de ellos percibía salarios substancialmente menores a lo que Venezuela le paga por sus servicios a la satrapía de los hermanos Castro, amén, que sus pasaportes permanecían, en prenda, en la embajada de Cuba en Caracas.

¿Y qué autoridad juzga y castiga tales crímenes?

Esa es otra realidad que alienta el mencionado delito. Ni en Venezuela ni en Cuba existe poder judicial, independiente y autónomo. Menos mal que en esos se activa la Justicia Penal Internacional y a falta de ésta, las denominadas competencias residuales que pueden ejercer algunos Estados, de manera individual, sin importar el lugar donde se hubiesen cometido los delitos, ni la nacionalidad de las víctimas.
 
Pronto, veremos a nuestros “Negreros del Siglo XXI”, sentados en sus correspondientes banquillos.
 
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