Negocios turbios: la estancada lucha contra la corrupción en América Latina

América Economía

Pese a sus modestos inicios, Franklin Durán y Carlos Kauffman estaban bien encaminados para convertirse en magnates. En una década, los venezolanos habían erigido un conglomerado con operaciones en el sector de la construcción, en el petroquímico, en la venta de aceites y en el dispendio de gasolina en su país. Pero su principal fuente de ingresos no provenía de estas actividades. Su verdadero negocio, el que les había permitido surgir y vivir en la opulencia, era el negocio de la corrupción.

Ambos operaban un supermercado del enriquecimiento ilícito, con un menú de opciones que iban desde el tradicional pago de sobornos para asegurarse jugosos contratos de construcción a cambio de pagarles a las autoridades el 15% del valor de las obras, hasta esquemas más sofisticados como la recompra de activos que les permitía adquirir –en confabulación con funcionarios de alto rango– edificios y bonos del Estado devaluados que a la vuelta de la esquina eran vendidos al gobierno al doble del precio inicialmente pagado. El negocio principal, sin embargo, era el de la intermediación bancaria. Bajo este mecanismo, los socios contactaban a diferentes bancos para que compitieran por las colocaciones de los presupuestos de ministerios, gobernaciones y hasta de ramas de las Fuerzas Armadas, a cambio de lo que recibían entre 5% y 10% del total depositado. La recompensa era compartida con los titulares de los organismos. Al ser interrogado en una corte de EE.UU., durante un juicio abierto contra su socio, sobre por qué un banco venezolano estaría dispuesto a pagar decenas de millones de dólares en sobornos para captar fondos, Kauffman se limitó a decir: “porque así es como funcionan las cosas allá”.

La cínica respuesta del venezolano tiene fundamento: así siguen funcionando muchas cosas en América Latina. Los sobornos, el tráfico de influencias y los negocios turbios sistemáticamente distorsionan la participación empresarial en múltiples industrias y en múltiples países del hemisferio, engendrando un ambiente donde el éxito depende menos de la calidad de los productos y servicios ofrecidos y más de los montos que se está dispuesto a pagar debajo de la mesa. Se trata de una perniciosa cultura que no ha disminuido con la instauración de regímenes democráticos, gracias a su altamente corruptiva capacidad de generar fortunas y la falta de voluntad política para combatirla. El resultado final para las naciones es uno de ruina y de miseria; la práctica no sólo fomenta el saqueo de las arcas públicas, sino que entorpece silenciosamente los esfuerzos de la región por modernizarse, competir y abrir sus economías al libre mercado.

No son pocos los estudios que han estimado el impacto directo de la corrupción en el bienestar de la población. “Nosotros lo llamamos el dividendo de desarrollo de 300%”, dice el director del Instituto del Banco Mundial (WBI), el chileno Daniel Kaufmann, quien asegura que eliminar la corrupción permite triplicar el PIB per cápita de los países en desarrollo y de mejorar en la misma proporción los esfuerzos gubernamentales por elevar el alfabetismo y la competitividad de sus economías.

El problema es que sus tentáculos son más largos de lo que se cree. Según un sondeo realizado por una agrupación de firmas de abogados, liderada por la estadounidense Miller & Chevalier Chartered, que encontró que un 70% de los ejecutivos consultados en América Latina cree haber perdido negocios porque sus competidores estuvieron dispuestos a pagar sobornos. Coincide en ello el World Business Environment Survey, realizado por el Banco Mundial, que encontró que un 74% de las empresas de la región ven a la corrupción como un obstáculo para sus operaciones y para el crecimiento de sus negocios. “La corrupción no es un fenómeno abstracto que se lee de vez en cuando en los titulares de los diarios”, dice Homer Moyer, uno de los socios de Miller & Chevalier Chartered. “Para la mayoría de las empresas de la región, la corrupción es un problema serio, uno que impacta directamente a sus negocios”.

Aunque difícil de estimar debido a la naturaleza velada de este tipo de práctica, los montos pagados por las empresas por adquirir ilegalmente permisos, o para adquirir ventajas comparativas debajo de la mesa, son enormes alrededor del mundo. Un estudio elaborado por el Instituto del Banco Mundial calcula que este monto supera el billón de dólares (un millón de millones) en el mundo. En América Latina, las estimaciones coinciden en que el total podría ascender a entre el 2% y el 7% del PIB regional, monto que equivale a entre los US$ 60.500 millones y los US$ 212.000 millones.

Lucha estancada

El mal no afecta a todos los países por igual. Según Transparencia Internacional, ONG considerada como la autoridad mundial en el tema, algunos países de la región, particularmente Chile y Uruguay, cuentan con niveles de corrupción sumamente bajos, mientras que otros, como Venezuela, Paraguay y Ecuador, están en el extremo que rivaliza con naciones africanas por la distinción de estar entre las más corruptas del mundo. Pero hay algo en común para todos: ninguno muestra grandes mejoras. “La lucha contra la corrupción está estancada en América Latina”, advierte Alma Rocío Balcázar, directora de programas del sector privado de Transparencia por Colombia. “Hay algunos países que han retrocedido en los últimos años, mientras que en muchos otros no se está mostrando ningún tipo de avance”.

John Price, director gerente de la consultora de seguridad Kroll Infoamericas, dice que en ciertos sectores no se puede competir si el empresario no está dispuesto a pagar dinero debajo de la mesa. “En la industria de los equipos médicos, por ejemplo, hay ciertas compañías internacionales que ni siquiera quieren establecer redes de distribuidores en ciertos países de la región porque han determinado que es casi imposible competir sin ser corruptos”, dice Price, cuya firma asesora a empresas internacionales sobre las condiciones de negocios en América Latina.

Además del sector de salud, donde es común que directores de hospitales y ministerios exijan pagos a cambio de jugosos contratos, su firma también ha detectado prácticas de corrupción en el sector de la educación, el sector energético y el de defensa, las cuales suelen ser dominadas por extensos aparatos burocráticos del Estado. Su firma también ha detectado irregularidades en los hábitos de compra realizadas a nivel de los municipios. “En algunos países nos dimos cuenta de que las grandes compras de los gobiernos municipales se realizaban cerca del final de la administración. Es en ese momento, con las grandes compras, cuando se puede hacer mucho dinero”.

Las irregularidades en las compras casi nunca son investigadas, incluso cuando el nuevo gobierno queda en manos de otro partido. ¿Por qué? “Porque saben que es una práctica que ellos mismos van a repetir. Hay excepciones, pero es una práctica histórica que nadie parece estar dispuesto a romper”, dice Price, de Kroll Infoamericas.

La práctica no ha disminuido con la emergencia de la democracia en la región. Kurt Weyland, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Texas, dice que incluso en algunos regímenes democráticos se introdujeron mecanismos para estimularla y esparcirla entre un mayor número de niveles. “Durante los regímenes militares, el empresario que quería lograr algo tenía que pagarles a pocas personas porque el poder estaba concentrado en pocas manos”, dice Weyland. “Lo que vimos bajo un régimen democrático es que los pagos eran más frecuentes porque el poder quedó repartido entre un mayor número de personas que controlaban las esferas de influencia a nivel local, a nivel estatal y a nivel nacional”.

"Rehenes"

Sectores más suceptibles a la corrupción

^{Ranking va desde las industrias más vulnerables a la corrupción a las menos vulnerables.
Fuente: Transparencia Internacional}

¿Qué tan extensa es la práctica bajo la democracia? “Es difícil decirlo”, opina Rafael Di Tella, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard. “El problema es que no hay buenos estudios comparativos que se remontan a tanto tiempo para incluir cómo era la situación bajo las dictaduras, pero la evidencia que tenemos es que no ha mejorado. La gente tenía la fantasía durante la dictadura que con la democracia se iban a terminar los abusos, pero no ha sido así”.

Y lo que es peor, la población parece estar acostumbrándose a ello. “La gente demanda muchas cosas, una de ellas es la honestidad, pero cuando hay políticos que logran cumplir con algún tipo de expectativa, por ejemplo, si son muy eficientes en entregar servicios que le importen al público, el público está dispuesto a tolerar mucha corrupción”, dice Di Tella.

Marta Lagos, directora de la firma de sondeo de opinión Latinobarómetro, dice que es mucha la tolerancia del electorado en lo que a la corrupción se refiere. Eso puede verse en numerosas elecciones donde escándalos de corrupción han tenido poca mella en los resultados de los comicios. “La gente está acostumbrada a ver la corrupción. Es lo normal. Lo anormal es que aumente mucho, pero si está dentro de lo que ha sucedido siempre, deja de ser un tema electoral porque no hay nadie que se pueda salir de esa caja”, dice Lagos.

Burócratas y empresarios

Para los investigadores, existe una estrecha relación entre la corrupción y el tamaño del aparato estatal y su control sobre la economía. Esto no se debe a que las organizaciones burocráticas sean nocivas en sí mismas, sino porque éstas y las normativas que ellas supervisan crean el marco en que funcionarios y empresarios inescrupulosos pueden operar.

En algunos casos, la situación es agravada por los muy bajos salarios que los empleados reciben. “En muchos de los países de América Latina, la corrupción es la principal fuente de ingresos para los burócratas que reciben bajos salarios”, dice Weyland, de la U. de Texas. “En escenarios como éstos, se crea cierta cultura del funcionario público bajo una mentalidad de crear problemas para que los empresarios se vean obligados a gastar dinero en resolverlos”.

Pero no es cosa sólo del sector público. Muchas veces son los empresarios los que inician la actividad, ofreciendo grandes cantidades de dinero a altos funcionarios del gobierno para obtener contratos de compra, calificar en licitaciones o incluso para que legisladores redacten leyes y reglas que les beneficien directamente. En ocasiones, estas empresas son extranjeras, como quedó revelado recientemente con el escándalo de Siemens, luego que el gigantesco conglomerado alemán admitiera haber pagado decenas de millones de dólares en sobornos. “Hemos visto casos que involucran firmas de todo tipo, incluyendo suizas, estadounidenses, alemanas y francesas”, dice Luigi Manzetti, profesor de Ciencias Políticas de la Southern Methodist University, quien también ha estado siguiendo el fenómeno de cerca. “Normalmente ha sido en adquisición de bienes y servicios, como sucedió hace unos años en Argentina, cuando IBM pagó gran cantidad de dinero para conseguir contratos. En el caso de las privatizaciones latinoamericanas, ha sido bien documentado que cuantiosas cantidades de dinero fueron pagadas para privatizar algunas de las grandes compañías de servicios públicos en el área de las telecomunicaciones, el área del suministro eléctrico”.

Obviamente, si una empresa gana una concesión pagando grandes cantidades de dinero, la empresa tiene que de alguna manera recuperar ese monto invertido, lo que en muchos casos ha conllevado autorización por parte del Estado para cobrar altas tarifas por el suministro de los servicios. E incluso ahora que la ola de privatizaciones que la región emprendió en los 90 ha acabado, la práctica no ha desaparecido del todo. “Lo que sucede hoy en países que cuentan con agencias de regulación débiles es que las compañías logran conseguir tarifas que les beneficien a través del pago de sobornos”, dice Manzetti.

En nada ayuda que muchas de las reuniones donde se fijan las tarifas se realicen a puertas cerradas sin que la prensa o el público tenga acceso a ellas. Aun así, Manzetti dice que es poco probable que alguien vea a un ejecutivo de alguna transnacional negociando directamente con algún ministro. “Hoy en día si una empresa grande quiere ingresar al mercado, lo primero que hace es contratar una firma de abogados muy prominente para que le maneje el trabajo sucio. Pero ellos de ninguna manera estarían poniendo sus propios nombres en riesgo, sino que harían uso de intermediarios para que les resuelvan cualquier problema que surja”, dice. “Y esto pasa todos los días”.

La muerte del capitalismo. Algunos plantean que la corrupción tiene un lado amable cuando ayuda al empresario a resolver rápidamente problemas burocráticos para agilizar el desembolso de las inversiones en el país. Pero incluso ese punto es rechazado por muchos expertos, quienes señalan que los problemas causados por la práctica superan innumerablemente cualquier beneficio que podría engendrar en un corto plazo. Además, desincentiva la inversión extranjera directa.

El impacto de la corrupción en los costos de producción es notorio. Y va al alza. En Brasil, por ejemplo, poco después de la transición al régimen democrático, “el costo total de la corrupción por transacción aumentó”, dice Weyland. “Solía ser entre 8% y 10% bajo los militares y ese monto fue incrementado a niveles de 15% e incluso de 20%”.

La lista de males de la práctica no termina allí y algunos de los más comúnmente mencionados incluyen el incremento de los costos de producción para el empresariado y de la inseguridad jurídica debido a que las prácticas son realizadas en secreto, y en caso de alguna violación a lo acordado las partes no pueden acudir a las cortes para solucionar el conflicto.

Indice de percepción de la corrupción 2009

La valoración PCI de un país muestra el grado de corrupción del sector público tal como es percibido por empresarios y analistas y varía desde 10 (país altamente transparente) hasta 0 (país altamente corrupto). Ranking PCI

^{Fuente: Transparencia Internacional}

Por otro lado, los expertos coinciden en que la corrupción disminuye el crecimiento económico porque recorta la tasa marginal de retorno sobre las inversiones, además de restringir el concepto de la libre competencia al distorsionar los incentivos y las fuerzas del mercado, lo que conlleva la mala distribución de recursos.

Asimismo, la corrupción permite a algunas firmas a obtener ilegalmente valiosas licencias para mantener accesos preferenciales a los mercados, lo cual conduce a una competencia imperfecta y la creación de monopolios. “La corrupción es una barrera fortísima para la competencia de las empresas, tanto en el mercado doméstico como en el mercado internacional”, advierte el profesor de Estudios Económicos Aplicados del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Daron Acemoglu, uno de los autores del estudio Kleptocracy and Divide-and-Rule: A Model of Personal Rule.

La corrupción también está ligada con los problemas de imagen del capitalismo. “Un problema que tienes cuando tienes alta corrupción en el gobierno es que terminas criticando a las empresas y terminas generando mucha aversión al capitalismo”, dice Di Tella, de la Escuela de Negocios de Harvard. “La corrupción crea una situación donde el que gana no es necesariamente el más eficiente, sino el que está dispuesto a pagar más, lo que populariza la noción de que a las empresas que les va bien son empresas tramposas”.

Un sentimiento que fomenta a su vez las corrientes políticas contra el empresariado y el libre mercado. Manzetti, de Southern Methodist University, dice que ésa es la razón por lo que en la región comienza a producirse una corriente para que el Estado retome el control de empresas previamente privatizadas. “La corrupción da municiones a líderes como Chávez en Venezuela, Morales en Bolivia y Kirchner en Argentina, para qué renacionalicen algunas de las compañías, bajo el argumento de que algunas de éstas fueron adquiridas bajo la tutela de la corrupción y que por ende el gobierno tiene la obligación de intervenir para resguardar los intereses del público”.

Según Di Tella, ésta es una buena razón para que los hombres de negocios se sumen a la lucha contra la corrupción, absteniéndose de participar en la práctica y en segundo plano denunciando los casos en que otros empresarios incurren en ella.“El gobierno no lo va a hacer”, dice Di Tella. “Luchar contra la corrupción no será prioridad en los gobiernos donde los funcionarios se benefician de ella. Entonces la pregunta es ¿quién va a hacer algo? Y de lo que deben darse cuenta los empresarios es que a ellos les va muy mal en América Latina debido a la corrupción y que cuando incurren en ella se están suicidando a largo plazo”.