Dictadura exprés
Cada día se hace más evidente que al presidente Hugo Chávez se le está haciendo muy cómoda su decisión de hacer lo que le dé su real gana con el país y con sus pobladores. Ya ni siquiera se molesta en guardar las apariencias o inventar excusas medianamente creíbles para quitarle al venezolano lo que es suyo, como son los derechos a la libertad y a la propiedad. Menos aún le importan las consecuencias nefastas que sus acciones y políticas puedan acarrear a los venezolanos.
Esta dramática realidad quedó plasmada para la posteridad en su alocución del 14 de octubre, cuando “razonó” la medida de expropiación forzosa decretada, sin aviso ni protesto, en contra del Complejo Hotelero Margarita Hilton & Suites y la Marina.
Ante las cámaras de televisión el gran mandatario, en un arranque de “suprema manifestación de sinceridad”, aseveró que la orden de expropiación la había dado porque, a pesar de que el Estado era accionista minoritario del Complejo Margarita Hilton & Suites, el gobierno había tenido que “pedir permiso” para realizar en ese lugar la Cumbre de África-Sudamérica, donde Chávez compartió experiencias con los más selectos dictadores del mundo.
Es necesario aclarar que entre “las trabas” que no mencionó el mandatario habían varias decenas de reservaciones realizadas por turistas de diferentes países y propietarios de tiempo compartido desde hace mucho tiempo. Es decir, la administración del Complejo tenía compromisos difíciles de romper con cientos de personas, so pena de tener que pagarles importantes compensaciones, además del hecho de que esto constituye un grave precedente para una Isla como Margarita que vive del turismo.
Sin embargo, las expropiaciones, confiscaciones y apropiaciones de bienes privados por parte del gobierno, por capricho presidencial o de alguno de sus acólitos, no son cosas nuevas en estos tiempos de revolución comunista. Sólo, por enumerar algunas de las que antecedieron a la expropiación del Margarita Hilton & Suites y su Marina, basta recordar: el Banco Venezuela, cuya venta al Banco Occidental de Descuento fue saboteada por el gobierno, para luego someterlo a una compra forzosa por parte del Estado. La Marqueseña, a cuyo dueño no le valió de nada acogerse a la Constitución ni tratar de negociar con el “método Chaaz”. O las empresas petroleras de la Costa Oriental del Lago, a pesar de que muchos de sus propietarios fueron de apoyo incondicional al mandatario durante el paro cívico petrolero de 2002-2003.
Lo único nuevo en este tipo de proceder, en tiempos de revolución comunista, es que la “justificación” dada por el mandatario “sencillamente” significa que él (Chávez) es quien manda en el país y por tanto aquí se hace lo que a él (Chávez) le de la gana. Y quien aún crea que es sólo en materia de propiedades está bien, pero bien equivocado.
En la Venezuela de hoy, Chávez es, incluso, el hacedor de leyes acomodaticias, que ordena promulgar a su antojo y ya ni siquiera guarda las apariencias para hacer creer que cumple con los preceptos constitucionales. De hecho, la Asamblea Nacional ya ni se molesta en montar el parapeto del “parlamentarismo de calle”, inventado para dar la sensación de participación y de esfuerzo por informar a la ciudadanía, tal como quedó evidenciado con la promulgación de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y con las últimas modificaciones que se hicieron clandestinamente a la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
Lo lamentable en esta dictadura que se gesta en Venezuela es la ausencia de instituciones que la enfrenten o la frenen. Y lo dramático es que tampoco se ve en la población, en sus dirigentes políticos ni en los representantes de la sociedad civil arrojo alguno para impedir el secuestro exprés que se le hace a la democracia en Venezuela. (AIPE)
Robert Bottome y Norka Parra son director y analista, respectivamente, de VenEconomía.
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