Similitudes

El Expreso de Guayaquil

La Ley de Prensa que será aprobada por la Asamblea Nacional, cumpliendo con una disposición constitucional, será la del Gobierno, presentada a través del asambleísta Rolando Panchana. Los otros proyectos serán, a lo más, para enriquecer algunos aspectos y dar la apariencia de sensibilidad en las discusiones.

Se nota a primera vista que ese proyecto tiende, como se calculaba, a dar al Gobierno un control de los medios y del ejercicio del periodismo, poniendo énfasis en los “contenidos”, esto es en la expresión del pensamiento que abarca no solo a los cronistas que difunden noticias, sino también a los articulistas y a todos aquellos que emiten opiniones para conocimiento público.

El proyecto, además, enfoca de manera especial dos aspectos entre el cúmulo enorme de proyecciones del ejercicio periodístico: el ya dicho control de contenidos y el acceso a las fuentes oficiales de información. El control previo de contenidos o el juzgamiento luego de su difusión, no es nada más que censura. Eso está claro.

El meollo de todo está en ese súper organismo llamado Consejo Nacional de Comunicación e Información, que será dominado por el Gobierno, y que tiene facultades de vida o muerte para los medios, ante el cual deben inscribirse anualmente; una espada de Damocles, cuyo hilo lo sostienen en Carondelet.

Y en este Gobierno, esta actitud es consecuencia de la doctrina de la socialismo siglo XXI, que prevé que los medios de comunicación sean dependencia del Gobierno, y, por lo mismo, que los periodistas expresen el pensamiento oficial. Esta tendencia, aún antes de que se haga ley, la hemos comprobado aquí desde hace algún tiempo.

En Venezuela, el asunto ha ido mucho más allá; Chávez se goza de suprimir canales de televisión, de clausurar radiodifusoras y periódicos escritos; lo hace por grupos, el último estuvo formado por más de 20 emisoras. Y el gobierno Kirchner de Argentina, que está en este mismo camino del chavismo, acaba de enviar 200 agentes tributarios -algo así como el SRI-, para que examinen “las instalaciones” del grupo del diario Clarín, que es un periódico no gobiernista de Argentina. Se trata de un hostigamiento que “se conecta con el envío al Congreso de un polémico Proyecto de Ley de Medios Audiovisuales, que el gobierno intenta sea aprobado”. ¡Las similitudes son muy elocuentes!