Multimedios K

La Nación

En el mundo del Rey ya no se necesitarán espejos ni habrá que preocuparse por alquilar adulones: los sabios descubrieron que la mejor manera que tiene el monarca de proyectar sus imágenes y conocimientos a una sociedad ciega, que se resiste a comprenderlo, pasa tan sólo por dominar todas las cámaras y pantallas y, si es posible, también a sus empleados.

Algo de esto hay debajo del proyecto de medios que impulsa el Gobierno en el Congreso: sueños de reelección, intención de controlar el discurso para lograr ese objetivo o, por lo menos, para asegurar la impunidad ulterior de sus príncipes. En fin, algún motivo político tendrán para hacer esto. Pero, ¿no habrá también la intención de favorecer algunos negocios de capitalistas amigos?

El proyecto, además de contener puntos muy criticables desde la óptica legal y constitucional, incorpora algunas prohibiciones muy difíciles de justificar. Por ejemplo, un canal de aire no puede explotar, al mismo tiempo, una empresa de cable; y el titular de cable, a su vez, no puede difundir más de una señal propia de noticias. Más simple: divido a un grupo y, luego, lo vuelvo a dividir. Lo que sobra, habrá que venderlo. Y, así, no sólo se hará en perjuicio del grupo Clarín, sino con otros muchos grupos competidores. Divide, reinarás, y comprarás barato lo que sobra.

En total violación de derechos adquiridos por empresas de medios a través de licencias y contratos, derechos que permitirían continuar la explotación por muchos años, habrá que vender barato en el plazo de un año. Y, además, la ley establecerá una fecha de defunción para los operadores actuales: más allá de que algunos grupos deberán salir ahora a desprenderse de sus empresas (en el medio, en verdad, habrá muchos juicios contra el Estado), tampoco podrán presentarse a renovarlas una vez que venzan las licencias que logren conservar. La historia de los medios audiovisuales, en la Argentina, quedará dividida en dos períodos, a.K. y d.K., antes y después del kirchnerismo, con perdón de Cristo.

El Gobierno tiene derecho y legitimidad para plantear en el Congreso una discusión sobre los medios de comunicación. Los legisladores salientes todavía están en el ejercicio legítimo de sus cargos. Incluso, no está mal que lo hagan con agresividad.

Lo que sí es ilegítimo no son sus mandatos, sino el ejercicio contra la Constitución de esa facultad: enviaron un proyecto que, como vimos, tiene puntos excesivamente autoritarios, contrarios a la Constitución de neto corte liberal y, además, pretenden aprobarlo sin mayor discusión.

Si un asunto merece más debate que ningún otro, incluso más que las retenciones de las exportaciones agropecuarias, es el que se refiere al marco de referencia legal que se da una sociedad para que se desempeñen el periodismo y las empresas de medios en las que se mueven sus actores.

En efecto, la democracia y los medios nacieron de la mano y deben continuar así, por el bien de la libertad. En el siglo XVIII, cuando se gestaba la nación norteamericana, los diarios emergían como ámbitos de discusión, ayudado por la publicidad que financiaba esa actividad.

Tan importante fue la libertad de prensa en el nacimiento de la democracia occidental, que se la protegió en términos especialmente amplios y garantistas en la Primera Enmienda, en los artículos 14 y 32 de la Constitución argentina y en otros muchos instrumentos nacionales e internacionales.

Es innegable que detrás de los medios privados hay negocios. Los hay porque toda empresa privada tiene el legítimo derecho de ganar dinero y, también, porque los ingresos genuinos de esas empresas son los que permiten a los medios ser independientes del poder de turno e incluso pulsear con ese poder político. Cuantos más factores de poder económico, social y cultural haya en una sociedad, menos poder tendrá el centro político y más necesidad sentirá de buscar consensos y articular acuerdos. Un esfuerzo que, por cierto, al monarca nunca le parece digno de hacer.

Hace casi 25 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que había una ligazón inseparable entre la libertad de expresión, los medios de comunicación y los periodistas -que profesionalmente trabajan en ellos-. Desde entonces, desarrolló una jurisprudencia muy garantista de esa libertad y, en los últimos fallos de 2009, condenó a Venezuela porque el gobierno de Hugo Chávez favoreció el ataque a periodistas y medios.

Ahora, con la excusa de darnos una mejor ley de radiodifusión que la actualmente vigente -que es necesario reformar, por haber sido dictada bajo un régimen militar-, un gobierno nos envía, de un golpe, al pasado remoto.

En lugar de mirar al futuro y favorecer la creación de medios cada vez más fuertes y competitivos -incluso discutiendo si tienen que incorporarse las telefónicas a los medios-, y de favorecer la libertad de expresión y de empresa, tendremos menos medios, estatales y paraestatales (amigos). Así, nos proyectamos a la prehistoria de la democracia. Estamos a punto de ingresar en el año 1 d.K.