Malestar por señales de proteccionismo

Ahora se invirtieron los roles. Los fabricantes de autos no estadounidenses están cada vez más recelosos del rescate gubernamental de General Motors Co. y Chrysler Group LLC.

No es lo único. Un proyecto de ley de gasto aprobado por la Cámara de Representantes hace unas semanas prohíbe que las agencias federales compren vehículos que no hayan sido fabricados por GM, Chrysler y Ford Motor Co. Asimismo, otro proyecto de ley sobre cambio climático aprobado por la Cámara de Representantes parece favorecer a empresas estadounidenses al distribuir US$2.000 millones en fondos gubernamentales para desarrollar vehículos eléctricos. Ambas iniciativas aún tienen que ser aprobadas por el Senado.

Además, se avecina la divulgación por parte del gobierno del presidente Barack Obama de nuevas regulaciones para el ahorro de combustible. Las reglas aportarán más detalles sobre los planes de Obama, anunciados anteriormente, para aumentar el rendimiento de combustible promedio de los autos vendidos en EE.UU. a 14 kilómetros por litro para 2016. Los fabricantes extranjeros temen que las normas se inclinen a favor de GM, Chrysler y Ford.

EE.UU. posee una participación mayoritaria en GM y también una pequeña en Chrysler tras haber impulsado este año a ambas empresas a través de rápidos procesos de bancarrota.

"Es una amenaza", señala Stefan Jacoby, presidente de la filial estadounidense de Volkswagen AG, en referencia al potencial conflicto de intereses que suponen las participaciones del gobierno de EE.UU. en GM y Chrysler. Jacoby afirma que su empresa planea "observar con cuidado" si eso "se traduce en discriminación contra los fabricantes que no reciban sustento de los contribuyentes".

Cindy Knight, una vocera de Toyota Motor Corp. afirma que la estipulación de la Cámara de Representantes que restringe las compras de vehículos del gobierno federal a las tres grandes automotrices del país encendió la señal de alarma. "No tiene precedentes", destaca.

El debate marca un cambio de papel para los legisladores estadounidenses, quienes durante mucho tiempo acusaron a gobiernos extranjeros de imponer políticas que dejaban en desventaja a las automotrices estadounidenses. También es el ejemplo más reciente de las estipulaciones del programa "Compre estadounidense" impulsado por el Congreso, incluido el reciente programa "efectivo por chatarra".

Los legisladores defienden sus políticas como una forma de crear empleos en EE.UU. y ayudar a la industria automotriz en general. El autor de la estipulación que prohíbe que el gobierno estadounidense compre autos fabricados fuera de EE.UU., el representante demócrata Larry Kissell, no quiso hacer comentarios para este artículo.

El gobierno de Obama afirmó que su inversión de más de US$60.000 millones en GM y Chrysler fue una medida que tomó de forma renuente para impedir una mayor catástrofe económica, y que se opondrá a cualquier política que favorezca a ciertas empresas. Los expertos advierten que estas políticas podrían interpretarse como proteccionistas y animar a otros países a tomar medidas similares.