El dilema hondureño

El Comercio, Lima

La crisis en Honduras sigue frustrando a los diplomáticos. Está consumiendo el tiempo y los esfuerzos de líderes mundiales más de lo que cualquiera hubiera podido prever a finales de junio, cuando el presidente Manuel Zelaya súbitamente fue sacado de su lecho a punta de pistola y expulsado del país por los militares.

La Organización de Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas, la Unión Europea e, independientemente, Estados Unidos y Canadá, han condenado el golpe. Han insistido en el regreso de Zelaya al poder y han comisionado al presidente de Costa Rica, Óscar Arias (ganador del Premio Nobel 1987 por su labor para poner fin a los conflictos que durante años habían acosado a América Central), para mediar y encontrar una solución.

Esa solución, empero, sigue siendo elusiva. La razón principal de esto es la misma que, de hecho, podría hacer posible un resultado negociado.

El motivo para el derrocamiento de Zelaya fue la percepción generalizada en Honduras de que planeaba perpetuarse en la presidencia —como sus amigos y partidarios en Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, para no mencionar Cuba— mediante un referendo sobre la reelección, un recurso que no existe en la Constitución.

Sus oponentes tenían que moverse rápidamente, pero Zelaya tenía que hacer otro tanto.

Las próximas elecciones presidenciales están programadas para el 29 de noviembre. Así que, ¿por qué tanta conmoción? Si todos están discutiendo acerca de unos pocos meses más o unos pocos meses menos, ¿por qué no llegar a un acuerdo mediante el cual Zelaya regrese a Tegucigalpa, termine su período, jure no buscar la reelección y el fin de la historia?

No es tan sencillo. Si todo lo que está involucrado es el tiempo, entonces el nuevo gobierno de facto, encabezado por el presidente interino Roberto Micheletti, tiene un incentivo para dejar que el reloj avance.

¿Para qué llegar a un acuerdo, incluso si rechazar la mediación de Arias significa el aislamiento y sanciones económicas? ¿Y para qué llegar a un acuerdo si con solo esperar y quizá programar las elecciones para un mes antes pueden los hondureños dejar todo el problema atrás y dar posesión a un nuevo presidente, elegido democráticamente, en enero?

Esta dinámica explica la trampa que está siendo preparada para el presidente estadounidense Barack Obama, el presidente mexicano Felipe Calderón y otros líderes democráticos latinoamericanos que se han opuesto al golpe contra Zelaya, pero que no quisieran unirse a los países del ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas): Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y quizá pronto también Paraguay.

Dado que los maestros manipuladores en La Habana y sus aprendices en Caracas ya han comprendido cuáles son las tácticas de las autoridades de facto hondureñas, han ideado una respuesta.

Si la jugada consiste en que Honduras celebre elecciones anticipadas, sin acuerdo alguno con Zelaya, a finales de octubre, y luego declare que el asunto de la expulsión del presidente ha dejado de tener relevancia, la respuesta obvia es descalificar esas elecciones.

El mejor argumento para apoyar su caso, piensan, consiste en declarar que “un gobierno ilegítimo no puede celebrar elecciones legítimas”, un punto que, a primera vista, parece irrefutable. Salvo que es históricamente falso, y conceptualmente engañoso.

A lo largo de las últimas dos décadas, las transiciones democráticas en América Latina, Europa Oriental, Asia y África han requerido que una dictadura saliente (ilegítima por definición) acepte elecciones que obviamente preferiría no celebrar pero que no puede impedir.

El régimen autoritario no puede salir antes de las elecciones (a menos que suceda algo dramático, como el derrocamiento en 1989 y la ejecución del presidente rumano Nicolae Ceausescu).

Y esas elecciones siempre estarán parcialmente mancilladas por el hecho de que fueron organizadas por los “tipos malos”.

Eso fue lo que ocurrió durante las ocasionalmente turbulentas transiciones en tales países como: España después de la muerte de Francisco Franco, en 1975, hasta que se celebraron elecciones democráticas en 1977; Chile, bajo el general Augusto Pinochet hasta que un plebiscito en 1988 eventualmente lo llevó a elecciones y a su retiro del poder en 1990; Polonia durante los años de 1989 y 1990, cuando Wojciech Jaruzelski finalmente dimitió después de fracasar en llegar a un acuerdo con Solidaridad y su líder Lech Walesa; y hasta cierto punto en Sudáfrica, bajo F. W. de Klerk durante el período de dos años antes de la primera votación multirracial del país en 1994.

La cuestión no es quién administra las elecciones, sino si son libres y limpias. Y la mayoría de las veces la mejor forma de garantizar eso es mediante observadores internacionales, desde las Naciones Unidas y la OEA hasta el Centro Carter y el Parlamento Europeo.

Los gobiernos ilegítimos pueden realizar y han realizado elecciones legítimas, si se les obliga a ello y si cumplen con ciertos principios fundamentales, internacionalmente aceptados.

Esa es la trampa que la administración Obama y los demócratas latinoamericanos deben evitar a cualquier costo: En lugar de insistir en la índole ilegítima de los sucesores de Zelaya (lo cual es un argumento indisputable pero ocioso), deben concentrar su presión en asegurarse de que el régimen de facto de Micheletti respete los estándares hemisféricos e internacionales en la organización de las próximas elecciones, sea que se programen para octubre o para noviembre, con un acuerdo mediado por Arias o no, y con Zelaya de regreso en Honduras o en el exilio.

Si los demócratas no se dan cuenta de esta estratagema, los países del ALBA —para los que Honduras es mucho más significativa que para Washington o Chile— se robarán la situación, como han tendido a hacer hasta ahora.

Y entonces América Latina, Estados Unidos y Canadá tendrán a Raúl Castro decidiendo cuáles son unas elecciones libres y limpias y cuáles no, y cómo y cuándo deben ser programadas. No es una perspectiva muy atractiva.

El autor fue canciller de México