Brasil: amnistía para ilegales

BBC Mundo

Unos 200.000 indocumentados podrán regularizar su situación legal en Brasil, después de que el presidente Luiz Inacio Lula da Silva aprobó este jueves una amnistía para inmigrantes.

El mandatario sancionó una ley, que había sido tratada el mes pasado por el Congreso, por la cual los ciudadanos extranjeros que llegaron al país antes del 1 de febrero de este año podrán solicitar un permiso de residencia temporal.

"Con este acto, agradecemos a todos los inmigrantes que ayudaron y siguen ayudando a construir nuestro país", declaró el mandatario, ante un grupo de representantes de minorías y extranjeros presentes en un acto en el Ministerio de Justicia de Brasilia.

Según la Ley de Amnistía Migratoria, los residentes ilegales que completen el registro recibirán un documento de identidad extranjero (CEI, por sus siglas en portugués), con una validez de dos años. Transcurrido ese plazo, éste podrá cambiarse por uno de carácter permanente.

Aunque no existen cifras oficiales de indocumentados en Brasil, organizaciones no gubernamentales consultadas por BBC Mundo estimaron que entre 150.000 y 200.000 extranjeros sin papeles podrían beneficiarse con esta medida.

De acuerdo a las estadísticas, serían en su mayoría ciudadanos de origen chino y boliviano, seguidos de paraguayos y peruanos.

En primer persona

El responsable del proyecto de ley, aprobado en el Congreso y luego sancionado por Lula, es el diputado del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña, William Woo.

El legislador federal, nominado por el Estado de Sao Paulo, tomó el trabajo por las minorías indocumentadas como una cruzada personal.

Woo, un paulistano hijo de madre japonesa y padre chino, y casado con una coreana ahora naturalizada brasileña, impulsó su propuesta para mejorar "la situación precaria" de los ilegales, más vulnerables a la explotación laboral.

"Brasil da un ejemplo a la humanidad. No podemos aceptar en este mundo las barreras que se imponen a las personas, cuando no existen barreras para los bienes de capital, los commodities, las maquinarias, los automóviles… El ser humano es la pieza más importante del planeta tierra", declaró Woo al celebrar la sanción de la norma, a la que consideró "una gran victoria".

La nueva ley anticipa una amnistía similar a la decretada en Brasil en 1998, por la que se dio reconocimiento a unos 40.000 extranjeros sin papeles.

Fronteras cerradas

Sin embargo, algunas voces, de los sectores más conservadores de la sociedad brasileña reclamaron a Lula que la ley no está a tono con las tendencias migratorias que siguen otros países.

Según expresaron, la amnistía no ayudará a poner freno a los desplazamientos ilegales ni ayudará a combatir crímenes transfronterizos, como el contrabando o el narcotráfico.

En respuesta, el mandatario brasileño señaló que la "generosidad" con los extranjeros asentados en el país para "construir un futuro", no atenta en absoluto contra el combate a las mafias.

"(La amnistía) no significa que Brasil dejará de ser duro con el narcotráfico o el crimen internacional", recalcó Lula en su discurso.

En tanto, organismos de derechos humanos y asociaciones civiles consultados por BBC Mundo celebraron unánimemente la medida, y destacaron que ésta permitirá defender garantías en materia de empleo y seguridad social.

"En una época en que muchos países cierran las puertas a los extranjeros, Brasil les da la oportunidad de legalizarse", destacó Paulo Illes, director del Centro de Apoyo al Migrante, un servicio pastoral en Sao Paulo que asiste a los recién llegados.

"La comunidad extranjera recibe con beneplácito esta amnistía, que va a humanizar la situación de muchos", señaló por su parte el abogado Grover Calderón, presidente de la Asociación Nacional de Extranjeros e Inmigrantes de Brasil (Aneib).

Derechos plenos

La sancionada ley establece que los inmigrantes ilegales tendrán un plazo de 180 días para presentarse al registro provisorio de residencia, con la sola presentación de su comprobante de entrada a territorio brasileño, una declaración de no tener antecedentes criminales, y el pago de aranceles por unos US$50.

Dos años más tarde, los interesados podrán solicitar la residencia permanente, aunque para conseguirla deberán cumplir condiciones más estrictas: demostrar que tienen empleos lícitos y son capaces de sostener a sus familias, no registrar deudas fiscales ni causas penales y no haber salido del país por más de 90 días durante los dos años de estadía provisoria.

Una vez nacionalizados, los inmigrantes gozarán de los mismos deberes y derechos que la Constitución garantiza para los brasileños nativos, como la libertad de circulación y pleno acceso al trabajo remunerado, educación y salud pública.

No tendrán, en cambio, algunos derechos privativos de los nacidos en el país, como la postulación a cargos electorales.

La ley fue celebrada por el presidente Lula como una norma modelo, por la que el país sudamericano puede postularse como ejemplo ante aquellas naciones industrializadas que ponen trabas cada vez más fuertes a la llegada de extranjeros.

Ya hace unos meses, durante una visita del primer ministro británico Gordon Brown a Brasilia, el mandatario había reclamado que la crisis financiera mundial era hija directa de "hombres blancos y de ojos azules", cuyas consecuencias no debían recaer sobre los pobres y los inmigrantes.

Ahora, Lula anticipó que, en el marco de la cumbre del G8 que tendrá lugar en Italia la próxima semana, les mostrará a los líderes del mundo "cómo trata Brasil a los inmigrantes", y reclamará solidaridad internacional ante los desplazados y refugiados que viven en condiciones precarias.