Conductas delictivas, hoy de moda en Venezuela

Diario de América

Basta con leer la prensa o ver la televisión, para enterarnos de acusaciones que  hacen los jefes del gobierno contra los opositores, y viceversa;  toda esa actuación debe ser analizada para que el lector  tome la vía acertada que le lleve a intuir lo que realmente sucede.   Primeramente, hay que comprender que algunos de los integrantes del gabinete ejecutivo, son  personajes  jóvenes  con  visible y escasa madurez política, condiciones éstas, en algunos agravadas por destellos de ignorancia profunda.

Veamos primeramente un caso que tiene primacía en el acontecer diario, al dueño de un canal de televisión con emblema de la letra “G”, como no se le ha podido demostrar o comprobar hasta ahora ningún delito, se utiliza como medida para continuar desprestigiándole, algo que han denominado “usura genérica”, lo cual consiste en el interés que se tiene por el dinero o el género en el contrato de mutuo o préstamo, lo cual en algunas legislaciones se considera delito cuando existe interés excesivo en algún préstamo acordado, eso en el sector penal, porque en materia civil, constituye un vicio que conduce a la nulidad del acto jurídico señalado como usurario, llevándolo a un reajuste equitativo.  

Eso es lo único que le han podido lanzar a ese empresario;  pero luego, un alto funcionario del Ejecutivo, joven y con demostraciones de escasa experiencia política, lanza por los medios de comunicaciones expresiones contra este personaje, tildándolo de explotador, inmoral, tracalero, mafioso y sinvergüenza, todo lo cual en materia jurídica verdadera, para que produzca efecto, tendrían que ser demostradas a plenitud y no productos de una palabrería desbocada y sin freno;  pues bien, se denomina injuria, toda expresión proferida, o acción ejecutada para deshonra, descrédito o menosprecio hacia otra persona, lo cual abre o permite la posibilidad que el afectado por tales expresiones acuda ante los organismos legales para rechazar los agravios e increpar al autor a que demuestre lo expresado,  en caso de no probarse, ello traería como consecuencias, la indemnización pecuniaria por los daños causados a la persona, ya que el bien jurídico protegido con sanción penal, es algo que muchos no conocen o no tienen,  es algo llamado HONOR.

Otra materia que tratada a diario en todos los sistemas de comunicación y en algunos casos denunciados por voz directa de altos funcionarios, es el llamado delito de corrupción, más que todo referido a la forma de enriquecerse fraudulentamente, bien como funcionario de gobierno o como empresario proveedor de bienes, incluidos los constructores o reparadores de viviendas y edificaciones; todos conforman un círculo que en algunos casos no soportarían una averiguación profunda.

Hay formas para combatir este delito, puede ser la denuncia directa y con pruebas ante las autoridades competentes, llámese Fiscalía o Contraloría de la República, sobre todo esta ultima dependencia, la cual exige a todo funcionario del Estado una Declaración Jurada de Patrimonio al momento de ingresar y egresar de cualquier cargo público;  lógicamente que hay formas para ocultar esos  ingresos ilegales, es la figura llamada testaferro, que  consiste en utilizar a una persona  interpuesta  para realizar un acto o un negocio jurídico como si fuese propio, pero que en  realidad representa a otra persona, oculta y verdaderamente interesada en el asunto; todo se trata de una ficción encaminada a salvar o burlar las dificultades legales que impedirían al verdadero interesado efectuar lícitamente el acto o negocio. 

En Venezuela es ya corriente que se aumenten los costos reales, de donde saldrá el beneficio para el funcionario oculto en la transacción o negocio. 

Actualmente, vemos que hay muchas denuncias públicas de corrupción y hasta se muestran posibles documentos probatorios, lo cual en materia penal constituye la llamada  noticia criminis que permitiría la apertura de la averiguación correspondiente, mas aún si existiera el apoyo del organismo contralor; pero en algunos casos,  hay personajes que ocupan el cargo  solo para cumplir órdenes superiores y se apartan de su verdadera misión, lo cual los llevaría  con su silencio a la complicidad delictiva, pues al no actuar, permite la comisión del delito o desvía la averiguación debida, al no cumplir con lo establecido en el artículo 2 de su Ley Orgánica.  No cito la Ley Anti-Corrupción, porque aunque está vigente, no se aplica; solo  se sabe que no  hay corrupto, sin corruptor.

Otro caso ocurrido hace varios días, es la acusación que públicamente hace un diputado de la AN que lleva por apellido ISEA, contra el Vice-Almirante Huizi Clavier, de quien fui compañero en la Armada y puedo dar fe de su capacidad, honestidad y preparación acorde con los principios que nuestra Constitución señala para los militares en su art. 328, él cumplió con lo establecido en la Ley, pero este gris diputado se atreve a utilizar dizque una grabación para desprestigiarle, sin darse cuenta que como diputado que es, cometió una falta grave cuasi delictual al utilizar una presunta  grabación telefónica y darle publicidad sin estar permisada o permitida por la autoridad judicial; quien comete delito flagrante es el diputado al exponer al desprecio público a una persona que puede darle a él lecciones de decencia, honorabilidad y sentido democrático.  La irracionalidad cometida por Isea, quedará a consideración dei Vicealmirante. 
 
Debo contener en análisis a otros  delitos que son comentario  diario en los órganos de difusión, entre estos uno de carácter muy grave y que amerita más espacio del que hoy dispongo, se trata del delito de Traición a la Patria, el cual puede ser cometido por civiles o militares indistintamente, lo dejaré para una próxima entrega, pero puedo definirlo ahora como “…el realizar actos que comprometan la independencia, la soberanía o integridad nacional”.

Esto comprende tanto al civil, como a un sector muy importante, el militar, pues bastaría leer y analizar los artículos 328, 329  y  333 de nuestra Constitución,  para notar la importancia de esa Institución en el mantenimiento de lo que fuera aprobado el 17 de noviembre de 1999, como Carta Magna de nuestra Venezuela única…!