Colombia: Déficit fiscal, inversión y crecimiento
El Tiempo, Bogotá
Si Uribe sale adelante con su proyecto de reelección, va a tener que enfrentar en agosto del 2010 una situación fiscal que posiblemente será peor que la que heredó en el 2002. Aparte de las implicaciones de justicia poética que tendría ese desenlace, no sería el más conveniente para el país. No hay indicación alguna de que la administración Uribe III sea capaz de concebir una política fiscal que responda adecuadamente a la grave situación fiscal sin cargarles la mano a los pobres y a la clase media (al tiempo que aligera la contribución de los ricos).
El Ministro de Hacienda dice que va a tomar medidas para asegurar la financiación del gasto en seguridad aumentando la base de contribuyentes sujetos al impuesto de patrimonio. Es dudoso que esto lo pase el Congreso antes del referendo y las elecciones. Tampoco se prevé un recorte del gasto corriente. A menos que la restricción del gasto la imponga la escasez de financiación y una pérdida de confianza, probablemente el único gasto que recortarán será el de inversión. Y este es precisamente el que no debería sufrir recortes. En primer lugar, porque la participación de la inversión dentro del total del gasto del Gobierno Central ya es muy baja, inferior al 2 por ciento del PIB (11 por ciento del gasto en funcionamiento y 8,4 por ciento del presupuesto de gastos). Recortar la inversión en infraestructura crítica para el comercio y la producción tiene severas consecuencias sobre el crecimiento. Uno de los grandes errores de los programas de ajuste que se llevaron a cabo en América Latina a finales del siglo XX fue dejar rezagar la inversión para cuadrar los déficits. Pero un gobierno en campaña prefiere lamentablemente sacrificar crecimiento a perder voticos por no atender más familias en acción.
Para sostener tasas de crecimiento de largo plazo adecuadas se requiere que la inversión en infraestructura sea del orden del 4 por ciento del PIB anualmente, y que la inversión en carreteras y transporte sea del orden del 2 por ciento, casi cuatro veces más que la que se proponía hacer el Gobierno antes de recortar el gasto. Como lo mencionó Sebastián Edwards esta semana en el seminario sobre financiación de la infraestructura, una las razones por las cuales Colombia no compite con otros países de la región es por malas carreteras, puertos ineficientes y exceso de trámites (más corrupción).
En estas condiciones, hay que ver cómo puede el sector privado aportar mayores recursos para la construcción de infraestructura crítica, ya que el Gobierno no lo va a hacer. Para lograrlo, fallan variables en varios frentes; en primer lugar, porque ya nos dejó el tren. Venimos de un período de seis años de expansión de la financiación privada para infraestructura, que el Gobierno dejó pasar casi en blanco por ausencia de proyectos. Los mercados se han secado parcialmente y los recursos disponibles internacionalmente son para proyectos de menor riesgo y mayor rendimiento, con mayores aportes de capital propio y menores plazos de financiación.
Parcialmente, esto se podría compensar aumentando la financiación en el mercado nacional e involucrando a los fondos de pensiones en este financiamiento. Pero ahí vuelve a jugar el déficit, porque el Gobierno va a acudir a ese mercado otra vez, aumentando la oferta de TES y la tasa de interés. Por otra parte, hay graves deficiencias en el diseño de proyectos y se carece de instituciones públicas y privadas que muevan capital de riesgo de los fondos de pensiones hacia los proyectos.
También se dice que las empresas colombianas de ingeniería no dan la medida, pero Juan Martín Caicedo sostiene vehementemente que han ejecutado exitosamente proyectos estelares en otros países del continente. Si hacen maravillas por allá y aquí cojean es porque las instituciones andan mal. Con Uribe III nada va a cambiar, porque confunden anunciar con ejecutar y para anunciar solamente necesitan asesores de relaciones públicas.
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