El ‘obstáculo’ de la libertad de expresión

Diario de América

Durante varias décadas, la mayor parte del ingenio que los académicos de corte izquierdista han invertido en los análisis de la Primera Enmienda ha pretendido justificar la limitación de la actividad central para cuya protección se redactó la enmienda – la libertad de expresión política.

Estos análisis no consideran la libertad de expresión como un bien inherente sino simplemente como un bien instrumental, algo justificado en virtud de satisfacer otros fines — algo por tanto que hay que equilibrar con, y sortear para impulsar, otros bienes.

El bien en aras del que Zephyr Teachout regularía la libre expresión es combatir la corrupción, la cual, tal como ella la entiende, abarca la mayor parte de la política contemporánea. Profesora externa de Derecho en la Universidad de Duke, escribiendo en el Cornell Law Review (“El principio anticorrupción”), hace una encendida defensa asombrosamente radical de la emancipación del gobierno de las restricciones impuestas por la Primera Enmienda a sus competencias de regulación del discurso político — el discurso acerca de la conducta y la composición del gobierno. Hasta el momento, la mayor parte de los argumentos en defensa de tal emancipación — en defensa de la ley McCain-Feingold y de las demás medidas que regulan la cantidad, el contenido y el momento de la expresión política — han descansado sobre la presunta necesidad de combatir la corrupción o "la aparición" de la misma, entendida la corrupción como transacciones quid pro quo, favores políticos canjeados por favores financieros. Pero el soborno se ha considerado delito desde hace mucho, y los tribunales son reticentes a permitir la imputación de las constantes transacciones de apoyo mutuo entre políticos y formaciones.

La amplia definición de corrupción que hace Teachout incluye incluso "la actitud impropia" de la ciudadanía así como de los funcionarios "hacia el servicio a la nación”. Ella afirma que los redactores de la Constitución consideraron la limitación de la corrupción como "su principal labor”. Por lo tanto "el principio anticorrupción" debería tener "tanto peso" como la Primera Enmienda, dando al Congreso considerable "espacio" para regular "el proceso" político, que en su mayor parte es expresión verbal. Lo que Teachout llama despreciativamente "la apoteosis de la expresión" y "la sacrosanta idea de 'la libertad de expresión'" es, según ella, "un serio problema" que exige una revisión de "la relación adecuada del discurso con los actores públicos interesados”. Ella aboga, como hacen con frecuencia los partidarios de una Constitución elástica, por "un estándar en evolución", en esta ocasión un estándar acerca de cómo definamos, midamos y condenemos el comportamiento "interesado", alias corrupción. Este estándar podría dar autoridad al Congreso para restringir la libertad de expresión con el fin de combatir: El “acceso desigual” al proceso político; “el despliegue injusto de riqueza”; “influencia indebida” por parte de tal o cual colectivo; discurso que "distorsiona" o carece de "proporcionalidad" o redunda en “voces ahogadas” o una opinión pública "pasiva" o "desanimada" porque provoca "una pérdida de integridad política" o que genere "debilidades morales en los miembros del Congreso”. Tal discurso podría no estar constitucionalmente amparado si "refinamos el significado del privilegio de la expresión política” adecuadamente.

Por tanto, la libertad de expresión política no es un derecho sino un privilegio, algo que concede el gobierno siempre que el gobierno lo considere consistente con lo que Teachout llama el principio anticorrupción "de igual importancia”. Imagine los usos "interesados" que los legisladores titulares de los escaños podrían dar a los términos de los párrafos anteriores como motivos para restringir la libertad de expresión política. La palabra “corrupción” o alguna variante de ella aparece 58 veces en los 85 ensayos que componen los Documentos Federalistas. James Madison no sólo redactó muchos de los documentos sino también esto: "El Congreso no decretará ninguna ley… que limite la libertad de expresión”. Él no vio ningún conflicto entre la proscripción y los esfuerzos por limitar la corrupción. Los demás redactores de la Constitución y él consideraron la corrupción un vicio que exigía de constante vigilancia precisamente por estar inseparablemente unido a una virtud, el considerable espacio de América — espacio protegido constitucionalmente — para el comportamiento interesado, incluyendo el discurso político.

Los Demócratas del Congreso quieren tumbar un pequeño programa de vales públicos que daría alternativa a estudiantes de minorías y en su mayor parte pobres frente a los fracasados centros de enseñanza pública del Distrito de Columbia, y la administración Obama gastó miles de millones de dólares más en evitar una formalización de la quiebra de General Motors. Algunas personas piensan que ambas decisiones representaron análisis desinteresados del interés la nación. Otras piensan que las decisiones representan la obediencia de los Demócratas a los sindicatos de profesores y del sector del automóvil, respectivamente. Si las decisiones fueron tal obediencia, fueron, según los estándares de Teachout, corruptas. Si la corrupción es tan omnipresente como dice el estándar de Teachout (comportamiento “interesado”), entonces las razones para limitar el discurso político también son omnipresentes.

Bajo el gobierno regulador y distribucionista de hoy en día, que está ocupado distribuyendo la riqueza y las oportunidades, la política "parece" con frecuencia "interesada" para muchos. No obstante, no se va a ver embellecida regulando la libertad de expresión. Si Teachout considera tan poco amable la política dictada por el colosal gobierno de hoy, no debería intentar ampliar aún más el gobierno dándole competencias para regular integralmente la libertad de expresión relacionada con el gobierno. En vez de eso, debería unirse al movimiento que pretende contener la incesante regulación y redistribución de los intercambios por parte del gobierno a título de innumerables formaciones — intercambios que crean formaciones cada vez más exigentes. El movimiento se llama conservadurismo.

© 2009, Washington Post Writers Group