Ecuador: El buen ladrón

El Expreso de Guayquil

Durante muchos años se viene discutiendo en nuestro país, al igual que en otras partes del mundo, sobre las distintas alternativas para bajar los niveles de inseguridad y delincuencia, y una de ellas es la de promover reformas legales que establezcan el “endurecimiento de las penas”. Esto es, que a través de modificaciones al Código Penal y otras leyes, se sancione más severamente los actos tipificados como infracciones, ya se trate de delitos o de contravenciones menores.

Muchos son los criterios que se han discutido y se discuten al respecto, tanto desde la óptica de la ciencia penal, cuanto de la psicología jurídica, la sociología, y hasta la propia filosofía, tratando de definir si es que esa mayor severidad frente a los desvíos de conducta logrará o no disminuir la delincuencia, o se acepta el criterio de que los factores o causas para su cometimiento son totalmente ajenos a lo que dispongan las leyes.

Dicho con mayor sencillez: habría que determinar si una persona antes de delinquir piensa o razona en cuál va a ser la sanción que se le impondrá en caso de que lo descubran, lo detengan, lo juzguen… y lo condenen.

La mayor parte de investigadores sobre este tema concluyen en que nadie que, con premeditación o sin ella, comete un delito, se pone previamente a pensar o a investigar cuál es la pena que las leyes establecen para tal inconducta.

No obstante lo dicho, las sociedades modernas van incorporando al catálogo legal de infracciones (delitos y contravenciones), nuevos actos tipificados bajo cualquiera de sus categorías, con diversos niveles de sanción o pena, dependiendo del grado de peligrosidad y de responsabilidad de quien hubiere participado en ellos.

Sin embargo, los ecuatorianos vemos con sorpresa cómo, desde el inicio del actual Gobierno, no solamente es que hay una decisión contraria al endurecimiento de las penas, sino que se demuestra una especial consideración y buen trato hacia determinado tipo de delitos y delincuentes, como se percibe con los pedidos de amnistía para narcotraficantes menores o “mulas” (perdonados por alzamanos gubernamentales en la Asamblea); o con la libertad de guerrilleras detenidas en el campamento de las FARC en el territorio ecuatoriano de Angostura; o con varios casos de funcionarios del régimen implicados en confesas relaciones con organizaciones armadas o de narcotráfico; o, últimamente, con las reformas al Código Penal, que discriminalizan el giro de cheques sin provisión de fondos, y disminuyen el nivel delincuencial de cierto tipo de raterías o hurtos, dando a muchos analistas y gente común la percepción de que “se permite o tolera” el robo cuando el valor de los bienes sustraídos sin violencia no excede de tres salarios mínimos vitales.

En realidad, se debe analizar con mayor profundidad estas reformas, así como aquellas que incluyen los llamados “delitos de odio” en razón del color de la piel, o de la raza, o del sexo, o religión, origen nacional o étnico, orientación o identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad.

Motivaciones que, curiosamente, excluyen una de las más frecuentes manifestaciones de odio, que se repite todos los sábados, que es el odio por razones… políticas.

En todo caso, ojalá recordando en este Jueves Santo los pasajes bíblicos del viacrucis en los que sufrió el Señor, no se pretenda justificar las reformas penales señalando que el gobernante Pilatos podía liberar a uno de los dos principales detenidos, por lo que prefirió soltar a Barrabás, peligroso delincuente, y decir que luego Jesús, a quien se crucificó entre dos ladrones, a pesar de todo, perdonó al que estaba a su derecha, pasando a la historia cristiana como… el buen ladrón.