Cárcel federal a indocumentados reincidentes

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California los enviará a custodia federal; condenas de hasta 20 años

La comandancia de prisiones estatales en California informó que los indocumentados reincidentes que sean encontrados en el estado después de haber sido deportados no volverán a ser encarcelados y serán enviados a custodia federal, donde podrían purgar condenas de hasta 20 años.

El jefe del Departamento de Correcciones de California, Matt Cate, dijo en conferencia que su institución "ya no puede continuar esa práctica" que cuesta unos diez millones de dólares anuales.

La reincidencia de inmigrantes que regresan a territorio estadunidense después de haber sido deportados "es un delito federal, no estatal", dijo el funcionario. Los indocumentados que regresan a California son frecuentemente encarcelados por no cumplir con su libertad condicional, en vez de ser procesados por un delito federal, que es el cruzar la frontera de manera ilegal.

Cate informó que el fin de semana envió un carta a la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, para informarle de la decisión de las autoridades correccionales de California

Hasta ahora el estado retenía hasta por ocho meses a indocumentados que tras cumplir sentencias por delitos en California eran deportados y nuevamente vueltos a encontrar en su territorio.

Al salir de prisión luego de cumplir sentencias, en California los indocumentados entregados a autoridades federales de migración ya no estarán en libertad condicional, según Cate.

El Departamento de Seguridad Interior (HSD) también tiene un acuerdo con autoridades policiales locales, los departamentos metropolitanos de policía y los alguaciles de los condados, para que procesen a indocumentados delincuentes y los tengan bajo custodia.

En 2007 el Departamento de Corrección y Rehabilitación de California (CDCR) mantuvo a unos 12 mil indocumentados bajo el sistema de libertad condicional, de los cuales 1,600 que habían sido deportados regresaron a California.

En el año fiscal de 2008 el CDCR gastó 970 millones de dólares por mantener a indocumentados en prisión, pero sólo recibió 110 millones de dólares del gobierno federal.