Paraguay: Una contribución más para la gobernabilidad democrática
La transición terminará cuando el Paraguay entre en un proceso de gobernabilidad democrática. No basta el cambio de fuerza política en el poder. La alternancia cambia al inquilino del Ejecutivo, pero conserva las mismas dificultades para que el país avance hacia una verdadera República y la vigencia del sistema democrático.
Con la República, funcionaría la independencia de los tres Poderes del Estado, con su recíproca colaboración para que gobierne la ley, y sea igual para todos. De esa forma, no habría ningún privilegio por encima de la Constitución, y el estado de derecho garantizará la igualdad jurídica. En la práctica, llegará a su término el “patrimonialismo”, régimen en el que los gobernantes se apropian del país en beneficio de sus intereses y abusan discrecionalmente de sus facultades.
La democracia, por su parte, es un sistema de gobierno legítimo. El poder representativo deriva de la voluntad popular. Mediante las elecciones, los gobernantes acceden a sus mandatos a través de una legitimidad de origen. Pero, en la actualidad, los sistemas democráticos requieren también una legitimidad de gestión durante el tiempo que dure el ejercicio de sus facultades representativas. Facultades que no deben violar las disposiciones de la Constitución y las leyes, al tiempo que deben traducirse en servicio eficiente para el bienestar general.
En estricto sentido, ni la República ni la democracia lograron su institucionalidad en el país durante estos 20 años. Y esta falta de institucionalidad hizo que los vicios del autoritarismo precedente sobrevivan. No hubo equilibrio de Poderes, menos aún cooperación. Y, por tanto, tuvimos una frágil estabilidad política, contrastada por el confrontacionismo, la corrupción y la impunidad.
Como siguen estas irregularidades, viene el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, para que esa organización colabore con indicaciones destinadas a superar la crisis del Poder Judicial, pero también para conversar con el presidente Lugo y otros principales actores políticos sobre la gobernabilidad democrática. Sus antecedentes ameritan tener en cuenta sus sugerencias. En Chile es considerado como el más capaz articulador político. No solo la Concertación oficialista le debe su permanencia en el poder, sino también la oposición aliancista para que en su país los intereses generales conciten sistemáticos consensos por encima de las diferencias. Es un consumado ingeniero de la política, un estadista inteligente, habiendo sido el ministro que más tiempo duró en el Ejecutivo en la historia de Chile.
Es previsible que abogue por la despolitización de la justicia o por su no subordinación al gobierno de turno. La Corte no puede custodiar neutralmente la Constitución si está sometida al Ejecutivo o a la mayoría parlamentaria. Tampoco puede haber la coordinación necesaria, para las legislaciones que exigen nuestro desarrollo, si la Administración y el Congreso no logran las oportunas coincidencias. Y el desencanto del pueblo de sus gobernantes, por sus políticas erráticas e inutilidad para resolver los problemas económicos, sociales e institucionales, deslegitimará el poder de origen de los representantes.
Y así la estabilidad política estará siempre amenazada, además de no significar un valor para los ciudadanos.
Hace poco estuvo Alfonso Guerra para hablar de los mecanismos políticos aplicados a la gobernabilidad, como el diálogo, la búsqueda de consenso o de una correlación de fuerzas pactada para destrabar obstáculos. Y también vinieron otros dignatarios y respetables referentes políticos para acercarnos ideas y experiencias que contribuyan al funcionamiento eficiente de los órganos del Estado.
No aprendemos a escuchar. Ni aprendemos de nuestros errores. Pero esta actitud de irracionalidad no solo desprestigia a la política. Sobre todo, agrava la pobreza y la exclusión social, además de devaluar la imagen externa del país.
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