La revolución silenciosa de América Latina
El gobierno mexicano está sumergido en una salvaje guerra contra poderosos carteles de narcotraficantes que asesinan a funcionarios públicos al parecer cuando quieren. Las reformas constitucionales del presidente de Bolivia, Evo Morales, amenazan con llevar al país a la guerra civil. El presidente venezolano, Hugo Chávez, persigue a su oposición política, respalda a los rebeldes de las Farc en Colombia y está entrenando una milicia civil supuestamente para defender al país de una inminente invasión estadounidense.
Un informe del Comando de las Fuerzas Conjuntas de Estados Unidos divulgado en enero considera a México como un posible Estado fallido. Los planes de EE.UU. de completar un muro fronterizo y aumentar la cantidad de agentes en la frontera han abierto una brecha entre Washington y Ciudad de México. La relación de EE.UU. con Venezuela es aún peor. En 2004, el gobierno de George W. Bush se negó a seguir vendiendo equipos militares a Venezuela, lo que hizo que el gobierno de Chávez no sólo comprara cazabombarderos, helicópteros y 100.000 rifles de asalto de Rusia, sino que también invitara a la armada rusa para hacer ejercicios navales conjuntos.
No es un misterio por qué muchos piensan que América Latina se dirige al caos. Existe, por supuesto, un grupo de países en problemas que incluye a Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador y Nicaragua, cuyos gobiernos son hostiles a EE.UU. y actúan de forma arbitraria contra sus propios ciudadanos. Lo que sucede en estos países no es, sin embargo, un alejamiento de un glorioso pasado caracterizado por el estado de derecho, la prosperidad económica y la protección de la propiedad privada. Al contrario, es la continuación de una larga historia de gestión deficiente, recubierta de una delgada capa de retórica antiimperialista.
La mayor parte de Latinoamérica está, no obstante, atravesando un período de transformación política y económica sin precedentes. En Chile, Brasil, Perú, Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Panamá, República Dominicana y el propio México (que definitivamente no es un Estado fallido) ha habido un silencioso pero sustancial movimiento hacia la creación de sociedades caracterizadas por un aumento de las oportunidades económicas, la movilidad social y la democracia política. Estos países han emprendido una serie de reformas económicas y políticas que los convierten en lugares muy diferentes a lo que eran hace dos décadas.
Las manifestaciones más obvias de este cambio son las sólidas políticas macroeconómicas que han mantenido la inflación bajo control, abierto mercados y estimulado la inversión. Estas políticas a menudo se apoyan en cambios en instituciones mucho más arraigadas, como las leyes electorales que contribuyen al surgimiento de gobiernos con agendas centristas o enmiendas constitucionales que mantienen independientes a los bancos centrales.
Chile quizás sea el mejor ejemplo de un país que ha atravesado profundos cambios, y su éxito ha servido de modelo para el resto de la región. Comenzando en los años 70, una serie de reformas reestructuró las reglas de juego económicas. Pero estas políticas son el resultado de normas en el Congreso que incentivan a los legisladores a convergir en presupuestos equilibrados y de reglas electorales que favorecen a los dos partidos principales (uno de centro-derecha y otro de centro-izquierda). Esto minimiza la probabilidad de un retorno a las políticas económicas populistas.
Otras reformas institucionales cambiaron la naturaleza de la regulación y la aplicabilidad de los derechos de propiedad. El Producto Interno Bruto per cápita se ha duplicado en los últimos 18 años, la mayor expansión sostenida en la historia del país. La pobreza ha caído de forma pronunciada. Jóvenes chilenos de familias humildes están yendo a la universidad y comprando viviendas. De hecho, Chile tiene una tasa de propietarios de vivienda de aproximadamente 70%, casi igual a la de EE.UU.
México ofrece un ejemplo parecido. De 1929 a 2000, un solo partido, el Partido Revolucionario Institucional, monopolizó el poder político. Después de décadas de corrupción, mala gestión económica y medidas arbitrarias contra los derechos de propiedad de los ciudadanos, el PRI finalmente fue destronado en 2000, cuando los votantes eligieron a Vicente Fox, del centroderechista Partido Acción Nacional. Los electores volvieron a respaldar a un candidato del PAN, Felipe Calderón, en 2006. Desde 2000, los gobiernos del PAN han promulgado reformas que han realzado el estado de derecho y fomentado la competencia en los servicios financieros. El resultado ha sido que los estándares de vida, medidos por las tasas de mortalidad infantil, la expectativa de vida y los años de educación, han mejorado en México en la última década.
Chile y México no son casos aislados. Los recientes gobiernos de Brasil han puesto fin a la larga historia de hiperinflación, bancos privatizados ineficientes y bancos estatales corruptos, y han creado un sistema de asistencia social basado en la premisa de que las familias pueden obtener ayuda pública si mantienen a sus hijos en el colegio. En Perú, los últimos gobiernos no sólo han puesto en marcha sólidas políticas económicas y fiscales, sino que también han tomado en serio los consejos de economistas orientados a las reformas como Hernando de Soto, otorgando títulos de propiedad a cerca de 1,2 millones de familias pobres entre 1988 y 1995. El país ha crecido a una tasa anual mayor al 6% durante la última década.
El ruido distrae
Debido a su naturaleza silenciosa, los cambios que están ocurriendo en la mayor parte de la región tienden a perderse en medio del estruendo creado por líderes grandilocuentes como Morales y Chávez, y en menor medida por Cristina Fernández de Kirchner, de Argentina; Rafael Correa, de Ecuador; y Daniel Ortega, de Nicaragua. La historia de estos cinco países en el siglo XX estuvo caracterizada por el derroche fiscal y la expropiación.
Es fácil entender el ascenso de Chávez al poder. Su régimen está basado en un simple principio: dirigir los ingresos petroleros hacia la creación de empleos públicos, el subsidio de alimentos y otras políticas que benefician a los pobres, quienes, a su vez, le proporcionan apoyo electoral.
Todos los países de la región ahora están siendo golpeados por la caída de los precios de los commodities y la contracción del crédito. Los modernizadores económicos e institucionales tienen fundamentos económicos sólidos y apoyo político popular. Eso no los hará inmunes a los llamados de algunos sectores de volver al populismo, usualmente con retórica antiimperialista y políticas exteriores antiestadounidenses. Si sucede esto, EE.UU. tendrá dificultades en contener el narcotráfico y combatir el terrorismo. Estos modernizadores económicos e institucionales son nuestros socios naturales. Washington tiene que ofrecerles más que muros fronterizos y perogrulladas sobre el libre comercio. Probablemente necesitarán asistencia técnica y financiera, y es del interés estadounidense y de su seguridad nacional que la reciban.
Los países que han elegido líderes que piensan que la grandilocuencia es un sustituto de los derechos de propiedad van a descubrir que están contra la pared. El mejor ejemplo, Chávez, se encontrará, de hecho, en el rincón más estrecho. Ha generado una serie de expectativas entre los pobres de Venezuela que ya era difícil de satisfacer cuando el precio del petróleo estaba por las nubes. Ahora que el precio ha colapsado, la diferencia entre lo que esperan sus electores y lo que Chávez puede darles se amplía cada semana.
Si la historia de los regímenes populistas anteriores sirve de guía, el final será predecible. A medida que su base de respaldo se erosiona, Chávez se verá forzado a aumentar la represión, pero eso requiere la absoluta lealtad de las Fuerzas Armadas, algo que no tiene. La situación de Chávez, al igual que los futuros políticos de otros populistas, se están volviendo mucho menos trascendentes para el resto de América Latina y para EE.UU.
Stephen Haber es un académico de la Institución Hoover y un profesor de ciencias políticas de la Universidad de Stanford.
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