México, ¿estado fallido?

Infolatam

México D.F., - Las noticias de México son alarmantes. Desde hace muchos meses, casi dos años, están todos los días en la prensa los asesinatos –miles de asesinatos—de la “guerra contra el narcotráfico”. Analistas, académicos buscan explicaciones para la ola de violencia sin precedentes que está asolando al país. Figuras de peso en el gobierno estadounidense –en la DEA, en el Congreso, en el Pentágono—han manifestado insistentemente, y cada vez con mayor alarma, su preocupación por la estabilidad y hasta la supervivencia del Estado mexicano: se habla ya de México como Estado fallido, al borde del colapso, tan peligroso para la seguridad estadounidense como Pakistán.

Las noticias son alarmantes, sin duda, y la violencia es absolutamente real. Las explicaciones son más o menos convincentes. Pero hay un problema: las cifras no cuadran. Las estadísticas más elementales, las que reúne el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuentan una historia muy diferente; según la información que se publica año con año, el número de homicidios ha disminuido en México, sostenida y sistemáticamente, en los últimos veinte años: en el año 1990 se registraron 14,520, en el 2000 fueron 10,788, y en el 2007, el último que se tiene completo, 8,868. Es decir que, lejos de estar ante una oleada de violencia creciente, el país estaría viviendo un periodo de relativa tranquilidad, con una tendencia inversa a la que suponen muchos analistas o la que da a entender la prensa. ¿Qué significa eso?

La tasa es muy baja, extrañamente baja: apenas de 9 homicidios por cada cien mil habitantes; muy lejos de los 30, 40 y 50 por cada cien mil que se han registrado en los peores momentos de la historia reciente en Brasil o Colombia. Y desde luego no dice que el país viva una crisis masiva de seguridad. Es posible sospechar, acaso es lo primero en que se piensa, que las cifras estén arregladas. No obstante, para llegar a números verdaderamente alarmantes, habría que suponer que se ha alterado u omitido más de la mitad de los registros, durante años, y eso no parece ya tan razonable.

Es posible –de hecho, es indispensable—buscar otra explicación. Y no parece descaminada la idea de que haya habido en los años recientes un cambio no tanto en la cantidad de muertos, como en los métodos; es decir: habría que fijarse no en el volumen, sino en las pautas. En algunos de los homicidios de los últimos tiempos se manifiesta una crueldad inédita: cuerpos mutilados, degollados, masacres de familias enteras, grupos de diez y hasta veinte cadáveres, hay también asesinatos de policías, incluso de mandos policiacos y militares, con lujo de violencia. Todo eso es nuevo. Y es, precisamente, por muy obvias razones, lo que llega a la prensa: es una violencia que busca la publicidad, que quiere producir el clima de miedo que existe hoy. Es un tipo de violencia que habría que explicar, en su método y en sus propósitos; pero no es, ni con mucho, el grueso de la violencia criminal: esos homicidios espectaculares son acaso un centenar al año. El resto, hasta llegar a los cinco mil que la Procuraduría General de la República atribuye al crimen organizado, sigue otro patrón; según lo que puede conjeturarse, a partir de la información de prensa, es una violencia básicamente urbana, de ciudades de más de un millón de habitantes, en barrios periféricos, entre jóvenes de menos de veinte o veinticinco años. Y puede suponerse que, en buena medida, es competencia entre bandas locales por el control de la venta de droga al menudeo.

El verdadero problema aparece cuando se trata de contrastar esas conjeturas con la información: no la hay. No hay información pública, completa, confiable, con criterios claros para identificar los homicidios atribuibles a la delincuencia organizada, no hay series históricas de estadísticas ni siquiera de los últimos diez o veinte años, ni análisis sociodemográficos, no hay cartografías delictivas. Apenas los datos agregados del INEGI. Ningún funcionario se ha preocupado por ordenar y publicar la información, ningún diputado la ha exigido: es un índice mucho más dramático de la fragilidad del Estado mexicano.