EE.UU. podría asumir participaciones en las automotrices como parte de un rescate
WASHINGTON—El Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca se acercaban ayer a un acuerdo sobre un plan de rescate para las tres mayores automotrices del país. La medida le daría al gobierno estadounidense una participación en la alicaída industria y un rol estelar en su reestructuración.
Bajo los términos del proyecto de ley, el cual al cierre de esta edición todavía estaba sujeto a modificaciones, el gobierno recibiría garantías de acciones en las compañías equivalentes a por lo menos 20% del total de préstamos que les otorgue. Las automotrices tendrían que aceptar la imposición de límites en la remuneración de sus ejecutivos y pagos de dividendos similares a los adoptados en el paquete de rescate de US$700.000 millones para la industria financiera.
En el caso de que el Congreso y la Casa Blanca alcancen un acuerdo, ésta pasaría a ser la última industria en someterse a la estricta supervisión del gobierno a cambio de un paquete de rescate. El sector atravesaría por una reestructuración similar a la de una bancarrota, pero con menos penurias y bajo la supervisión del gobierno en lugar de un juez.
El programa sería supervisado por una persona nombrada por el presidente George W. Bush, el cual ya se ha ganado el apodo de "zar automovilístico" entre asesores parlamentarios y legisladores. La persona actuaría como una especie de fideicomisario con autoridad para reunir a trabajadores, gerencia, acreedores y proveedores de autopartes para negociar un plan de reorganización. El "zar" también tendría la facultad de revisar cualquier transacción o contrato que involucre a las automotrices que reciban ayuda y que esté valorado en más de US$25.000 millones.
Congresistas del Partido Demócrata y asesores del gobierno de Bush debatían hasta avanzadas horas de anoche los últimos detalles del acuerdo, el cual la Casa Blanca preferiría que incluyera condiciones más estrictas.
General Motors Corp., Ford Motor Co. y Chrysler LLC han solicitado un total de US$34.000 millones para capear la recesión económica y el agudo declive en las ventas de vehículos. GM y Chrysler informaron que necesitan una inyección de efectivo antes de finales de diciembre para evitar el cierre de sus operaciones.
La Casa Blanca ha estado presionando por un paquete de concesiones, pero recibió fríamente las últimas propuestas de los demócratas. Fuentes de la Casa Blanca sugirieron que el paquete no es lo suficientemente riguroso y que abriría la puerta para que otras empresas que se encuentren en aprietos financieros soliciten financiación de largo plazo.
La última versión del proyecto de ley otorgaría a las empresas miles de millones de dólares en financiación de corto plazo. Se espera que los préstamos puente asciendan a los US$15.000 millones, lo suficiente para asegurar la viabilidad de las automotrices hasta marzo del próximo año.
Cualquier acuerdo tendría que ser ratificado por el Congreso, donde la oposición al plan de rescate sigue siendo intensa, especialmente entre los republicanos del Senado, los cuales tienen herramientas para bloquear la medida.
Los demócratas esperan que el Congreso se pronuncie esta semana, probablemente empezando por el Senado. "El Congreso está intentando salvar a Detroit", dijo el líder de la bancada demócrata del Senado Harry Reid. "Si los senadores están dispuestos a trabajar en equipo… estamos en condiciones de aprobar la ley".
GM, encabezada por Richard Wagoner, divulgó un comunicado de prensa en el que resaltó "la acción extraordinaria" que tanto las automotrices como el Congreso estarían realizando. "Como parte de nuestro plan, vamos a respetar las condiciones propuestas en el proyecto de ley y continuaremos nuestra reestructuración con la máxima urgencia". La empresa, asimismo, exhortó a los legisladores a que aprueben la iniciativa.
El plan del Congreso parece brindar a las automotrices los beneficios de acogerse a la bancarrota para reestructurar pasivos, pero sin tener que hacerlo. La financiación que obtendrían las compañías, sin embargo, sólo duraría unos cuantos meses. "Creo que el Congreso busca un punto intermedio", dijo Evan Flaschen, abogado de bancarrota de la firma Bracewell & Giuliani LLP. "Cabe preguntarse si habrá una segunda parte con más dinero".
Al igual que en una bancarrota, el proyecto de ley trata de establecer un proceso en el cual las automotrices puedan negociar con los acreedores. Las empresas podrían modificar sus contratos con los tenedores de bonos y los sindicatos. Las automotrices han señalado que acogerse a la bancarrota para reestructurar pasivos podría desembocar en su liquidación ya que las personas no comprarían los autos de una empresa en bancarrota.
Los préstamos de corto plazo serían financiados por un programa de US$25.000 millones diseñado para ayudar a las automotrices a fabricar autos que consuman menos combustible.
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