Un freno al estatismo

Por George Will
Diario de América

El día de las elecciones, los habitantes de Arizona pueden dar un buen ejemplo a la nación. Pueden introducir en vigor una iniciativa legislativa que podría dar forma al debate sanitario que detendrá o acelerará la caída en el estatismo de la nación. La Propuesta 101, “Ley de Libertad de Elección en la Sanidad,” introduciría la siguiente formulación en la Constitución de Arizona:

“Dado que todo el mundo debe tener el derecho a tomar sus decisiones en materia de su salud, no se promulgará ninguna ley que restrinja la libertad del individuo en la elección entre sistemas de sanidad privada o planes privados de cualquier tipo. Ninguna ley interferirá en el derecho del individuo o la entidad a pagar directamente por servicios médicos legales, y ninguna ley podrá imponer una multa o penalización de cualquier tipo a elegir tener o rechazar cobertura sanitaria o por la participación en cualquier plan o sistema de sanidad particular.”

¿Qué defienden aquellas personas que se oponen a la Propuesta 101? Algunos apoyan la legislación presentada por el líder Demócrata en la Cámara de Representantes del estado. Establecería un severo sistema de pago por los servicios desde un fondo único, proscribiendo la cobertura sanitaria privada en el estado y exigiendo que casi todo el mundo que no esté asegurado a través de Medicare lo esté a través de un programa estatal de salud. Bajo ese programa, una comisión estatal estipularía los servicios y las medicaciones, y hasta podría decidir qué hospitales podrían contar según con qué tecnologías.

Una propuesta de ley parecida llegaba a la mesa del gobernador de California Arnold Schwarzenegger, que la vetaba en parte por carecer de mecanismo de financiación. Tal legislación pretende esencialmente copiar el sistema de Canadá, bajo el cual, hablando en general, los servicios hospitalarios y médicos esencialmente necesarios se facilitan solamente a través del sistema de sanidad público.

Los detractores de la Propuesta 101 están en contra de lo que garantizaría, incluyendo el derecho de los particulares a pagar directamente por los servicios médicos prestados sin precisar el permiso de un tercero. La Propuesta 101 independizaría a los proveedores de servicios de la obligación de cobrar las tarifas fijadas por el estado o bien no cobrar nada.

La Propuesta 101 evitaría los mandatos a individuos y empresas del tipo impuesto en Massachusetts. Es decir, evitaría los sistemas en los que hay que pagar de todas formas, bajo los cuales los empresarios tienen que pagar el seguro sanitario de sus empleados o bien destinar dinero a una reserva estatal que financia la protección médica por ellos.

En nombre del control de precios, pero prestando servicio en realidad al semi-capitalismo entre compinches ególatras, algunos detractores de la Propuesta 101 quieren restringir el acceso a los servicios alternativos. Estos detractores incluyen algunos burócratas del gobierno que dirigen el sistema Medicaid de Arizona, y algunos hospitales, aseguradoras asentadas y colectivos médicos que entienden que es más fácil presionar al gobierno para obtener contratos que persuadir a los individuos de contratar tal o cual producto.

La Propuesta 101 protegería a los habitantes de Arizona no solamente frente a la suspensión de sus libertades por parte del gobierno de su estado, sino también quizá frente a acciones comparables por parte del gobierno federal. Clint Bolick, director del Centro de Litigios Constitucionales del Instituto Goldwater, sostiene que si Washington promulgara un sistema nacional de salud de regulaciones prescriptivas, la Propuesta 101 provocaría un enfrentamiento constitucional sin paralelo “entre la soberanía estatal y el gobierno nacional.”

En 1997, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decía: “La Constitución establece un sistema de ‘soberanía paritaria’… Es un rasgo esencial de la soberanía conservada por los estados que siguen siendo independientes y autónomos dentro de su esfera adecuada de autoridad.” Por tanto, afirma Bolick, cualquier plan nacional de salud sería vulnerable al cuestionamiento constitucional porque impondría acciones inadmisibles promulgadas por funcionarios estatales. Además, dice Bolick: “Es un principio insoslayable del derecho constitucional que la Constitución federal establece el sustrato de la protección de las libertades individuales; las constituciones de cada estado pueden proporcionar protecciones adicionales.”

Ahora bien, la formulación de la Propuesta 101 deja abundante espacio al litigio acerca de lo que constituiría una suspensión intolerable del derecho de un individuo a “tomar decisiones” en materia de sanidad. Aun así, si los habitantes de Arizona dan su aprobación a la Propuesta 101, los residentes de los demás estados tendrán una plantilla para resistirse a la próxima embestida del progresismo contemporáneo de cara a su objetivo invariable: la ampliación del control sobre nuestras vidas del gobierno.

La premisa de la Propuesta 101 es: “El mercado es el mejor mecanismo inventado nunca para la distribución eficaz de recursos de cara a maximizar la producción” y “existe una conexión entre la libertad del mercado y la libertad más en general.” Eso le dijo al New York Times en agosto Barack Obama quien, sin ser riguroso en eso de la consistencia, decía en 2003, “casualmente me cuento entre los partidarios de un plan de sanidad universal a través de un fondo común.” Como dijo el predecesor en el escaño que ocupa en el Senado Obama – Everett Dirksen: “Vivo según mis principios, pero uno de mis principios es la flexibilidad.”

© 2008, The Washington Post Writers Group