Argentina: Una reforma al Central, en medio de la movida con los bonistas

Por Alcadio Oña
Clarín

Los gastos del Ministerio de Planificación son como un blanco móvil: arrancan con un número, cambian en el camino y terminan con otro muy diferente. Eso sí, la regla permanente es que al final significan muchísima más plata que al comienzo.

Este año, la partida para Julio De Vido había sido fijada por ley en 23.236 millones de pesos. Por el decreto de necesidad y urgencia de la Presidenta, tendrá unos 11.000 millones adicionales: en total, arriba de 33.000 millones, 42% más que la pauta original. Así, hay quienes calculan que en los últimos tres años Planificación gastó $ 27.000 millones extra, alrededor de 8.600 millones de dólares.

Pero tanto o más significativo que el modo arbitrario como se usan los fondos públicos, es el par de medidas que aparecen, semiocultas, en el proyecto de Presupuesto 2009 y en el decretazo de los 36.000 millones de pesos: tocan nuevamente la Carta Orgánica del Banco Central. Y lo son porque aparecen en medio de la movida con los bonistas y amparan, a la vez, la intención de terminar con otro default pendiente: el que existe con los países del Club de París.

Según el proyecto de ley presupuestaria que ya está en el Congreso, el Gobierno podrá utilizar recursos del BCRA –reservas, al fin– para destinarlos “al pago de obligaciones en moneda extranjera”, sin que aparezca allí precisión alguna sobre las operaciones alcanzadas. Al presente, esa posibilidad está restringida al “pago de obligaciones con organismos multilaterales de crédito”; para el caso, el Fondo Monetario, el Banco Mundial u otra institución de ese tipo.

Se presume que la nueva atribución fue puesta para legalizar la operación con el Club de París, a través de un instrumento más sólido que el endeble decreto presidencial de semanas atrás: justamente, porque el Club de París no puede ser considerado un organismo multilateral. Pero dada su amplitud y vaguedad, la facultad podría aplicarse a cualquier otra obligación “en moneda extranjera”. Si no median precisiones oficiales, las que sean y, llegado el punto, también la deuda con los bonistas que no entraron al canje.

Visto el anuncio presidencial de ayer, en el sentido de que se analizan propuestas para regularizar la situación con los bonistas, queda flotando una de las orientaciones probables de esa reforma a la Carta Orgánica del Central. La declaración de Cristina Kirchner es el reconocimiento oficial de una deuda hasta ahora considerada “ilegítima”; si se prefiere, el primero de una dimensión semejante.

La Presidenta evaluó “más que interesante” la propuesta que acercaron tres bancos internacionales. Y más aún: dijo que si el Gobierno la acepta será remitida al Congreso, lo cual significa corregir al menos en parte la ley que bloquea la reapertura del canje. Nadie afirma cosas así si no tiene avanzada la decisión de llegar pronto a un arreglo.

Está por verse, de todos modos, si tanta disposición satisface a los acreedores y alcanza para calmar el ímpetu pleitista de algunos. O si el zarandeo permanente de las normas del Banco Central no les sirve para seguir alegando que el BCRA y el Estado argentino son lo mismo e insistir con el embargo de las reservas ante el tribunal de Nueva York.

En el DNU de los 36.000 millones hay otra reforma a la Carta Orgánica que también vale con el Club de París. Por un artículo de ese decreto, se barrió, en los hechos, con una limitación que le impedía al BCRA prestarle al Gobierno la plata que precisa para saldar esa deuda. Y en ese sentido, posibilita que los bonos que el Tesoro Nacional le de al Central en contrapartida tengan una tasa de interés menor a la de mercado; esto es, una bastante más baja de la que debería reconocerle bajo el rigor de la actual crisis financiera internacional.

Con la ley presupuestaria y el DNU se pretende, también, darles un paraguas a los funcionarios que temían avanzar en decisiones y quedar entrampados en juicios. Sencillamente, porque el decreto de Cristina Kirchner para el pago al Club de París no los contenía; al revés, los dejaba expuestos a cualquier demanda.

El aumento sistemático de los gastos autorizados al Ministerio de Planificación revela la inutilidad de los presupuestos que, de año en año, hace el Gobierno y vota el Congreso. Y la manifiesta voluntad de pago oficial expresa lo que la Presidenta dice: mejorar las relaciones con el mundo, poco menos que rotas hace siete años. Una cosa, la otra, las estadísticas del INDEC, lo que se dice y hace son, a la vez, parte del modo de gestión a menudo inextricable del kirchnerismo.

El primer anuncio fue que al Club de París se le iba a pagar todo y por decreto: ahora se busca santificarlo por ley, pero resulta que el todo no es el todo. De “ilegítima” y rechazada, la deuda con los denostados bonistas salta, repentinamente, a legítima y pasa a ocupar un lugar clave entre las prioridades oficiales; se presenta al arreglo como una propuesta de otros, como si el Gobierno no fuese arte ni parte, ni el Estado quien al fin pagará. Si hasta parece que el supuesto paraguas a prueba de la crisis financiera del Primer Mundo ya no es tal.

Pasa, simplemente, que el país está necesitado de aire y crédito internacionales. ¿Será el INDEC la próxima movida, y sólo porque la reclaman de afuera? ¿Menos por lo que acá se dice de las estadísticas y más por la quita que representan para los bonos indexados y la imagen exterior?

Si uno se deja llevar por el discurso oficial, el INDEC y el índice de inflación están bien así como están. Pero hasta hace muy poco, el mismísimo jefe de Gabinete desmentía el pago al Club de París y un eventual arreglo con los bonistas. Parecido a lo que suele aconsejar Néstor Kirchner: “No miren lo que digo, sino lo que hago”. Y se supone que su palabra cuenta mucho en lo que ahora se hace.