Colombia: Separar la política de las mafias

Por Rafael Pardo Rueda
El Tiempo, Bogotá

El país debe preocuparse por lo que está ocurriendo. Es mucho más que una pelea entre poderes públicos, es mucho más que una defensa ante la violación del debido proceso, es mucho más que una salida de tono. Hay en realidad una acción sistemática y deliberada por desestabilizar. Hay una campaña para quitarles piso a las instituciones judiciales, rodeada de una descalificación premeditada contra los voceros de la oposición.

Ataca el Presidente a los actuales voceros del liberalismo y gobiernos liberales con el solo propósito de convertir en político un escándalo judicial que lo envuelve cada vez más.

Atacar al presidente Gaviria por la decisión de la Constituyente del 91 de eliminar la extradición, en contravía del empeño del propio gobierno de la época por mantenerla, es amañado y falso. Si se quiere examinar la responsabilidad de los líderes políticos de ese entones en la eliminación de la extradición, hagámoslo con los datos completos: quién estuvo a favor y quién en contra.
Atacar al gobierno de Gaviria en relación con la persecución y desmantelamiento del cartel de Medellín y sobre los llamados ‘Pepes’ son otra cortina de humo. Los hechos han sido investigados y aclarados. Como Ministro de Defensa que dirigió las operaciones que permitieron la baja de Pablo Escobar y el desmonte de su tenebrosa organización, respondo y he respondido siempre.

Sé muy bien quiénes ayudaron y quiénes no en el propósito de derrotar este grupo terrorista, y he respondido en todas las instancias sobre la conducta de las instituciones a mi cargo en estas operaciones. No puede ser ahora que el fin de Escobar y su tenebrosa organización terrorista, realizada con las autoridades y el pleno apoyo de la sociedad, sea ahora motivo de descalificación infundada por parte del presidente Uribe.

Quiere el Gobierno acallar a los voceros del Partido Liberal reviviendo, en el caso del senador Cristo, procesos judiciales de hace quince años en los que no se encontró responsabilidad alguna.

Uno de los voceros de la Casa de Nariño dijo que los fallos judiciales se respetan pero que “una cosa es la decisión judicial y otra lo que pasó”. Eso, en pocas palabras, es desconocer los fallos judiciales. No es más que la utilización de medios y de cargos oficiales para desprestigiar a un ciudadano por encima de decisiones judiciales. Lo dicho por un ciudadano de a pie es una opinión sin trascendencia. Dicho por la Casa de Nariño es un atentado en contra del Estado de Derecho y no es la primera vez que ocurre.

¿Para qué deslegitimar las instituciones judiciales?, ¿para que enlodar a la oposición?, son las preguntas. Para quitarles base jurídica a las investigaciones de ‘parapolítica’, para defender las mayorías políticas del Gobierno, severamente afectadas por vínculos con grupos ilegales. El Gobierno descalifica a la Corte para mantener unas mayorías.

No nos sorprendamos si se inicia, ya se insinúa, una extensión de esta campaña para deslegitimar a la Fiscalía. No me han gustado muchas actuaciones de la Fiscalía y del Fiscal, ni todo lo que hace la Corte, pero no se justifica por ello que se utilice el poder político para quitarles legitimidad.

La solución no puede ser pedir bajar los ánimos. El problema no es de tono. Hay una necesidad de respeto por el Estado de derecho y esto implica separar lo legal de lo ilegal. Separar la política de las mafias.

De esta crisis no saldremos sino dentro del Estado de Derecho; respetando la Constitución, la ley, las Cortes, la Fiscalía, los fallos judiciales y a la oposición. Asuntos que el presidente Uribe, como símbolo de la unidad nacional, debería ser el primero en respetar.