Ecuador: El Estado será el rector de “derechos”

Con la nueva Constitución, el Estado pasará de regulador a rector de muchos de los derechos que se consagrarán en el texto redactado por la Asamblea Constituyente.

La Carta Magna que deberá ser aprobada en referéndum establece la creación de sistemas para asegurar el ejercicio de derechos. Y será precisamente el Estado el que ejerza rectoría sobre estos sistemas, como educación, salud y comunicación.

“Se establecen facultades para regir la vida de determinadas instituciones. En educación, el Estado regulará las actividades relacionadas y el funcionamiento de entidades del sistema, y entre estas están lógicamente las instituciones de educación privada”, señaló Vladimiro Álvarez, ex ministro de Educación.

En efecto, este sistema está integrado por todas las instituciones del sector. Y el Estado ejercerá la rectoría a través de la autoridad educativa nacional que formulará la política de educación. Es decir, explica Álvarez, las instituciones particulares estarán bajo la rectoría del Estado.

El sistema de educación tiene como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.

Se establece también que la educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares.

Así como el de educación, el sistema de salud agrupará a todas las instituciones del sector. El sistema, cuya rectoría será ejercida por el Estado, tiene por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral.

Para Alfredo Ruiz, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, se está recuperando el papel rector que debe tener el Estado. “Se está pasando de un modelo neoliberal a un modelo solidario. Antes, el papel no jugaba un papel rector, sino de ver y dejar pasar”, señaló. En consecuencia, considera conveniente que el Estado asuma el rol de rector.

Las cifras de la encuesta de Condiciones de Vida del 2006 demuestran que aún falta por cumplir con los derechos fundamentales de los ecuatorianos.

Según la Encuesta, la población analfabeta a ese año era de 9,1% la nacional; 4,9% la urbana y 17,1% la rural. En salud, el 14,2 por ciento de los hogares a nivel nacional tiene alto riesgo de contraer enfermedades infecciosas; a nivel urbano, el 2,6%; y a nivel rural, el 36,6%.

La nueva Constitución también establece sistemas para la seguridad social, vivienda, cultura, ciencia y tecnología y hasta para la comunicación. Esta última se conformará por los actores públicos y privados (para estos últimos la integración es voluntaria).

Álvarez no está en desacuerdo con los sistemas, pero advierte que el Estado no tiene que regular a instituciones particulares. (VHC)

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Ciudadanía desconoce los nuevos derechos

Ni los derechos de la Constitución actual ni los que consagrará la nueva son conocidos por la ciudadanía. Peor aún la diferencia en que el Estado pase de regulador a rector de los mismos.

Si bien exige mejoras, no les es fácil comprender la conveniencia o no de que el Estado ejerza la rectoría de sistemas como educación y salud para el cumplimiento de los correspondientes derechos.

“La Constitución está aprobada y no sé a dónde mismo vamos. No estamos al tanto”, señaló Washington Chiliguano, auxiliar de enfermería de 52 años de edad.

Pero al ser explicado de la creación de los sistemas cuyas rectorías serán ejercidas por el Estado y que este podrá regular y controlar a todas las instituciones que los conformen, indicó que prefiere que escuelas y colegios particulares, en el caso de la educación, “estén muy aparte”.

A Pilar Osorio se le dificultó entender el nuevo papel que tendrá el Estado. Una vez comprendido, señaló que la propuesta “va en contra de lo normal y conveniente para el ciudadano”.

Tampoco está de acuerdo en que la seguridad social se agrupe en un sistema que no pueda privatizarse. “Todos sabemos que el Seguro Social no cumple con lo que debe hacer. En mi caso, no lo utilizo porque es perder tiempo”, dijo Osorio, psicóloga industrial de 23 años de edad.

Hugo Loor y Miguel Icaza solo responden vagamente, pero dejando en claro sus aspiraciones de que debe haber una mejora para el acceso a los derechos de educación y salud.

“Ayudaría bastante (un sistema)”, dijo Loor, chofer de 31 años de edad, sin dar más precisiones.

Lo que sí dejó en claro es que “sea a favor de la ciudadanía”, como en el caso de la seguridad social. Señaló que debe haber un “cambio total” para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”.

Icaza, conserje de 50 años de edad, lo que solicita es que haya una “mejora para los pobres”. Manifestó que es “ventajoso” y favorable” que el Estado asuma un papel rector.

“¿Entiende como papel rector que el Estado tendrá más injerencia en sectores como educación y salud?”. “Claro”, respondió. “¿Está de acuerdo?”. “Eso es ventajoso. Es favorable”, añadió, sin tampoco dar más detalles para sustentar su posición.

Lo que sí solicita es que en educación y salud exista un mayor acceso para la ciudadanía, especialmente “para los más pobres como nosotros”, expresó. (VHC)